La Audiencia anula la indemnización a los afectados por la talidomida

El tribunal revoca una condena por malformaciones causadas por el fármaco

MARIBEL MARIN Madrid 22 OCT 2014 - 14:03 CEST

Víctimas de la talidomida a su llegada al juicio que se celebró en 2013 en Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ

Los afectados de la talidomida han sufrido un duro revés. La Audiencia de Madrid ha revocado la condena al laboratorio alemán Grünenthal por las malformaciones causadas por este fármaco en mujeres que lo tomaron contra las náuseas del embarazo y ha anulado el pago de la indemnización a las víctimas que, durante el juicio, habían reclamado 204 millones de euros por los daños sufridos. En una sentencia contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, la sala considera que el caso estaba ya prescrito cuando la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) presentó en febrero de 2012 su demanda para sentar en el banquillo al laboratorio 50 años después.

“En la tesis más beneficiosa para los perjudicados, no podemos sino llegar a la conclusión de entender que los socios de Avite (...), al menos desde el año 2008, tenían a su disposición o podrían haberlo tenido tanto los elementos fácticos (secuelas) como jurídicos (que las mismas derivaban, con un diagnóstico seguro o probable, del fármaco) para ejercitar las acciones contra la titular de la patente”, argumenta el tribunal.

La resolución, de 87 páginas, deja así sin efecto la sanción que la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid, Gema Susana Fernández Díaz, impuso en noviembre de 2013 a Grünenthal: 20.000 euros a cada uno de los 23 afectados por cada punto porcentual de minusvalía que les ha reconocido la Administración a través del real decreto dispuesto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. La juez estimó que la farmacéutica había actuado de manera “culposa” por no haber tomado las medidas precisas para comprobar la seguridad del medicamento.

Grünenthal logró la molécula de la talidomida en 1954 y a finales de esa década la distribuyó por todo el mundo, con distintos nombres comerciales, de forma masiva como tranquilizante y también como calmante de las náuseas del embarazo. Con el tiempo se descubrió que los bebés de madres que lo habían ingerido nacían con graves malformaciones y amputaciones. El fármaco se retiró del mercado en todo el mundo 1961. Salvo en España, donde siguió comercializándose dos años más.

“El delito está probado, que ahora no quieran pagar es otro tema”, ha dicho el presidente de Avite, José Riquelme, en una rueda de prensa en Murcia. “Que este laboratorio mató a 5.000 bebés en el momento y dejó a muchos afectados, y eso no ha prescrito, está ahí”, ha continuado. El vicepresidente de la asociación, Rafael Basterrechea, ha admitido “el varapalo enorme” que ha supuesto la sentencia pero ha advertido: “Lo poco que nos queda vamos a dar guerra”. “Iremos al Supremo, que es lo que nos queda”.

El laboratorio —que considera que los demandantes “no probaron sus alegaciones” y que es “imposible “un juicio válido” transcurridos 50 años— les ha ofrecido como alternativa optar a las ayudas de la Fundación Contergan que concede hasta “pensiones vitalicias de 7.000 euros al mes según el grado de discapacidad”. Pero la opción no les convence. “En su momento nos ofrecieron 120.000 euros al año para todo el colectivo para callarnos la boca. Somos 300 en la asociación y 500 afectados en España”.

Nacido en 1965, Basterrechea tiene un 90% de discapacidad y ha logrado que le concedan la consideración de gran dependiente. Su madre tomó la talidomida como tranquilizante para dormir. “Nadie avisó, ni Grünenthal ni el Estado, de que el fármaco era peligroso, se vendía en todas partes como inocuo”, cuenta. “Cuando nací, con los brazos mucho más cortos de lo normal —tengo también problemas de vista, oído y afectados riñones e hígado—, le dijeron que era voluntad divina o una mala posición fetal”.

Basterrechea vivió con ello sin vincularlo a la talidomida durante años. “Me enteré por un programa de televisión de Julia Otero en 2005 o 2006”, relata. “Salió el anterior vicepresidente de la asociación, que tenía una discapacidad calcada a la mía, y un amigo me llamó”. Solo tuvo que meterse en Internet y tirar del hilo.

La Audiencia de Madrid considera que, dado que las malformaciones eran evidentes en el momento de los nacimientos, los afectados por la talidomida ya estaban en disposición de presentar sus demandas contra el laboratorio al llegar a la mayoría de edad. Y, suponiendo que entonces no conocieran la relación de sus secuelas con el fármaco —“lo que es difícil”—, la sala entiende que tuvo que llegarles información al respecto en 2003, año en el que se inscribió Avite. El siguiente hito hay que situarlo entre 2006 y 2008, cuando el Instituto de Salud Carlos III hizo evaluaciones. Podían haber solicitado un “diagnóstico seguro o al menos probable”, sentencia la Audiencia de Madrid. Es entonces cuando empieza a contar el tiempo. Un año después el caso estaba ya prescrito.