Valencia: la atención a irregulares sin recursos enfrenta a Consejería y oposición

La publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana del decreto que regula la prestación sanitaria para usuarios que se han quedado fuera de la cobertura del SNS divide a Sanidad y oposición y genera reacciones entre los profesionales.

E. Mezquita | Valencia | 27/12/2013 14:09

La aprobación y publicación del decreto valenciano por el que se regula el convenio especial de prestación de asistencia sanitaria en el ámbito de la región a personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud (SNS), ha provocado importantes reacciones ligadas a la situación en que deja a los inmigrantes irregulares a la hora de acceder al sistema sanitario público.

Mientras la oposición critica que se trata de un golpe a los colectivos más desfavorecidos, desde la Consejería de Sanidad se insiste en que el decreto va enfocado a personas con recursos y que quienes no dispongan de ellos, tienen garantizada la atención sanitaria a través de diversos mecanismos, como el Programa valenciano de protección de la salud.

Ignacio Subías, portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, ha señalado que "estamos frontalmente en contra" del decreto, ya que "los colectivos más desfavorecidos no podrán tener acceso a este tipo de convenios". En esta línea, Subías ha anunciado que, como ya hiciera el Partido Socialista de Euskadi en el parlamento vasco, "presentaremos una propuesta en las Cortes Valencianas para que éstas insten al Gobierno de la Nación a crear y regular una tarjeta sanitaria para los colectivos que no tienen derecho ni acceso al sistema sanitario público". Para Marina Albiol, de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), este decreto es la "materialización de la inhumanidad" del Gobierno regional. Albiol considera que "primero hay una discriminación por ser inmigrantes, se les trata como si no fueran personas y se les quitan sus derechos. Y después hay una segunda discriminación a los pobres, ya que los que tengan dinero podrán acceder a la sanidad, pero los que no tengan continuarán fuera del sistema sanitario".

Para el grupo Compromís, "el texto que llega después de la alarma social creada por la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de expulsar del sistema sanitario a los inmigrantes en situación no regularizada, no plantea ninguna solución a la problemática creada desde el gobierno central, sino al contrario". Según Mónica Oltra, su portavoz adjunta, la cantidad fijada es "absolutamente abusiva" y muy superior "a la que publicitan las compañías aseguradoras privadas". Desde alguna sociedad científica también se ha criticado el resultado del decreto.

Para Camilo Fuster, vocal de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Famila (SEMG) en la Comunidad Valenciana, las medidas que se decretan "son inhumanas y abusivas", ya que "no se puede exigir lo mismo a un extracomunitario rico que a un inmigrante sin trabajo, a un "sin papeles" o a un pobre sin cobertura sanitaria de los que cada vez más numerosos en España". Además, en consonancia con lo expresado por Oltra, Fuster ha apuntado que "hay ofertas de seguros que te dan cobertura sanitaria por menos dinero", además de incidir en que "tambien es menos lo que paga el Gobierno valenciano a los gestores privados de la sanidad pública".

Atención garantizada
Por su parte, desde la Consejería de Sanidad se ha insistido a este periódico en que el decreto va enfocado a personas "con recursos económicos para suscribir" el convenio especial, apuntando que en la región puede haber unas 500 personas en esta situación. Para las personas inmigrantes sin recursos, existen mecanismos que garantizan su atención. Desde Sanidad se ha recordado el Programa valenciano de protección de la salud, puesto en marcha el 1 de agosto, que presta servicio a ciudadanos extranjeros en situación irregular y sin recursos económicos y permite el acceso a la cartera básica de salud pública del Sistema Nacional de Salud (SNS). Los requisitos para poder acogerse son ser extranjero mayor de edad, estar empadronado en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana con una antigüedad igual o superior a un año en el momento de puesta en marcha del programa, no tener reconocido por el INSS la condición de asegurado o beneficiario de la prestación de asistencia sanitaria, no exportar el derecho a la asistencia sanitaria desde el país de origen o procedencia, no reunir los requisitos para suscribir un convenio especial de prestación de asistencia sanitaria y, por último, tener una renta anual de la unidad familiar inferior a 1,5 veces el valor del IPREM (indicador público de renta a efectos múltiples) aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para 2013".

En estos momentos, según datos facilitados por la consejería que encabeza Manuel Llombart, ya se han acogido a este mecanismo más de 1.000 personas. Desde Sanidad también han recordado que "las personas residentes en situación irregular y sin recursos económicos ya tienen garantizada la asistencia urgente, así como el cien por cien de la cartera de servicios en el caso de menores de edad y mujeres embarazadas, mediante lo previsto en el RD 16/2012".