CCOO-CV denuncia la irresponsabilidad de la Consejería en la planificación de sus recursos
Valencia (15-17/10/2011) - Redacción/E.P.
• El sindicato censura que hasta hace poco tiempo se viniera produciendo la ampliación de camas hospitalarias, mientras que la FADSP se suma a las críticas
• El PSPV anuncia la ruptura de negociaciones si no se destituye al consejero de Sanidad, Luis Rosado, y se anula el cierre de 120 camas
Ante el anuncio de la supresión de 262 camas en los hospitales públicos valencianos, efectuado este jueves por la Consejería de Sanidad, y debido a la gravedad de las medidas adoptadas, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-PV ha denunciado en una nota "la irresponsable planificación de los recursos sanitarios por parte de esta consejería.
El sindicato incide en que "hasta hace bien poco se venían ampliado las camas hospitalarias públicas, tanto en centros de gestión directa como en aquellos en régimen de concesión administrativa. El objetivo era aumentar la calidad asistencial y aliviar la saturación de los hospitales públicos", señala. Sin embargo, añade, "con estas medidas anunciadas, Sanidad reconoce, de forma indirecta, que dichas ampliaciones, y el coste han supuesto, han sido totalmente innecesarias".
"¿Cómo es posible que hace un año se precisaran más camas y en estos momentos sobren?", se pregunta CCOO-CV, que se responde: "O la planificación ha sido nefasta o, ahora, desde la administración mienten". Y recuerda que la Comunidad Valenciana tiene el menor índice de camas hospitalarias de España, brecha que se ensanchará con estos recortes.
CCOO mantiene que está a favor de una gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos y en contra de mantener recursos ociosos, pero no puede "dejar de denunciar la instrumentalización política de la Sanidad por el partido político que sea, y el Partido Popular ha utilizado la Sanidad Pública y sus presupuestos de la licitación con un claro objetivo político", finaliza.
También ACDESA/FADSP
Por su parte, ACDESA/FADSP ha señalado, ante las medidas anunciadas por la Consejería, que "a pesar de los discursos del presidente de la Generalitat de que no iba a haber recortes sanitarios, éstos se están produciendo y esta medida del cierre de camas, vendida como una medida de gestión eficiente, es una prueba de ello y que viene a unirse a otros recortes emprendidos (cierre parcial del Centro de Investigación Príncipe Felipe, amortización de plazas, no sustituciones en vacaciones, camas cerradas, ausencia de médico en las ambulancias de emergencia).
La organización añade que la "a pesar de que de que el numero de camas no es el indicador más relevante para medir la solidez de un sistema de salud (...) la CV es la segunda CCAA que tiene menos camas por 1.000 habitantes en España, que a su vez es el país de la Unión Europea (de 27 países) que tienen menos camas por 1.000 habitantes".
En estas circunstancias, para ACDESA/FADSP, "no se justifica una disminución del número de camas que sobre todo va a presionar sobre las listas de espera, la calidad de la atención sanitaria y posiblemente una derivación de pacientes de los departamentos donde se han cerrado camas (todos ellos de gestión pública de la Agencia Valenciana de Salud) hacia los departamentos vecinos, gestionados por las concesiones administrativas (gestión privada)".
La organización añade en sus críticas el que "la tradicional infrapresupuestación de la Sanidad en la CV, y la mala gestión y planificación sanitaria de los últimos años con la agresiva política de privatización de la Sanidad y que lejos de una mayor contención del gasto lo incrementa, es el origen de la importante deuda sanitaria que tiene la CV con los proveedores, mientras se destinan fondos a gastos suntuarios".
Por otra parte, propone que "antes de recortar prestaciones y derechos sanitarios a los ciudadanos valencianos, hay medidas que se pueden tomar como, la reposición de los impuestos de patrimonio y sucesiones, la priorización del gasto público y, ya en Sanidad, desde la eliminación de cargos de asesores, que a pesar de la reestructuración llevada a cabo en la Consejería, se han mantenido, hasta una mayor implicación de los profesionales en las indicaciones de pruebas y prescripción farmacéutica, donde aun sigue habiendo un margen importante de mejora".
Desde ACDESA / FADSP se exige "un cambio de política sanitaria", dirigido a mejorar y racionalizar la utilización de la Sanidad Pública, "acabando con la política privatizadora", lo que asegurará "el mantenimiento de una Sanidad Publica de calidad".
Ruptura política
Por su parte, el secretario general de los Socialistas Valencianos, Jorge Alarte, ha afirmado este viernes que o el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, destituye al consejero de Sanidad, Luis Rosado, y a su secretaria autonómica, Manuela García Reboll, y anula el cierre de 262 camas hospitalarias o romperá "todas conversación" con la vicepresidenta del Consejo, Paula Sánchez de León, en materia sanitaria.
Alarte ha señalado que Fabra "no ha sido capaz ni de sostener las mentiras" hasta el 21-N y ha acometido "el mayor recorte y la mayor operación de desmontaje del sistema de salud público de toda nuestra historia. "Fabra miente al conjunto de los valencianos y sonríe mientras da orden de desmontar el sistema público valenciano y sonríe para tratar de engañarnos a todos", ha señalado.
En ese sentido, ha incidido en que Fabra "mintió" en las Cortes de "forma deliberada y consciente" al afirmar que no iba a acometer recortes al igual que el consejero de Sanidad que tuvo también "la desfachatez de mentir ante el pleno del Corts". Alarte ha constatado "la gravedad" de la situación económica con una "deuda tremenda de 10.000 millones, una deuda desbocada y sin control" que impide, ha señalado, el pago a los proveedores sanitarios y abonar el gasto farmacéutico.
Por contra, señala que el Gobierno valenciano además "deja a mitad" los hospitales de Gandía y Lliria y tras años "de engaños y de colgar carteles en sucesivas campañas electorales" no construirá los anunciados centros de Torrente, la Vall d'Uixò y Ontinyent. De este modo, al anunciado cierre de 262 camas hay que sumar las 1.200 plazas que no construirá, un total de 1.500 camas menos, los 200 millones menos de inversión en el sistema público sanitario y los 3.000 nuevos parados que crea el Gobierno valenciano al paralizar estos hospitales.
Alarte ha anunciado que mantendrá reuniones con alcaldes, concejales, colectivos médicos y asociaciones de vecinos en las comarcas donde estaban previstos estos hospitales para debatir qué medidas de protesta van a adoptar. "Su mentira va a tener costos", ha garantizado a Fabra.
Propuestas de ajuste
Por contra, ha defendido que Fabra tiene "una oportunidad de oro" para acometer una verdadera política de ajuste en la Generalitat mediante la retirada del decreto ley que presentó sobre medidas del sector público empresarial y negocie otro decreto ley que incluya el establecimiento por ley de una reducción del límite de gasto de los actuales 3.600 millones a los 1.600 millones.
Asimismo, reclama de que la nueva corporación que gestione el sector público empresarial valenciano disuelva la liquidación como mínimo de un centenar de los organismos autonómicos y que se incorpore un decreto de eficiencia en los gastos públicos para reducir un quince por ciento los gatos excepto en Educación, Sanidad y Servicios Sociales.
Alarte ha resaltado que con estas medidas se podría ahorrar 3.000 millones de euros. "Ni una fundación ni un sarao ni un pago a Ecclestone a costa de cerrar ni una cama de hospital ni contratar un médico menos", ha dicho.
El sindicato incide en que "hasta hace bien poco se venían ampliado las camas hospitalarias públicas, tanto en centros de gestión directa como en aquellos en régimen de concesión administrativa. El objetivo era aumentar la calidad asistencial y aliviar la saturación de los hospitales públicos", señala. Sin embargo, añade, "con estas medidas anunciadas, Sanidad reconoce, de forma indirecta, que dichas ampliaciones, y el coste han supuesto, han sido totalmente innecesarias".
"¿Cómo es posible que hace un año se precisaran más camas y en estos momentos sobren?", se pregunta CCOO-CV, que se responde: "O la planificación ha sido nefasta o, ahora, desde la administración mienten". Y recuerda que la Comunidad Valenciana tiene el menor índice de camas hospitalarias de España, brecha que se ensanchará con estos recortes.
CCOO mantiene que está a favor de una gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos y en contra de mantener recursos ociosos, pero no puede "dejar de denunciar la instrumentalización política de la Sanidad por el partido político que sea, y el Partido Popular ha utilizado la Sanidad Pública y sus presupuestos de la licitación con un claro objetivo político", finaliza.
También ACDESA/FADSP
Por su parte, ACDESA/FADSP ha señalado, ante las medidas anunciadas por la Consejería, que "a pesar de los discursos del presidente de la Generalitat de que no iba a haber recortes sanitarios, éstos se están produciendo y esta medida del cierre de camas, vendida como una medida de gestión eficiente, es una prueba de ello y que viene a unirse a otros recortes emprendidos (cierre parcial del Centro de Investigación Príncipe Felipe, amortización de plazas, no sustituciones en vacaciones, camas cerradas, ausencia de médico en las ambulancias de emergencia).
La organización añade que la "a pesar de que de que el numero de camas no es el indicador más relevante para medir la solidez de un sistema de salud (...) la CV es la segunda CCAA que tiene menos camas por 1.000 habitantes en España, que a su vez es el país de la Unión Europea (de 27 países) que tienen menos camas por 1.000 habitantes".
En estas circunstancias, para ACDESA/FADSP, "no se justifica una disminución del número de camas que sobre todo va a presionar sobre las listas de espera, la calidad de la atención sanitaria y posiblemente una derivación de pacientes de los departamentos donde se han cerrado camas (todos ellos de gestión pública de la Agencia Valenciana de Salud) hacia los departamentos vecinos, gestionados por las concesiones administrativas (gestión privada)".
La organización añade en sus críticas el que "la tradicional infrapresupuestación de la Sanidad en la CV, y la mala gestión y planificación sanitaria de los últimos años con la agresiva política de privatización de la Sanidad y que lejos de una mayor contención del gasto lo incrementa, es el origen de la importante deuda sanitaria que tiene la CV con los proveedores, mientras se destinan fondos a gastos suntuarios".
Por otra parte, propone que "antes de recortar prestaciones y derechos sanitarios a los ciudadanos valencianos, hay medidas que se pueden tomar como, la reposición de los impuestos de patrimonio y sucesiones, la priorización del gasto público y, ya en Sanidad, desde la eliminación de cargos de asesores, que a pesar de la reestructuración llevada a cabo en la Consejería, se han mantenido, hasta una mayor implicación de los profesionales en las indicaciones de pruebas y prescripción farmacéutica, donde aun sigue habiendo un margen importante de mejora".
Desde ACDESA / FADSP se exige "un cambio de política sanitaria", dirigido a mejorar y racionalizar la utilización de la Sanidad Pública, "acabando con la política privatizadora", lo que asegurará "el mantenimiento de una Sanidad Publica de calidad".
Ruptura política
Por su parte, el secretario general de los Socialistas Valencianos, Jorge Alarte, ha afirmado este viernes que o el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, destituye al consejero de Sanidad, Luis Rosado, y a su secretaria autonómica, Manuela García Reboll, y anula el cierre de 262 camas hospitalarias o romperá "todas conversación" con la vicepresidenta del Consejo, Paula Sánchez de León, en materia sanitaria.
Alarte ha señalado que Fabra "no ha sido capaz ni de sostener las mentiras" hasta el 21-N y ha acometido "el mayor recorte y la mayor operación de desmontaje del sistema de salud público de toda nuestra historia. "Fabra miente al conjunto de los valencianos y sonríe mientras da orden de desmontar el sistema público valenciano y sonríe para tratar de engañarnos a todos", ha señalado.
En ese sentido, ha incidido en que Fabra "mintió" en las Cortes de "forma deliberada y consciente" al afirmar que no iba a acometer recortes al igual que el consejero de Sanidad que tuvo también "la desfachatez de mentir ante el pleno del Corts". Alarte ha constatado "la gravedad" de la situación económica con una "deuda tremenda de 10.000 millones, una deuda desbocada y sin control" que impide, ha señalado, el pago a los proveedores sanitarios y abonar el gasto farmacéutico.
Por contra, señala que el Gobierno valenciano además "deja a mitad" los hospitales de Gandía y Lliria y tras años "de engaños y de colgar carteles en sucesivas campañas electorales" no construirá los anunciados centros de Torrente, la Vall d'Uixò y Ontinyent. De este modo, al anunciado cierre de 262 camas hay que sumar las 1.200 plazas que no construirá, un total de 1.500 camas menos, los 200 millones menos de inversión en el sistema público sanitario y los 3.000 nuevos parados que crea el Gobierno valenciano al paralizar estos hospitales.
Alarte ha anunciado que mantendrá reuniones con alcaldes, concejales, colectivos médicos y asociaciones de vecinos en las comarcas donde estaban previstos estos hospitales para debatir qué medidas de protesta van a adoptar. "Su mentira va a tener costos", ha garantizado a Fabra.
Propuestas de ajuste
Por contra, ha defendido que Fabra tiene "una oportunidad de oro" para acometer una verdadera política de ajuste en la Generalitat mediante la retirada del decreto ley que presentó sobre medidas del sector público empresarial y negocie otro decreto ley que incluya el establecimiento por ley de una reducción del límite de gasto de los actuales 3.600 millones a los 1.600 millones.
Asimismo, reclama de que la nueva corporación que gestione el sector público empresarial valenciano disuelva la liquidación como mínimo de un centenar de los organismos autonómicos y que se incorpore un decreto de eficiencia en los gastos públicos para reducir un quince por ciento los gatos excepto en Educación, Sanidad y Servicios Sociales.
Alarte ha resaltado que con estas medidas se podría ahorrar 3.000 millones de euros. "Ni una fundación ni un sarao ni un pago a Ecclestone a costa de cerrar ni una cama de hospital ni contratar un médico menos", ha dicho.
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