Los asturianos desembolsaron 36,6 millones de euros por el copago farmacéutico

Los usuarios de la sanidad residentes en Asturias han desembolsado 36,6 millones de euros por fármacos desde la implantación del copago farmacéutico el 1 de julio de 2012 y hasta el 31 de diciembre del año pasado.

C. Díaz | 16/03/2015 12:31

El dato de la cantidad de dinero que han desembolsado los asturianos por el copago farmacéutico, entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2014, ha sido dado a conocer por la Consejería de Sanidad, que recalca que el desembolso es consecuencia del copago "impuesto por el Gobierno de Rajoy". El total asciende a 36,6 millones.

La Consejería de Sanidad de Asturias comenzó a aplicar el copago de los productos farmacéuticos el 1 de julio de 2012, como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

El Principado ha recalcado que esa cifra de 36,6 millones de euros se obtiene una vez descontado el importe que los usuarios adelantaron y la Administración autonómica ha devuelto a quienes excedieron su límite de aportación. De los 36,6 millones, 5,6 se corresponden a cobros realizados entre julio y diciembre de 2012, mientras que en 2013 y 2014 los usuarios abonaron por sus medicamentos con receta 15,3 y 15,5 millones de euros, respectivamente.

La generación de la receta electrónica en los centros de salud ha permitido identificar a 63.900 usuarios que han dejado de abonar 1,2 millones de euros, según los cálculos de la Consejería de Sanidad, por retirar sus fármacos, una vez que han alcanzado su techo máximo de copago mensual, con lo que la Administración evita también las pertinentes devoluciones.

El Principado señala que el copago se puso en marcha "por imperativo del Gobierno de España, manteniendo el circuito habitual de consulta médico de enfermería y de retirada de los medicamentos prescritos en la oficina de farmacia". Y recuerda también que "el Ministerio planteó instaurar otros copagos en servicios como la farmacia hospitalaria, el transporte sanitario no urgente en ambulancia, la prestación ortoprotésica y los productos dietoterapéuticos, lo que habría supuesto nuevos impuestos a la enfermedad y un claro atentado al principio de universalidad de la sanidad pública".