La Consejería andaluza tilda de “falta de respeto” el tercer recurso al TC del Gobierno central por la subasta de fármacos
Sevilla (26/02/2013) - Redacción
"El Gobierno central se posiciona claramente en contra de que existe una forma distinta de hacer las cosas y que demuestra que el único camino posible no es ni la privatización, ni el cierre de centros, ni el despido de trabajadores", destaca en un comunicado
"Esta decisión es una falta de respeto a las instituciones, a la Junta de Andalucía y al Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado sobre los dos recursos anteriores a favor de levantar las medidas cautelares sobre esta iniciativa de la Junta de Andalucía", ha destacado la Consejería de Salud y Bienestar Social de la comunidad ante el anuncio del Gobierno central de recurrir nuevamente ante el Tribunal Constitucional la selección de medicamentos de Andalucía.
La Consejería ha incidido en que "Andalucía es la expresión de una forma distinta de salir de la crisis y de hacer los ajustes en el gasto público. De hecho, la Consejería de Salud y Bienestar Social ha optado por hacer los ajustes bajando las cuentas de resultado de la industria farmacéutica y no repercutir ni en los ciudadanos, ni en la oferta de servicios, ni en la calidad del trabajo que se viene realizando en el sistema sanitario público andaluz. Por ello se optó por un sistema innovador y creativo basado en la prescripción por principio activo y con el que se prevé un ahorro de unos 200 millones de euros, imprescindible para contribuir al mantenimiento de la Sanidad pública".
La segunda convocatoria pública de selección de medicamentos conllevaría, explica la Consejería, un ahorro de unos 200 millones de euros para la Sanidad andaluza, lo que equivaldría al mantenimiento de 6.500 puestos de trabajo en el sector sanitario o al mantenimiento del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, de la Atención Primaria de toda la provincia de Córdoba y a todas las ambulancias y helicópteros de los servicios de Urgencias y Emergencias de EPES y del Servicio Andaluz de Salud.
Estos son, a su juicio, ejemplos que ponen de manifiesto la importancia de conseguir el ahorro previsto y la difícil situación en la que se encontraría la Sanidad pública andaluza si no pudiera avanzarse en la selección de medicamentos.
Pero "con la decisión tomada en el Consejo de Ministros de plantear un conflicto positivo de competencias ante la Resolución de 20 de diciembre de la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, el Gobierno central se posiciona claramente en contra de que existe una forma distinta de hacer las cosas y que demuestra que el único camino posible no es ni la privatización, ni el cierre de centros, ni el despido de trabajadores", señala.
"Con actitudes como ésta el Gobierno central demuestra, una vez más, que defiende los intereses de la industria, cuando son un agente más que debería de hacer un esfuerzo en esta situación de crisis, de la misma manera que ya lo están haciendo los trabajadores, ciudadanos y pensionistas", añade.
Tercer recurso
El recurso anunciado ahora sería el tercero del Gobierno central contra esta medida, ya que primero se recurrió la resolución del gerente del SAS que convocaba la primera selección pública de medicamentos y, posteriormente, el Decreto Ley de Medidas Urgentes de Farmacia que regula esta iniciativa.
Para la Consejería, esta actitud constituye una falta de respeto por parte del Gobierno central, "máxime cuando el TC ya se ha pronunciado sobre los dos recursos anteriores a favor de levantar las medidas cautelares sobre esta iniciativa de la Junta de Andalucía". En concreto, el TC ha considerado que mantener paralizada esta iniciativa ocasiona 'un grave quebranto económico en la Hacienda Pública autonómica'.
Desde la Consejería de Salud y Bienestar Social se espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie pronto en el sentido de las anteriores, a fin de poder continuar con el normal desarrollo del proceso. Sin embargo, en el caso de no poder desarrollar la selección de medicamentos y, por tanto, conseguir los ahorros previstos, la Consejería se vería forzada a tomar medidas adicionales de ahorro para lograr el cumplimiento del objetivo de déficit impuesto por el Gobierno central.
"Este tercer recurso ante el TC pone en evidencia las contradicciones en las que incurre el Gobierno central que, por un lado, plantea un objetivo de déficit que asfixia económicamente a Andalucía y, por otro, impide las medidas de eficiencia y ahorro impulsadas en la comunidad", lamenta.
Por este motivo, desde la Consejería se insta al Gobierno central a no continuar boicoteando las políticas de eficiencia de Andalucía que tienen como único objetivo preservar los intereses de la ciudadanía, mantener la calidad en la atención sanitaria y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público y universal.
Proyecto IT 21
Por otra parte, la Consejería ha destacado que el proyecto de gestión de las Incapacidades Temporales (IT) que se está llevando a cabo en Andalucía desde 2010 y que se está desarrollando actualmente en 51 centros de salud ha permitido ahorrar hasta ahora un total de 369.221 visitas médicas.
Así lo ha explicado la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, quien ha recordado que esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer garantías a los pacientes en sus derechos cuando padecen una enfermedad y requieren de una baja, evitar conflictos con las empresas e impedir los posibles fraudes, así como desburocratizar las consultas de AP, puesto que donde está operativa ha conseguido reducir hasta un 66 por ciento las consultas que los médicos de familia dedican a solucionar los trámites administrativos derivados de las renovaciones de las bajas laborales de incapacidad temporal.
Con el procedimiento habitual, el médico de familia emite parte de baja, los sucesivos de confirmación hasta agotar el tiempo, y el parte de alta, lo que se traduce en unos seis millones de consultas anuales y entre un ocho y un quince por ciento del total de consultas al año, según el centro.
Con el nuevo modelo IT21, implantado en 51 centros de Atención Primaria y en el que participan un total de 477 profesionales, se elimina el procedimiento de emisión de los partes de confirmación semanales, promoviendo partes sólo de baja y alta según los tiempos estándares determinados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de tal manera que se evita la variabilidad en las mismas situaciones, se ahorra al paciente desplazamientos innecesarios a por este parte de confirmación y se permite que el médico de familia dedique el tiempo de su consulta a la atención de pacientes y no a labores burocráticas.
De hecho, se ha observado que la duración media de las bajas laborales desde la implantación de este proyecto en Andalucía ha bajado más en los centros que trabajan con IT21 que en los que no cuentan con él. Así, la duración de término medio de las bajas en estos centros ha sido, en 2012, de 37,5 días, mientras que en los demás ha sido de 40,7 días.
Esto se traduce en que se han ahorrado 369.221 visitas médicas. La desviación de la duración de los procesos de incapacidad temporal sobre la duración estándar en los centros del proyecto IT21, ha sido un 32 por ciento menor que en los demás centros.
Modificación de la normativa estatal
El Gobierno central está elaborando un Real Decreto que modifica la normativa existente en este ámbito del año 97 y que, según la consejera de Salud y Bienestar Social, "mejora algo el procedimiento aunque no incluye las principales ventajas del proyecto andaluz" que permite la desburocratización del sistema y por tanto, el ahorro en consultas, desplazamientos y días de baja.
La nueva normativa regula sólo los casos de enfermedad común de manera que, en las patologías con duración estimada inferior a cinco días, se emitirá en el mismo acto, el parte de alta y de baja. En las de menos de 30 días, se emitirá la revisión cada siete y en las de entre 31 y 60 días, cada catorce. De este modo, según ha señalado la consejera, los pacientes siguen teniendo que "desplazarse a la consulta".
En cuanto a las bajas laborales que se tramitan desde las mutuas, la consejera ha señalado que el nuevo borrador de Real Decreto establece que los médicos derivarán la propuesta de alta al médico de familia y que éste cuenta con un plazo de cuatro días para confirmar o rechazar esta propuesta. En estos casos, el silencio administrativo es estimatorio por lo que el alta se produciría al quinto día, fecha en el que el trabajador tendría que incorporarse de nuevo, algo que puede ocurrir sin confirmación de su médico de familia.
Montero ha insistido en que, para que el modelo andaluz se pueda extender a todos los centros de AP, sería necesario que el Gobierno central "cambie la normativa" para que permita sustituir los partes de confirmación de baja por controles clínicos y esto sería una "señal de respaldo a la profesión".
La Consejería ha incidido en que "Andalucía es la expresión de una forma distinta de salir de la crisis y de hacer los ajustes en el gasto público. De hecho, la Consejería de Salud y Bienestar Social ha optado por hacer los ajustes bajando las cuentas de resultado de la industria farmacéutica y no repercutir ni en los ciudadanos, ni en la oferta de servicios, ni en la calidad del trabajo que se viene realizando en el sistema sanitario público andaluz. Por ello se optó por un sistema innovador y creativo basado en la prescripción por principio activo y con el que se prevé un ahorro de unos 200 millones de euros, imprescindible para contribuir al mantenimiento de la Sanidad pública".
La segunda convocatoria pública de selección de medicamentos conllevaría, explica la Consejería, un ahorro de unos 200 millones de euros para la Sanidad andaluza, lo que equivaldría al mantenimiento de 6.500 puestos de trabajo en el sector sanitario o al mantenimiento del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, de la Atención Primaria de toda la provincia de Córdoba y a todas las ambulancias y helicópteros de los servicios de Urgencias y Emergencias de EPES y del Servicio Andaluz de Salud.
Estos son, a su juicio, ejemplos que ponen de manifiesto la importancia de conseguir el ahorro previsto y la difícil situación en la que se encontraría la Sanidad pública andaluza si no pudiera avanzarse en la selección de medicamentos.
Pero "con la decisión tomada en el Consejo de Ministros de plantear un conflicto positivo de competencias ante la Resolución de 20 de diciembre de la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, el Gobierno central se posiciona claramente en contra de que existe una forma distinta de hacer las cosas y que demuestra que el único camino posible no es ni la privatización, ni el cierre de centros, ni el despido de trabajadores", señala.
"Con actitudes como ésta el Gobierno central demuestra, una vez más, que defiende los intereses de la industria, cuando son un agente más que debería de hacer un esfuerzo en esta situación de crisis, de la misma manera que ya lo están haciendo los trabajadores, ciudadanos y pensionistas", añade.
Tercer recurso
El recurso anunciado ahora sería el tercero del Gobierno central contra esta medida, ya que primero se recurrió la resolución del gerente del SAS que convocaba la primera selección pública de medicamentos y, posteriormente, el Decreto Ley de Medidas Urgentes de Farmacia que regula esta iniciativa.
Para la Consejería, esta actitud constituye una falta de respeto por parte del Gobierno central, "máxime cuando el TC ya se ha pronunciado sobre los dos recursos anteriores a favor de levantar las medidas cautelares sobre esta iniciativa de la Junta de Andalucía". En concreto, el TC ha considerado que mantener paralizada esta iniciativa ocasiona 'un grave quebranto económico en la Hacienda Pública autonómica'.
Desde la Consejería de Salud y Bienestar Social se espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie pronto en el sentido de las anteriores, a fin de poder continuar con el normal desarrollo del proceso. Sin embargo, en el caso de no poder desarrollar la selección de medicamentos y, por tanto, conseguir los ahorros previstos, la Consejería se vería forzada a tomar medidas adicionales de ahorro para lograr el cumplimiento del objetivo de déficit impuesto por el Gobierno central.
"Este tercer recurso ante el TC pone en evidencia las contradicciones en las que incurre el Gobierno central que, por un lado, plantea un objetivo de déficit que asfixia económicamente a Andalucía y, por otro, impide las medidas de eficiencia y ahorro impulsadas en la comunidad", lamenta.
Por este motivo, desde la Consejería se insta al Gobierno central a no continuar boicoteando las políticas de eficiencia de Andalucía que tienen como único objetivo preservar los intereses de la ciudadanía, mantener la calidad en la atención sanitaria y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público y universal.
Proyecto IT 21
Por otra parte, la Consejería ha destacado que el proyecto de gestión de las Incapacidades Temporales (IT) que se está llevando a cabo en Andalucía desde 2010 y que se está desarrollando actualmente en 51 centros de salud ha permitido ahorrar hasta ahora un total de 369.221 visitas médicas.
Así lo ha explicado la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, quien ha recordado que esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer garantías a los pacientes en sus derechos cuando padecen una enfermedad y requieren de una baja, evitar conflictos con las empresas e impedir los posibles fraudes, así como desburocratizar las consultas de AP, puesto que donde está operativa ha conseguido reducir hasta un 66 por ciento las consultas que los médicos de familia dedican a solucionar los trámites administrativos derivados de las renovaciones de las bajas laborales de incapacidad temporal.
Con el procedimiento habitual, el médico de familia emite parte de baja, los sucesivos de confirmación hasta agotar el tiempo, y el parte de alta, lo que se traduce en unos seis millones de consultas anuales y entre un ocho y un quince por ciento del total de consultas al año, según el centro.
Con el nuevo modelo IT21, implantado en 51 centros de Atención Primaria y en el que participan un total de 477 profesionales, se elimina el procedimiento de emisión de los partes de confirmación semanales, promoviendo partes sólo de baja y alta según los tiempos estándares determinados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de tal manera que se evita la variabilidad en las mismas situaciones, se ahorra al paciente desplazamientos innecesarios a por este parte de confirmación y se permite que el médico de familia dedique el tiempo de su consulta a la atención de pacientes y no a labores burocráticas.
De hecho, se ha observado que la duración media de las bajas laborales desde la implantación de este proyecto en Andalucía ha bajado más en los centros que trabajan con IT21 que en los que no cuentan con él. Así, la duración de término medio de las bajas en estos centros ha sido, en 2012, de 37,5 días, mientras que en los demás ha sido de 40,7 días.
Esto se traduce en que se han ahorrado 369.221 visitas médicas. La desviación de la duración de los procesos de incapacidad temporal sobre la duración estándar en los centros del proyecto IT21, ha sido un 32 por ciento menor que en los demás centros.
Modificación de la normativa estatal
El Gobierno central está elaborando un Real Decreto que modifica la normativa existente en este ámbito del año 97 y que, según la consejera de Salud y Bienestar Social, "mejora algo el procedimiento aunque no incluye las principales ventajas del proyecto andaluz" que permite la desburocratización del sistema y por tanto, el ahorro en consultas, desplazamientos y días de baja.
La nueva normativa regula sólo los casos de enfermedad común de manera que, en las patologías con duración estimada inferior a cinco días, se emitirá en el mismo acto, el parte de alta y de baja. En las de menos de 30 días, se emitirá la revisión cada siete y en las de entre 31 y 60 días, cada catorce. De este modo, según ha señalado la consejera, los pacientes siguen teniendo que "desplazarse a la consulta".
En cuanto a las bajas laborales que se tramitan desde las mutuas, la consejera ha señalado que el nuevo borrador de Real Decreto establece que los médicos derivarán la propuesta de alta al médico de familia y que éste cuenta con un plazo de cuatro días para confirmar o rechazar esta propuesta. En estos casos, el silencio administrativo es estimatorio por lo que el alta se produciría al quinto día, fecha en el que el trabajador tendría que incorporarse de nuevo, algo que puede ocurrir sin confirmación de su médico de familia.
Montero ha insistido en que, para que el modelo andaluz se pueda extender a todos los centros de AP, sería necesario que el Gobierno central "cambie la normativa" para que permita sustituir los partes de confirmación de baja por controles clínicos y esto sería una "señal de respaldo a la profesión".
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