Salud suprimirá 3.500 camas durante la primera quincena de agosto

Los CAP cobrarán a los turistas de los países que no tienen convenio con España

EP Barcelona 9 JUL 2012 - 00:23 CET

El Departamento de Salud dejará fuera de servicio unas 3.525 camas la primera quincena de agosto por la caída de actividad que se produce este mes, según Josep Maria Argimon, gerente de Compra y Evaluación de Servicios del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut). En este periodo, los 64 hospitales repartidos por el territorio catalán funcionarán con el 75% de las camas disponibles, y en la primera quincena de julio, lo hacen con el 85% de las plazas, si bien el departamento puede reabrir plantas en el caso de que se necesite.

Argimon explicó que Cataluña tiene 14.100 camas hospitalarias, aunque nunca planifica una ocupación del 100%, y de hecho durante la época de gripe de este año, cuando se volvieron a poner en servicio 700 camas, se registró una ocupación aproximada del 95%.

Paralelamente a la supresión temporal de plazas hospitalarias, Salud reforzará con 331 profesionales sanitarios los centros de atención primaria (CAP) de las zonas turísticas de la costa de Girona (173) y Tarragona (123) por el aumento de demanda. Otros 35 sanitarios reforzarán algunos hospitales con un aumento de la demanda de turistas autóctonos y extranjeros.

Turistas sin convenio

Tras la actualización de la orden de precios sobre las prestaciones sanitarias aprobada por el Instituto Catalán de la Salud (ICS) este año, los ambulatorios han recibido órdenes de cobrar las visitas a turistas de países que no tengan un convenio de seguro con España. Con este fin, los CAP han instalado datáfonos para pasar las tarjetas de crédito.

Habrá que esperar a después de verano para hacer balance de la facturación realizada a terceros estos meses, precisó Argimon, que defendió que la actualización de los precios, que no se realizaba desde 2005, hace que estos se adecuen al mercado.

El gerente del ICS, Joaquim Casanovas, señaló: “Solo cobraremos aquello que tenemos la obligación de cobrar, y es preferible que se haga con tarjeta para evitar la circulación de dinero”. En ningún caso ello significa que se facture por actividad privada, porque esto lo impide la ley. Los centros sanitarios públicos aumentarán sus ingresos con la activación de estos cobros, sobre todo por accidentes de trabajo y de tráfico, y en esta línea el Parlament ha instado al ICS a facturar 70 millones de euros.