Un polémico asesor para abortar
El Gobierno abre la puerta a concertar la prestación, pero decidirán las autonomías.
Clínicas y asociaciones alertan del riesgo de que caiga en manos de antiabortistas
Las mujeres recibirán asesoramiento y deberán reflexionar siete días sobre su decisión de abortar. / BERNARDO PÉREZ (EL PAÍS)
El nuevo procedimiento de “asesoramiento asistencial completo” que impondrá la futura ley del aborto a todas las mujeres que quieran interrumpir su embarazo en España —para que reflexionen durante siete días sobre alternativas al aborto antes de consumar su decisión— ha encendido la luz de alarma entre algunas asociaciones de mujeres y de clínicas que realizan esta intervención. ¿Quién prestará ese asesoramiento? ¿Con qué medios, teniendo en cuenta que habrá que concertar una entrevista personal con cada mujer que tenga intención de abortar (unas 300 diarias en toda España)? ¿Acabará ese servicio delegado en centros privados, gestionados en muchas ocasiones por asociaciones antiabortistas?
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo el pasado día 20 —cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley— que el asesoramiento lo realizará “un colaborador del sistema público”. Y el propio anteproyecto delega ese cometido en “los servicios a los que se refiere el artículo 18 de la Ley General de Sanidad” —es decir, los servicios públicos de salud—. Pero fuentes del Gobierno admiten que no se descarta firmar más adelante “protocolos en favor de entidades privadas” para prestar ese asesoramiento a las embarazadas, porque los recursos de los servicios públicos son limitados.
Los servicios de salud de la mayoría de las comunidades autónomas tienen, además de sanitarios, trabajadores sociales. Estos serían, en principio, los indicados para ofrecer la información. Pero, como las competencias tanto de sanidad como de servicios sociales están transferidas a las comunidades autónomas, son estas, precisa una portavoz del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, quienes deberán determinar, conforme a sus medios, cómo se proporciona esta prestación. La mayoría de ellas, por ejemplo, ya tienen concertadas las intervenciones de interrupción del embarazo con clínicas privadas, que realizan el 93% de los abortos.
Las autonomías, que son quienes, como ahora, tendrán que gestionar los servicios conforme al nuevo desarrollo normativo, rechazan por el momento pronunciarse. Algunas, como Asturias o Andalucía, de hecho, estudian ya recurrir la ley. El departamento de Ana Mato precisa que se mantendrán reuniones con los responsables autonómicos para tratar de acordar una postura común.
Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social, cree que la redacción del anteproyecto de ley sobre cómo, quién y qué información se dará a las mujeres que se planteen abortar es “muy farragoso”. Afirma que, como ya ha sucedido con otras prestaciones, el sistema elegido por el Ministerio de Justicia abre la puerta a que se concierte el servicio de asesoramiento. “Esto ya es una realidad en otros campos de los servicios sociales. Se hizo, por ejemplo, con los puntos de atención de algunos Ayuntamientos sobre la Ley de Dependencia”, dice.
Lima recalca que no está de acuerdo con la nueva ley, aunque matiza que el asunto no se ha debatido aún en el seno del Consejo. Explica que ahora los trabajadores sociales ya atienden e informan a las mujeres que acuden a solicitar asesoramiento sobre sus opciones ante un embarazo no deseado. “Es el personal que mejor preparado está para ello”, subraya.
El sistema mayoritario y obligatorio de información, sin embargo, es por escrito. Desde el año 2010, cuando una mujer comunica a un médico su decisión de abortar recibe un sobre cerrado con información sobre las alternativas y las ayudas públicas a las que puede acceder si cambia de idea y decide proseguir con su embarazo. La mujer tiene que leer esa información y reflexionar durante tres días antes de someterse al aborto. Ruiz-Gallardón considera que ese “mero trámite” no garantiza “un asesoramiento en profundidad” a las embarazadas. Por eso, en la nueva ley del aborto que ha aprobado el Gobierno el procedimiento de información previa sufre una transformación total: la embarazada recibirá un asesoramiento “personal, individualizado y verbal” (en persona, no por escrito), el contenido de la información será mucho más extenso y de variado tenor —se le recordará, por ejemplo, que el no nacido es un “bien jurídico protegido por la Constitución”, y se le aconsejará sobre cómo resolver sus “conflictos” personales—, y la mujer tendrá que reflexionar durante todo ello durante siete días, no tres.
Lima insiste en que los servicios sociales tienen capacidad técnica para realizar esta labor de asesoramiento, aunque reconoce que, de momento, no hay “recursos efectivos” para ofrecerla. “Para que esto no sea un mero trámite se necesita hacer una entrevista con la mujer, quizá hacerle una visita, un estudio de su situación... Para eso se precisan medios y ahora, ante el desmantelamiento de los servicios sociales, se tiende hacia todo lo contrario”, dice.
Las clínicas autorizadas para practicar abortos temen que la Administración acabe dejando el “asesoramiento asistencial completo” a las embarazadas en manos de asociaciones y centros privados de apoyo a la maternidad; muchas de ellas gestionadas por grupos antiabortistas. “Eso del ‘colaborador del sistema público’ que dijo el ministro es muy vago, y puede incluir perfectamente conciertos con centros privados. ¿Cómo se controlaría qué tipo de asesoramiento objetivo se da en ellos?”, pregunta Diego Fernández, director de la clínica Dator. Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), rechaza, además, que como parte de esa información se tenga que hablar a la mujer de los riesgos del aborto para su fertilidad o plantearle la posibilidad de la adopción. “Toda la ley está hecha no para asumir la decisión de la mujer, sino para tratar de disuadirla de abortar”, dice.
La mayoría de las organizaciones de mujeres están seriamente preocupadas por la información que se va a facilitar a las embarazadas. “Partiendo de la base de que ya cuestiona a las mujeres que acuden solicitando esta prestación sanitaria, en función de cómo sea el asesoramiento y quién lo haga puede ser no solo un obstáculo, también un acto de intimidación e incluso de tortura”, considera Justa Montero, de la Asamblea Feminista.
También numerosas organizaciones de mujeres temen que se concierte el servicio con entidades contrarias al aborto, como las que tratan de disuadir a las mujeres en la puerta de las clínicas. En Alemania, por ejemplo, existe un sistema similar de asesoramiento como el elegido por Gallardón, pero allí las mujeres pueden elegir quién les ofrece la información conforme, por ejemplo, a sus creencias religiosas.
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