El Gobierno llevará al TC el decreto vasco y recurrirá ante el mismo el decreto andaluz sobre prestación farmacéutica
Madrid (14-16/07/2012) - Redacción
• Se ha acordado en el Consejo de Ministros en el que también se ha abordado la reforma de la Ley de Dependencia, que según el Gobierno, pretende agilizar la entrada de los grandes dependientes a través de la simplificación de los grados de reconocimiento, pasando de seis niveles a tres grados
• El Gobierno también ha decidido que a partir de la próxima convocatoria el 7 por ciento de las plazas de formación sanitaria especializada sea para discapacitados
El Gobierno ha acordado en su reunión del Consejo de Ministros plantear ante el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto positivo de competencia al Gobierno Vasco por su decreto sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS) en esta comunidad con el que pretenden evitar la reforma sanitaria, el conocido como decreto vasco. El objetivo del Gobierno central es garantizar la aplicación de la legislación estatal a la mayor brevedad posible, para lo que han decidido invocar la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, lo que implicará la suspensión del Decreto una vez sea admitida a trámite la impugnación por el Tribunal Constitucional.
El Gobierno vasco presentó el pasado 26 de junio un decreto para garantizar la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público "para todas las personas que residan en el País Vasco", asegurando que estaban "amparados por la legislación vigente y avalados por su suficiencia financiera". Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy argumenta ahora que el decreto vasco pretende regular "cuestiones que corresponden únicamente al Estado y vulnera la normativa establecida en cuanto a la regulación de la condición de asegurado, cartera común de servicios y financiación de prestaciones sanitarias".
Decreto andaluz sobre prestación farmacéutica
Además, el Consejo de Ministros ha acordado que el presidente del Gobierno interponga un recurso de inconstitucional contra el artículo uno del Decreto Ley andaluz por el que se aprobaron medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público.
El Gobierno toma esta decisión al considerar que los preceptos que se cuestionan en ese decreto, del 13 de diciembre de 2011, vulneran las competencias estatales en materia de legislación farmacéutica al establecer normas reguladoras de la prescripción de medicamentos careciendo de competencia para ello, así como en materia de sanidad al modificar la cartera de servicios establecida con carácter básico por el Estado.
Así las cosas, mantienen que el nuevo régimen legal y la resolución andaluza establecen un mecanismo de formación de precios y de selección de los medicamentos a dispensar por las farmacias no previsto en la normativa estatal, con la consecuencia inevitable, además, a partir de esa premisa, de reducir la oferta establecida con carácter básico de las prestaciones garantizadas en Andalucía respecto a las garantizadas por su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
El Gobierno ha decidido recurrir el decreto invocando ante el Tribunal Constitucional la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, por lo que la aplicación de los preceptos impugnados quedará suspendida a partir de la admisión a trámite de la impugnación por el Tribunal Constitucional por un plazo máximo de cinco meses, transcurrido el cual el Tribunal habrá de pronunciarse sobre si procede o no el mantenimiento de la suspensión.
Cabe recordar que en una resolución del 25 de enero de este año la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, realizó una convocatoria para la selección de medicamentos, frente a la que el Gobierno central ya ha planteado un conflicto positivo de competencias.
Reforma de la Ley de Dependencia
En Consejo de Ministros también se ha abordado la reforma de la Ley de Dependencia, que según el Gobierno, pretende agilizar la entrada de los grandes dependientes, que son los que más y mejor atención necesitan, a través de la simplificación de los grados de reconocimiento (de seis niveles pasa a tres grados) y del aplazamiento del acceso de los dependientes moderados, en su mayoría ya atendidos por los servicios sociales. Las principales medidas son:
- Se incluye una reducción del 15 por 100 de la prestación por cuidador familiar, una figura que la Administración va a mantener, pero que al mismo tiempo va a controlar con más rigor para asegurarse de que la persona dependiente recibe una asistencia adecuada y profesionalizada.
- Se establece la ampliación de la ayuda por asistente personal para todos los grados de Dependencia.
- Se revisará el modelo de cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar. Para ello, los Ministerios de Sanidad y de Empleo y de la Seguridad Social acordarán un nuevo régimen acorde con las circunstancias de esta figura. No obstante, los cuidadores que ya coticen no saldrán de la Seguridad Social en tanto en cuanto no se determine el nuevo Régimen.
- Se amplía a dos años el plazo para que las personas que aún no tienen reconocido el grado de Dependencia, o no perciben aún la prestación, reciban dicha cuantía.
- Se definen unos criterios comunes para la determinación de la capacidad económica del usuario según renta y patrimonio.
- A partir de ahora se trazarán otros parámetros de aportación del beneficiario al Sistema, de acuerdo con el nivel de renta del dependiente. Aquellas personas cuyos recursos estén por debajo de la cantidad mensual del IPREM (Indicador Público de la Renta de Efectos Múltiples) no abonarán nada, y a partir de aquí la aportación se medirá de forma progresiva (a más renta, más desembolso) hasta llegar al 90 por ciento del coste del servicio.
- Se modifican los criterios para financiar el modelo en cada una de las Comunidades Autónomas. Comenzará a ponderarse el nivel de prestaciones por asistencia en servicios.
7% de las plazas de formación sanitaria especializada para discapacitados
El Gobierno también ha decidido que a partir de la próxima convocatoria de formación sanitaria especializada para 2012-2013 un 7 por ciento de las plazas sean para personas con discapacidad, de acuerdo con la adaptación de la normativa de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Según dicha normativa, el Gobierno ha de desarrollar una serie de medidas de acción positiva para que en las convocatorias anuales de pruebas selectivas un porcentaje de las plazas sean cubiertas por personas con discapacidad, siempre que superen las citadas pruebas, acrediten su discapacidad y demuestren la compatibilidad con el tipo de funciones que conlleva la responsabilidad a la que aspira.
La distribución de las plazas de la convocatoria 2012-2013 entre las distintas titulaciones se llevará a cabo de forma global, y los ejercicios a realizar, los criterios de calificación y la puntuación necesaria para superar las pruebas serán los mismos para todos los aspirantes, cualquiera que sea el turno, ordinario, o para personas con discapacidad, sin perjuicio de las adaptaciones, ajustes o apoyos complementarios que procedan en cada caso.
Las medidas de acción positiva que adoptará el Gobierno pretenden "lograr un equilibrio entre los principios de igualdad, mérito y capacidad". Asimismo, cada aspirante a las plazas con discapacidad elegirá la plaza y la especialidad que considere compatible con si situación particular, sin prejuicio del resultado del reconocimiento médico al que se someta, al igual que sucede con el resto de aspirantes.
Convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos
El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del Convenio 211 del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que tiene como objetivo "prevenir y combatir" las amenazas a la salud pública que puedan provocar estos productos. Hasta la fecha el convenio ha sido firmado por quince Estados miembros, así como por Israel, y está prevista su entrada en vigor en el momento en que se produzcan cinco ratificaciones, de las cuales, al menos tres correspondan a Estados miembros del Consejo de Europa.
El convenio establece la obligación de las partes firmante de tipificar como infracciones penales la fabricación de productos médicos falsificados; el suministro, la oferta de suministro y el tráfico de falsificaciones; la falsificación de documentos relacionados con su ámbito de aplicación; la fabricación y el suministro no autorizado de productos médicos; y la puesta en marcha de dispositivos médicos que no reúnan las exigencias de conformidad.
El Gobierno vasco presentó el pasado 26 de junio un decreto para garantizar la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público "para todas las personas que residan en el País Vasco", asegurando que estaban "amparados por la legislación vigente y avalados por su suficiencia financiera". Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy argumenta ahora que el decreto vasco pretende regular "cuestiones que corresponden únicamente al Estado y vulnera la normativa establecida en cuanto a la regulación de la condición de asegurado, cartera común de servicios y financiación de prestaciones sanitarias".
Decreto andaluz sobre prestación farmacéutica
Además, el Consejo de Ministros ha acordado que el presidente del Gobierno interponga un recurso de inconstitucional contra el artículo uno del Decreto Ley andaluz por el que se aprobaron medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público.
El Gobierno toma esta decisión al considerar que los preceptos que se cuestionan en ese decreto, del 13 de diciembre de 2011, vulneran las competencias estatales en materia de legislación farmacéutica al establecer normas reguladoras de la prescripción de medicamentos careciendo de competencia para ello, así como en materia de sanidad al modificar la cartera de servicios establecida con carácter básico por el Estado.
Así las cosas, mantienen que el nuevo régimen legal y la resolución andaluza establecen un mecanismo de formación de precios y de selección de los medicamentos a dispensar por las farmacias no previsto en la normativa estatal, con la consecuencia inevitable, además, a partir de esa premisa, de reducir la oferta establecida con carácter básico de las prestaciones garantizadas en Andalucía respecto a las garantizadas por su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
El Gobierno ha decidido recurrir el decreto invocando ante el Tribunal Constitucional la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, por lo que la aplicación de los preceptos impugnados quedará suspendida a partir de la admisión a trámite de la impugnación por el Tribunal Constitucional por un plazo máximo de cinco meses, transcurrido el cual el Tribunal habrá de pronunciarse sobre si procede o no el mantenimiento de la suspensión.
Cabe recordar que en una resolución del 25 de enero de este año la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, realizó una convocatoria para la selección de medicamentos, frente a la que el Gobierno central ya ha planteado un conflicto positivo de competencias.
Reforma de la Ley de Dependencia
En Consejo de Ministros también se ha abordado la reforma de la Ley de Dependencia, que según el Gobierno, pretende agilizar la entrada de los grandes dependientes, que son los que más y mejor atención necesitan, a través de la simplificación de los grados de reconocimiento (de seis niveles pasa a tres grados) y del aplazamiento del acceso de los dependientes moderados, en su mayoría ya atendidos por los servicios sociales. Las principales medidas son:
- Se incluye una reducción del 15 por 100 de la prestación por cuidador familiar, una figura que la Administración va a mantener, pero que al mismo tiempo va a controlar con más rigor para asegurarse de que la persona dependiente recibe una asistencia adecuada y profesionalizada.
- Se establece la ampliación de la ayuda por asistente personal para todos los grados de Dependencia.
- Se revisará el modelo de cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar. Para ello, los Ministerios de Sanidad y de Empleo y de la Seguridad Social acordarán un nuevo régimen acorde con las circunstancias de esta figura. No obstante, los cuidadores que ya coticen no saldrán de la Seguridad Social en tanto en cuanto no se determine el nuevo Régimen.
- Se amplía a dos años el plazo para que las personas que aún no tienen reconocido el grado de Dependencia, o no perciben aún la prestación, reciban dicha cuantía.
- Se definen unos criterios comunes para la determinación de la capacidad económica del usuario según renta y patrimonio.
- A partir de ahora se trazarán otros parámetros de aportación del beneficiario al Sistema, de acuerdo con el nivel de renta del dependiente. Aquellas personas cuyos recursos estén por debajo de la cantidad mensual del IPREM (Indicador Público de la Renta de Efectos Múltiples) no abonarán nada, y a partir de aquí la aportación se medirá de forma progresiva (a más renta, más desembolso) hasta llegar al 90 por ciento del coste del servicio.
- Se modifican los criterios para financiar el modelo en cada una de las Comunidades Autónomas. Comenzará a ponderarse el nivel de prestaciones por asistencia en servicios.
7% de las plazas de formación sanitaria especializada para discapacitados
El Gobierno también ha decidido que a partir de la próxima convocatoria de formación sanitaria especializada para 2012-2013 un 7 por ciento de las plazas sean para personas con discapacidad, de acuerdo con la adaptación de la normativa de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Según dicha normativa, el Gobierno ha de desarrollar una serie de medidas de acción positiva para que en las convocatorias anuales de pruebas selectivas un porcentaje de las plazas sean cubiertas por personas con discapacidad, siempre que superen las citadas pruebas, acrediten su discapacidad y demuestren la compatibilidad con el tipo de funciones que conlleva la responsabilidad a la que aspira.
La distribución de las plazas de la convocatoria 2012-2013 entre las distintas titulaciones se llevará a cabo de forma global, y los ejercicios a realizar, los criterios de calificación y la puntuación necesaria para superar las pruebas serán los mismos para todos los aspirantes, cualquiera que sea el turno, ordinario, o para personas con discapacidad, sin perjuicio de las adaptaciones, ajustes o apoyos complementarios que procedan en cada caso.
Las medidas de acción positiva que adoptará el Gobierno pretenden "lograr un equilibrio entre los principios de igualdad, mérito y capacidad". Asimismo, cada aspirante a las plazas con discapacidad elegirá la plaza y la especialidad que considere compatible con si situación particular, sin prejuicio del resultado del reconocimiento médico al que se someta, al igual que sucede con el resto de aspirantes.
Convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos
El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del Convenio 211 del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que tiene como objetivo "prevenir y combatir" las amenazas a la salud pública que puedan provocar estos productos. Hasta la fecha el convenio ha sido firmado por quince Estados miembros, así como por Israel, y está prevista su entrada en vigor en el momento en que se produzcan cinco ratificaciones, de las cuales, al menos tres correspondan a Estados miembros del Consejo de Europa.
El convenio establece la obligación de las partes firmante de tipificar como infracciones penales la fabricación de productos médicos falsificados; el suministro, la oferta de suministro y el tráfico de falsificaciones; la falsificación de documentos relacionados con su ámbito de aplicación; la fabricación y el suministro no autorizado de productos médicos; y la puesta en marcha de dispositivos médicos que no reúnan las exigencias de conformidad.
.png)
No hay comentarios:
Publicar un comentario