El médico penitenciario quiere dejar de litigar por sus derechos

Confía en que la transferencia de las competencias mejorará su situación. El Ministerio de Interior no aplica de oficio fallos judiciales reiterados.

Soledad Valle. Madrid | soledad.valle@unidadeditorial.es | 13/03/2017 00:00

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Del 15 al 30 de diciembre de 2016, el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria realizó una encuesta entre médicos y enfermeros de prisiones de toda España. Analizaron 89 encuestas, 32 realizadas por médicos, 3 por farmacéuticos y el resto por enfermeros. (Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria) (Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria)

Los sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias son 1.479, de los que, en 2014, 471 eran médicos, según datos del Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria. Estos profesionales quieren que se transfiera la sanidad penitenciaria y que deje de depender del Ministerio de Interior. Así queda demostrado en la encuesta realizada en diciembre de 2016 por el citado sindicato (ver información adjunta), que refleja cómo con ese cambio ven la posibilidad de mejorar sus condiciones laborales y terminar con "la judicialización por la que están marcadas las relaciones del personal sanitario penitenciario", señala José Veiras, secretario general del sindicato.

Declaración oficial
El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció la semana pasada que durante este mes de marzo se reuniría con las autonomías que no tienen las competencias en sanidad penitencia -que son todas excepto Cataluña y País Vasco- para avanzar en ese camino. Pero mientras eso ocurre, los médicos penitenciarios están abocados a recurrir a los tribunales para que se les reconozca cada derecho.

Tienen que ir casi de uno en uno, sin aplicar de oficio reconocimientos consolidados por la jurisprudencia menor (la de tribunales autonómicos y juzgados centrales) como ocurre con el cobro del complemento de productividad por guardias en situación de bajas médicas o de vacaciones, el descanso semanal o el pago de la hora de guardia.

El abogado David Labrador Gallardo ha llevado la defensa judicial de 350 sanitarios de cárceles reclamando el pago del complemento de productividad en situación de baja. Y explica: "La primera sentencia sobre este caso la dictó el TSJ de Extremadura, en 2012, reconociéndole este derecho a un médico penitenciario de Badajoz. La última, la Audiencia Nacional, el pasado octubre, resolviendo en el mismo sentido. Aun así, Instituciones Penitenciarias no reconoce de oficio el cobro de guardias en situación de baja o vacaciones, y hay que litigar".

El Consejo de Ministros del pasado 3 de marzo autorizó a Interior un fondo de 123.346,21 euros para hacer frente a la ejecución de una sentencia del TSJ de Aragón y otras de varios Juzgados Centrales de Madrid, que condenaban al pago del citado complemento. Es decir, hay un reconocimiento de la obligación de pago de la guardia, pero sólo con sentencia previa.

A cuentagotas
Juan García, médico del penal Castellón I y expresidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, espera su sentencia sobre el cobro de guardias junto a los sanitarios de la misma prisión, que también han recurrido este asunto. Doce profesionales, en total.

"Los derechos que tenemos se los hemos arrancado a la Administración a base de sentencias", apunta García, quien recuerda que también hubo que pelear la bajada de sueldo extra que sufrieron como funcionarios de prisiones. "En 2010 se bajó el sueldo a todos los funcionarios un 5 por ciento; en nuestro caso, fue un 7 por ciento. Entonces ha habido que pleitear por la devolución de ese 3 por ciento. En mi caso, me han devuelto lo correspondiente a los cuatro últimos años".

García lo tiene claro: "Un servicio sanitario debe depender de un órgano sanitario y no del Ministerio de Interior". Por ese motivo, peleó cuando estuvo al frente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria: "Entre 2004 y 2010, me recorrí todas las autonomías hablando de ese tema que, además, es un derecho reconocido en la Ley de Cohesión y Calidad de 2003". La citada ley le daba a la Administración central 18 meses para iniciar las transferencias. Han transcurrido 14 años y solo Cataluña y País Vasco tienen competencia en prisiones. ¿A quién hay que echar la culpa? García opina que "la Administración central debería haber adoptado el papel de liderazgo, pero las comunidades autónomas tampoco han demostrado interés en recibir esa competencia".

Carmen Hoyos Peña, coordinadora nacional del grupo de relaciones laborales de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y coordinadora de Sanidad Penitenciaria en la Organización Médica Colegial (OMC), ha estado en conversaciones recientes con los grupos políticos para sacar adelante este tema y confía en que la iniciativa del actual legislativo sea la definitiva. "No hay marcha atrás, porque la sanidad penitenciaria se está cayendo".