El personal sanitario será considerado autoridad pública en Aragón
Zaragoza (18/07/2012) - Redacción
Se busca la protección de los profesionales del sistema público para así conseguir una total libertad en el ejercicio de sus funciones sin estar sometidos a ningún tipo de amenaza ni menosprecio por parte de los ciudadanos
El personal sanitario será considerado autoridad pública. El Consejo de Gobierno de Aragón ha tomado conocimiento del anteproyecto de ley de autoridad pública en el ámbito sanitario y social, ha informado el portavoz del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
La nueva normativa pretende reforzar la autoridad de los profesionales en su toma de decisiones y establecer el respeto mutuo como norma inviolable en las relaciones de los profesionales con los destinatarios de sus decisiones, ha indicado el Gobierno en una nota.
Este anteproyecto de ley busca la protección de los profesionales del sistema público para así conseguir una total libertad en el ejercicio de sus funciones, sin estar sometidos a ningún tipo de amenaza ni menosprecio por parte de los ciudadanos.
En los últimos años se ha producido una proliferación de casos en los que algunos profesionales del sector público sanitario y social, han sufrido una serie de agresiones, ya sean físicas o verbales, por parte de los pacientes, usuarios, familiares o acompañantes, que han dado lugar a una merma a la hora de tomar las decisiones más idóneas en el ejercicio de las funciones de carácter público que tienen encomendadas.
De hecho, en los grupos de trabajo creados en el Departamento se debatió sobre la necesidad de establecer la especial protección a los trabajadores públicos sanitarios y sociales. En estas citas participaron representantes de todos los sectores profesionales implicados, y concluyeron, de forma unánime, que existe en la actualidad una necesidad real de dotar a determinados profesionales de la condición de autoridad pública.
Este anteproyecto de Ley persigue un fin concreto, permitir que los profesionales del sistema público ejerzan sus funciones con la mayor libertad y respeto posibles. A pesar de ello, no contradice ni vulnera aquellas normativas que protegen los derechos de los ciudadanos, al contrario, la condición de autoridad pública exige a quien la ostenta una especial dedicación y el estricto cumplimiento de cuantos derechos son inherentes a los ciudadanos destinatarios de sus decisiones.
Serán autoridad pública los profesionales del sistema público sanitario de Aragón que son los directores de centros y servicios del sistema sanitario público de Aragón, los médicos, los farmacéuticos, veterinarios, psicólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y celadores. En el ámbito de los servicios sociales los afectados por el anteproyecto son los directores y subdirectores de los centros de servicios sociales y centros dependientes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y educadores sociales.
La nueva normativa pretende reforzar la autoridad de los profesionales en su toma de decisiones y establecer el respeto mutuo como norma inviolable en las relaciones de los profesionales con los destinatarios de sus decisiones, ha indicado el Gobierno en una nota.
Este anteproyecto de ley busca la protección de los profesionales del sistema público para así conseguir una total libertad en el ejercicio de sus funciones, sin estar sometidos a ningún tipo de amenaza ni menosprecio por parte de los ciudadanos.
En los últimos años se ha producido una proliferación de casos en los que algunos profesionales del sector público sanitario y social, han sufrido una serie de agresiones, ya sean físicas o verbales, por parte de los pacientes, usuarios, familiares o acompañantes, que han dado lugar a una merma a la hora de tomar las decisiones más idóneas en el ejercicio de las funciones de carácter público que tienen encomendadas.
De hecho, en los grupos de trabajo creados en el Departamento se debatió sobre la necesidad de establecer la especial protección a los trabajadores públicos sanitarios y sociales. En estas citas participaron representantes de todos los sectores profesionales implicados, y concluyeron, de forma unánime, que existe en la actualidad una necesidad real de dotar a determinados profesionales de la condición de autoridad pública.
Este anteproyecto de Ley persigue un fin concreto, permitir que los profesionales del sistema público ejerzan sus funciones con la mayor libertad y respeto posibles. A pesar de ello, no contradice ni vulnera aquellas normativas que protegen los derechos de los ciudadanos, al contrario, la condición de autoridad pública exige a quien la ostenta una especial dedicación y el estricto cumplimiento de cuantos derechos son inherentes a los ciudadanos destinatarios de sus decisiones.
Serán autoridad pública los profesionales del sistema público sanitario de Aragón que son los directores de centros y servicios del sistema sanitario público de Aragón, los médicos, los farmacéuticos, veterinarios, psicólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y celadores. En el ámbito de los servicios sociales los afectados por el anteproyecto son los directores y subdirectores de los centros de servicios sociales y centros dependientes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y educadores sociales.
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