El Defensor del Pueblo advierte a Mato de las "consecuencias prácticas" de su reforma

El Defensor del Pueblo registró en el último año un total de 1.674 expedientes de queja en el área de Sanidad, casi el triple de las 595 notificadas el año anterior. La mayoría están relacionadas con la reforma sanitaria impulsada por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de abril y por las medidas adoptadas por las comunidades.

Redacción | 27/02/2013 12:32

Así se desprende del informe de la Institución en 2012 presentado en el Congreso de los Diputados, que muestra un incremento tanto de las quejas individuales (779 en 2012, frente a las 573 del año anterior) como, sobre todo de las presentadas por colectivos (893, frente a las 18 de 2011).

A lo largo de 2012 se han admitido quejas y realizado investigaciones de oficio en el ámbito de la sanidad con 30 organismos, pertenecientes a 16 administraciones, entre ellas la Administración General del Estado y 12 administraciones autonómicas. Los tres organismos que mayor número de investigaciones han concentrado son el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Servicio Catalán de Salud.

Según destaca el Defensor del Pueblo, 2012 ha supuesto un "punto de inflexión" en los motivos de las quejas, que hasta ahora habían sufrido una tendencia progresiva hacia aspectos cualitativos, es decir, exigencias de calidad y excelencia.

Sin embargo, en el último año han aumentado las quejas relacionadas con limitaciones en el acceso y por el nivel de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS), "con el trasfondo de la actual crisis económica y financiera".

En concreto, las quejas formuladas están relacionadas con una reducción de prestaciones sanitarias, exclusión de colectivos del ámbito de protección de la sanidad pública, financiación de medicamentos, supresión de centros de urgencia en Atención Primaria, insuficiente dotación de personal sanitario, demoras en pagos a proveedores de centros sanitarios y a oficinas de farmacia y retrasos en el reconocimiento de reclamaciones de carácter económico.

Gran parte de las quejas vienen derivadas del real decreto-ley que la ministra de Sanidad, Ana Mato, impulsó el pasado mes de abril para garantizar la sostenibilidad del SNS, del que el Defensor del Pueblo ha analizado también su posible inconstitucionalidad concluyendo que plantea "problemas de legalidad ordinaria".

Uno de ellos ha sido el referente a la universalidad del SNS y a la condición de asegurado para tener derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha provocado un cambio en la Ley de Extranjería del 2000 y ha dejado a los inmigrantes en situación irregular sin derecho a una asistencia sanitaria gratuita del sistema público, a excepción de para menores de 18 años, supuestos de carácter urgente y asistencia al parto.

Este hecho, según el Defensor del Pueblo, deja en una situación de "vulnerabilidad" a aquellos inmigrantes que padezcan procesos graves que "requieren ineludiblemente un adecuado tratamiento".

Asimismo, avisan al departamento de Mato de que la atención sanitaria de este colectivo tendría "consecuencias prácticas relevantes", tanto en términos de salud pública, porque "se conseguirían más garantías de protección para el resto de la sociedad", como en términos organizativos, ya que "evitaría la posible saturación de los servicios de urgencias".

Otro aspecto de la reforma sanitaria del Gobierno que ha suscitado un "elevado número" de quejas ha sido el nuevo sistema de copago farmacéutico.

En este punto, las quejas se centran en que no es proporcional al nivel de renta actual, ya que se calcula sobre la declaración de la renta del año 2010, lo que hace que la realidad económica de muchos ciudadanos haya supuesto "cambios sustanciales por diversas circunstancias sobrevenidas", como el desempleo, una discapacidad, enfermedad o jubilación.

Asimismo, también han recibido quejas por la devolución del importe copagado cuando se superan los topes máximos fijados para los pensionistas (de 8 a 18 euros mensuales según el nivel de renta).
Ante esto último, el Defensor del Pueblo ha pedido a Sanidad que adopte medidas para que los pensionistas con larga duración queden exentos del copago una vez satisfecho el límite máximo establecido, como ya sucede en algunas comunidades.

Desigualdades entre comunidades
Otro tema recurrente en los últimos años que en 2012 también se plantea "con cierta frecuencia" son las quejas relativas a las diferencias que los ciudadanos aprecian en la calidad de la atención sanitaria en función del territorio en que se presta, así como entre las carteras de servicios de las comunidades.

Tal y como se ha constatado en el curso de diferentes investigaciones en los últimos años, las diferencias en las citadas carteras de servicios se proyectan en aspectos tales como el derecho a la asistencia sanitaria y a la prestación farmacéutica; el diagnóstico genético preimplantatorio; o la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida, especialmente a personas con VIH.

Asimismo, también hay diferencias entre los catálogos de prestaciones ortoprotésicas; la atención bucodental; la cirugía de reasignación de sexo; la atención podológica a pacientes diabéticos; las terapias contra el tabaco; las ayudas económicas a personas celiacas; los recursos específicos en materia de salud mental; las enfermedades raras o poco frecuentes; el tratamiento de la fibromialgia y la fatiga crónica, o los cuidados paliativos y el tratamiento del dolor.

En el último año también han sido motivo de queja la supresión o cierre en horario nocturno de los denominados 'puntos de atención continuada' (PAC) de municipios de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, la insuficiente dotación de personal en centros de salud o problemas para la asistencia sanitaria en poblaciones limítrofes entre comunidades.

De igual modo, la tramitación de quejas referentes a demoras en atención sanitaria o listas de espera pone de manifiesto la existencia de "un elevado número de pacientes que deben esperar meses, o incluso años, para ser diagnosticados o recibir tratamiento especializado".

El informe también hace referencia al "grave déficit" de la atención de las enfermedades mentales, en parte porque "persisten las desigualdades territoriales en la asignación de los insuficientes disponibles".
En cambio, y como nota positiva, el Defensor del Pueblo destaca la reducción considerable del número de quejas recibidas relacionadas con el consumo de tabaco y con la autonomía de la voluntad de los pacientes y la información y documentación médica.