Habrá una ley de liberalización de servicios profesionales en septiembre

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que en septiembre habrá una ley liberalizadora de servicios profesionales, si bien no ha detallado a qué profesiones afectará.

Laura G. Ibañes | 13/07/2012 17:05

Esta ley liberalizadora de servicios profesionales forma parte de las exigencias de trasposición de la la Ley Ómnibus que deberían haberse plasmado ya sobre el papel, pero también de las nuevas peticiones de la UE como consecuencia del rescate bancario. La nueva norma deberá decidir sobre las condiciones de acceso a las profesiones y podría afectar, por tanto, a la colegiación de los sanitarios o a la regulación de las farmacias. La vicepresidenta ha anunciado también una nueva ley de mutuas que se tramitará en paralelo con la reforma del sistema de pensiones.

Las nuevas leyes forman parte del paquete de medidas de recorte por valor de 65.000 millones de euros que anunció hace dos días el presidente del Gobierno y que ha ratificado ahora el Consejo de Ministros en forma de dos reales decretos leyes. Concretamente, los recortes supondrán entre otras medidas de calado la eliminación de la paga extra de Navidad para los funcionarios, la reducción de los días de libre disposición (moscosos) a 3 y la eliminación completa de los días por antigüedad (canosos).

Además se incrementará el IVA tal y como anunció Rajoy, desde el 8 por ciento hasta el 10 por ciento para los productos con IVA reducido y desde el 18 por ciento hasta el 21 por ciento para el resto de productos. La subida del IVA, que afectará de lleno a las cuentas sanitarias, se aplicará desde el 1 de septiembre. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dejado además abierta la puerta a que algunos tipos de productos, com los productos sanitarios, salten un escalón y pasen de tener IVA reducido a estar gravados con el IVA general. Esto podría llegar a incrementar los costes sanitarios en más de 700 millones de euros.
Finalmente, se ha acordado la creación de un fondo estatal de 18.000 millones de euros destinado a dar liquidez a las autonomías que lo precisen, pero bajo estrictas condiciones de vigilancia del cumplimiento de su control del déficit.

También se ha dado el visto bueno definitivo a la reforma de la Ley de Dependencia que regulará el copago en función de la renta y del patrimonio del dependiente. Este copago podrá llegar a ser de hasta el 90 por ciento del coste del servicio, según los casos. Además, la reforma reduce un 15 por ciento la cuantía de las ayudas a los cuidadores no profesionales y retrasa en dos años el derecho de los nuevos dependientes a ser valorados y recibir ayudas.