Ratifican la potestad del Ministerio de Salud para inspeccionar farmacias porteñas
Lo afirmó la Procuración General de la Nación, mediante una resolución. A partir de esto, la cartera sanitaria podrá multar a los locales de la cadenera Farmacity por violar la resolución que impide vender bebidas, alimentos y otros productos prohibidos para farmacias.
Hace unos días, legisladores porteños reclamaron que la justicia defina la situación de Farmacity, la cadenera más grande del país, que en la ciudad de Buenos Aires fue beneficiada por un decreto del gobierno local para mantener su modelo polirrubro, pese a la resolución del ministerio de Salud nacional que obliga a las farmacias a dejar de vender bebidas, golosinas y otros productos no médicos. Ahora, la presión se incrementó, con una resolución que es un nuevo revés para la estrategia de la cadena y sus socios: un fallo ratifica la potestad de la cartera sanitaria de realizar controles en locales ubicados en la Capital Federal. De esta manera, podrían comenzar a realizarse inspecciones para garantizar se cumpla la resolución nacional, pese al decreto del gobierno de Mauricio Macri que contradice la normativa.Una resolución de la Procuración General de la Nación rechazó que la cartera sanitaria nacional no pueda controlar farmacias porteñas, en especial Farmacity. Según la entidad, el ministerio de Salud “tiene la potestad de ejercer el control sanitario de las farmacias de la Ciudad de Buenos Aires porque los decretos dictados por el Jefe de Gobierno Mauricio Macri a comienzos de año en beneficio exclusivo de Farmacity, no pueden invalidar la denominada ‘Ley Cafiero’ que otorgó una autonomía acotada a la capital argentina”.
El dictamen de la Procuración General de la Nación vino a terciar en la polémica entre Nación y la Ciudad por el control de las farmacias “polirrubro”. Mientras que la cartera nacional dictaminó mediante una resolución la prohibición de vender alimentos, bebidas y otros productos en farmacias, los decretos 41/14 y 98/14 de Macri, dictados a comienzos de año, permitieron estos productos, un claro guiño a Farmacity, ejemplo de este modelo de comercialización.
Voceros del ministerio de Salud confirmaron al portal especializado Pharmabaires que “a partir de este dictamen, nuestros inspectores están habilitados para volver a inspeccionar a Farmacity y que si la cadena les prohíbe ingresar se levantarán las actas correspondientes”. “Los inspectores van a seguir en la calle” aseguraron, aunque la otra posibilidad es que directamente el Ministerio de Salud acuda a la justicia para pedir que se declaren carentes de toda validez los decretos de Macri.
La resolución 1632/13, publicada en el Boletín Oficial, precisa que las farmacias “sólo podrán dedicarse a la venta de recetas preparadas, dispensa de drogas, medicamentos, incluidos de venta libre y especialidades farmacéuticas cualquiera sea su condición de expendio, además de los productos destinados a la higiene o estética de las personas y productos para diagnósticos”. Esto deja fuera de los mostradores cualquier tipo de alimentos, bebidas, productos deportivos, y otras cosas que se suelen ver en las cadenas del sector.
Sin embargo, el decreto 98/14 del gobierno porteño, invocando ese poder de policía que nunca le fue traspasado pero que él autoasume, dispuso que las farmacias podían funcionar como polirrubros, es decir venta de chupetines y medicamentos psiquiátricos, curitas y drogas contra el cáncer. "Contra todos los criterios de salud del mundo, impulsa el consumo de los medicamentos, que es el principal camino hacia la drogadicción, la automedicación."
Ante esto, la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti presentó un amparo, que busca anular el decreto porteño que anula la resolución nacional. "Ya presentamos un amparo y esperamos la decisión del juez para fijar la nulidad del decreto, por ser totalmente inconstitucional. Ni siquiera tiene carácter de necesidad y urgencia y va contra la ley nacional, en virtud de que nunca le fue transferido a la Ciudad el poder de policía para regular un tema como este", le dijo al portal iProfesional la legisladora.
"El juez está demorando lo inevitable y que hasta los mismos legisladores del PRO dan por descontado. Tarde o temprano, el decreto será declarado nulo y la cadena deberá ajustarse a la ley. La inconstitucionalidad ya debió haberse establecido hace más de un mes", agregó Cerruti.
Fuente: Mirada Profesional Farmacéutica
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