Aragón quiere reunirse "lo antes posible" con Cataluña para pedir atención sanitaria para los pacientes derivados
Zaragoza (19/10/2011) - E.P.
El consejero de Sanidad de la comunidad aragonesa, Ricardo Oliván, se reuné con el director general de Ordenación Profesional del Ministerio, Francisco Valero, y pide una atención "en igualdad de condiciones" o de lo contrario amenaza con rescindir el contrato suscrito en 2005
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha expresado su intención de reunirse "lo antes posible" con el consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz, para reclamar atención médica de los ciudadanos aragoneses.
Aragón y Cataluña tendrán que resolver el problema de atención médica a los pacientes derivados de forma bilateral, ya que esta atención está suscrita mediante convenio firmado en el año 2005 entre las dos autonomías, han explicado el consejero Oliván y el director general de Ordenación Profesional y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, Francisco Valero, en declaraciones a los medios después de una reunión que han mantenido en el despacho del consejero en Zaragoza.
El acuerdo suscrito entre Cataluña y Aragón para pacientes desviados pretende asegurar la atención de ciudadanos aragoneses en la comunidad vecina y viceversa, aunque no contiene ninguna compensación económica por ello. No obstante, sí establece "unos compromisos para atender en igualdad de condiciones", algo que "Cataluña está incumpliendo", ha matizado el consejero.
Esta situación es distinta a la de los pacientes desplazados, a los que las comunidades autónomas están obligadas a atender cuando tienen un problema de salud cuando se encuentran de paso en su territorio, sin poder reclamar a la comunidad de origen una compensación económica por esta atención. "Todas las comunidades están obligadas a atender a las personas desplazadas en las mismas condiciones que los de allí", ha subrayado Oliván.
Ante esta situación, ha asegurado que el Gobierno de Aragón va a recoger todos los datos que tiene sobre la falta de atención sanitaria de aragoneses en Cataluña y enviarla al Ministerio para ver si se puede actuar y requerir a la comunidad catalana el cumplimiento de "este derecho que tiene el ciudadano español".
El consejero de Salud aragonés ha reconocido que en Cataluña se atienden más pacientes aragoneses que al
contrario, pero también ha manifestado que si no se cumple el convenio "se rescinde".
En lo que se refiere a personas derivadas, el denominado Fondo de Cohesión Territorial del Gobierno central paga a la comunidad autónoma cierta cantidad de dinero por la atención que en otras comunidades no se puede proporcionar a la población; en el caso de Cataluña ha recibido trece millones de euros del Estado en los últimos cuatro años por este tipo de atenciones a ciudadanos aragoneses.
Ley de Cohesión
Por su parte, el director general de Ordenación Profesional y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, Francisco Valero, ha aclarado que se esta "abordando la problemática que puede estar surgiendo en la Franja", a través de los principios básicos que tiene la Ley de Cohesión.
Por ello, el Gobierno central se va a dirigir a la Generalitat catalana para escuchar su postura y, si se confirma que están realizando una interpretación inadecuada del convenio entre comunidades, se realizará "un requerimiento formal a Cataluña que garantice los derechos, la garantía y la cohesión de nuestros ciudadanos".
El director general de Ordenación Profesional y Cohesión del Sistema Nacional de Salud ha aclarado que "el problema de los desplazados surge fundamentalmente en época estival y ya se manifestó alguna problemática el año pasado".
Ante esta situación, Valero ha indicado que se creó en primavera una Comisión de Prestaciones promovida por un grupo de trabajo para "ver y analizar" la situación que se está produciendo y si realmente hay quiebra de garantía y que este trabajo se está ultimando.
Valero también ha señalado que se están produciendo "interpretaciones distintas" por parte de los servicios de Salud de un derecho que "está muy claro en el artículo 4 de la Ley de Cohesión".
Rudi avala la Mesa de Coordinación de Sanidad
Por otra parte, la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha presidido este martes el inicio de la primera reunión de la Mesa de Coordinación de Sanidad, que el Gobierno ha creado con el objetivo de que realice en un primer momento un diagnóstico de la Sanidad aragonesa "no más allá del 15 de enero" próximo, y que debe ser un órgano "participativo, operativo" y que "no sustituye" a ningún otro existente actualmente.
Así lo ha precisado Rudi ante todos los miembros de la mesa, constituida por sindicatos, colegios profesionales, centros médicos privados, asociaciones de pacientes, familiares y consumidores y representantes de la Administración, con el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, a la cabeza.
Rudi ha fijado el 15 de enero como la fecha para contar con ese diagnóstico, respecto al que ha reconocido que probablemente "no llegaremos a una posición de unanimidad" pues los integrantes de la mesa representan a sectores "muy diversos y plurales". No obstante, sí espera que se alcance "un diagnóstico en cuyas líneas maestras compartamos mayoritariamente" para "garantizar la calidad" del sistema sanitario.
La presidenta se ha referido a la "compleja" situación económica y ha mencionado el desfase presupuestario en Sanidad, que superará los 400 millones de euros a finales de 2011 en Aragón. En este sentido, ha desglosado los datos aportados por la auditoria realizada por la Intervención General respecto a las cuentas de la comunidad autónoma, dada a conocer este lunes.
Según este informe, el gasto sanitario real en Aragón se acercará a final de año a los 450 millones de euros, a los que hay que sumar el déficit que existía al cierre del 2010 de 220 millones de euros, "que estaba sin cobertura presupuestaria" y los 34 millones de euros de la deuda pendiente de los centros sin contratos de gestión, haciendo un total de 704 millones de euros, y restar los 288 millones de euros que figuran en los presupuestos de 2011 para este área, lo que arroja un déficit de 416 millones.
Al respecto, ha asegurado que este Gobierno "no va a meter la cabeza debajo del ala y desplazar ese gasto al año que viene" como se ha hecho en los últimos años, sino que "hay que hacer el cálculo exacto y asumir ese déficit en el presupuesto del año que viene".
Infradotaciones
La presidenta de Aragón ha puntualizado que a la situación actual se ha llegado por "infradotaciones" en el gasto y por haber valorado por encima los ingresos. Rudi ha subrayado, no obstante, que los "ajustes" presupuestarios "no se van a aplicar ni a Educación, ni a Sanidad, ni a servicios sociales", pero sí habrá que gestionar con "mejor eficacia y eficiencia" para, "con los mismos recursos, mantener la calidad de nuestra Sanidad y que sea una Sanidad para todos".
No siempre dedicar más dinero supone que la Sanidad mejore, ha argumentado la presidenta de Aragón, para agregar que si se cuenta con un diagnóstico "lo más cercano a la realidad posible" se podrá ser más eficaz y eficiente, incluyendo los temas de más "compleja solución" y o aquellos que el Departamento de Sanidad quiere someter a revisión.
El objetivo de la mesa, ha señalado, es contar con la "ayuda" de los representantes del sector para poseer un diagnóstico "lo más participativo posible" y poder tomar esas medidas de eficacia y eficiencia, además de que con esta mesa "no pretendemos delegar responsabilidades, ni escondernos detrás de nadie", sino que "gobernaremos".
Rudi ha manifestado que la creación de esta mesa es un compromiso que adquirió en el debate de investidura para "analizar la situación" y hacerlo contando con "la participación de los integrantes del sector, que son los que lo conocen realmente" y ha recalcado que este grupo de trabajo "no sustituye a ninguno de los órganos que legalmente estamos obligados a constituir".
Calendario de trabajo
El calendario de trabajo expuesto por el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, ante los miembros de la mesa, prevé que el 2 de noviembre se trate sobre la reforma de la Atención Primaria y el día 15 de ese mismo mes sobre la optimización de recursos y reducción del gasto, absentismo, autoconcierto, gasto farmacéutico y suministros.
El día 29 de noviembre se abordará la autoridad pública del médico y otros profesionales sanitarios y el 13 de diciembre el plan de calidad en la Sanidad aragonesa.
Los integrantes de la mesa son, por parte de los sindicatos, CSIF, SATSE, CESM, CGT, SAE, FASAMET, CC.OO. y UGT. Además, hay un representante de los centros médicos privados y de los colegios profesionales de Médicos, Enfermeros, Farmacéuticos, Veterinarios y Psicólogos.
Por parte de las asociaciones, las hay de los sectores de salud mental, discapacidad y de otros colectivos sanitarios, así como de Cruz Roja, de defensa de los pacientes y de consumo. Asimismo, hay varios representantes de la Administración.
Aragón y Cataluña tendrán que resolver el problema de atención médica a los pacientes derivados de forma bilateral, ya que esta atención está suscrita mediante convenio firmado en el año 2005 entre las dos autonomías, han explicado el consejero Oliván y el director general de Ordenación Profesional y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, Francisco Valero, en declaraciones a los medios después de una reunión que han mantenido en el despacho del consejero en Zaragoza.
El acuerdo suscrito entre Cataluña y Aragón para pacientes desviados pretende asegurar la atención de ciudadanos aragoneses en la comunidad vecina y viceversa, aunque no contiene ninguna compensación económica por ello. No obstante, sí establece "unos compromisos para atender en igualdad de condiciones", algo que "Cataluña está incumpliendo", ha matizado el consejero.
Esta situación es distinta a la de los pacientes desplazados, a los que las comunidades autónomas están obligadas a atender cuando tienen un problema de salud cuando se encuentran de paso en su territorio, sin poder reclamar a la comunidad de origen una compensación económica por esta atención. "Todas las comunidades están obligadas a atender a las personas desplazadas en las mismas condiciones que los de allí", ha subrayado Oliván.
Ante esta situación, ha asegurado que el Gobierno de Aragón va a recoger todos los datos que tiene sobre la falta de atención sanitaria de aragoneses en Cataluña y enviarla al Ministerio para ver si se puede actuar y requerir a la comunidad catalana el cumplimiento de "este derecho que tiene el ciudadano español".
El consejero de Salud aragonés ha reconocido que en Cataluña se atienden más pacientes aragoneses que al
contrario, pero también ha manifestado que si no se cumple el convenio "se rescinde".
En lo que se refiere a personas derivadas, el denominado Fondo de Cohesión Territorial del Gobierno central paga a la comunidad autónoma cierta cantidad de dinero por la atención que en otras comunidades no se puede proporcionar a la población; en el caso de Cataluña ha recibido trece millones de euros del Estado en los últimos cuatro años por este tipo de atenciones a ciudadanos aragoneses.
Ley de Cohesión
Por su parte, el director general de Ordenación Profesional y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, Francisco Valero, ha aclarado que se esta "abordando la problemática que puede estar surgiendo en la Franja", a través de los principios básicos que tiene la Ley de Cohesión.
Por ello, el Gobierno central se va a dirigir a la Generalitat catalana para escuchar su postura y, si se confirma que están realizando una interpretación inadecuada del convenio entre comunidades, se realizará "un requerimiento formal a Cataluña que garantice los derechos, la garantía y la cohesión de nuestros ciudadanos".
El director general de Ordenación Profesional y Cohesión del Sistema Nacional de Salud ha aclarado que "el problema de los desplazados surge fundamentalmente en época estival y ya se manifestó alguna problemática el año pasado".
Ante esta situación, Valero ha indicado que se creó en primavera una Comisión de Prestaciones promovida por un grupo de trabajo para "ver y analizar" la situación que se está produciendo y si realmente hay quiebra de garantía y que este trabajo se está ultimando.
Valero también ha señalado que se están produciendo "interpretaciones distintas" por parte de los servicios de Salud de un derecho que "está muy claro en el artículo 4 de la Ley de Cohesión".
Rudi avala la Mesa de Coordinación de Sanidad
Por otra parte, la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha presidido este martes el inicio de la primera reunión de la Mesa de Coordinación de Sanidad, que el Gobierno ha creado con el objetivo de que realice en un primer momento un diagnóstico de la Sanidad aragonesa "no más allá del 15 de enero" próximo, y que debe ser un órgano "participativo, operativo" y que "no sustituye" a ningún otro existente actualmente.
Así lo ha precisado Rudi ante todos los miembros de la mesa, constituida por sindicatos, colegios profesionales, centros médicos privados, asociaciones de pacientes, familiares y consumidores y representantes de la Administración, con el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, a la cabeza.
Rudi ha fijado el 15 de enero como la fecha para contar con ese diagnóstico, respecto al que ha reconocido que probablemente "no llegaremos a una posición de unanimidad" pues los integrantes de la mesa representan a sectores "muy diversos y plurales". No obstante, sí espera que se alcance "un diagnóstico en cuyas líneas maestras compartamos mayoritariamente" para "garantizar la calidad" del sistema sanitario.
La presidenta se ha referido a la "compleja" situación económica y ha mencionado el desfase presupuestario en Sanidad, que superará los 400 millones de euros a finales de 2011 en Aragón. En este sentido, ha desglosado los datos aportados por la auditoria realizada por la Intervención General respecto a las cuentas de la comunidad autónoma, dada a conocer este lunes.
Según este informe, el gasto sanitario real en Aragón se acercará a final de año a los 450 millones de euros, a los que hay que sumar el déficit que existía al cierre del 2010 de 220 millones de euros, "que estaba sin cobertura presupuestaria" y los 34 millones de euros de la deuda pendiente de los centros sin contratos de gestión, haciendo un total de 704 millones de euros, y restar los 288 millones de euros que figuran en los presupuestos de 2011 para este área, lo que arroja un déficit de 416 millones.
Al respecto, ha asegurado que este Gobierno "no va a meter la cabeza debajo del ala y desplazar ese gasto al año que viene" como se ha hecho en los últimos años, sino que "hay que hacer el cálculo exacto y asumir ese déficit en el presupuesto del año que viene".
Infradotaciones
La presidenta de Aragón ha puntualizado que a la situación actual se ha llegado por "infradotaciones" en el gasto y por haber valorado por encima los ingresos. Rudi ha subrayado, no obstante, que los "ajustes" presupuestarios "no se van a aplicar ni a Educación, ni a Sanidad, ni a servicios sociales", pero sí habrá que gestionar con "mejor eficacia y eficiencia" para, "con los mismos recursos, mantener la calidad de nuestra Sanidad y que sea una Sanidad para todos".
No siempre dedicar más dinero supone que la Sanidad mejore, ha argumentado la presidenta de Aragón, para agregar que si se cuenta con un diagnóstico "lo más cercano a la realidad posible" se podrá ser más eficaz y eficiente, incluyendo los temas de más "compleja solución" y o aquellos que el Departamento de Sanidad quiere someter a revisión.
El objetivo de la mesa, ha señalado, es contar con la "ayuda" de los representantes del sector para poseer un diagnóstico "lo más participativo posible" y poder tomar esas medidas de eficacia y eficiencia, además de que con esta mesa "no pretendemos delegar responsabilidades, ni escondernos detrás de nadie", sino que "gobernaremos".
Rudi ha manifestado que la creación de esta mesa es un compromiso que adquirió en el debate de investidura para "analizar la situación" y hacerlo contando con "la participación de los integrantes del sector, que son los que lo conocen realmente" y ha recalcado que este grupo de trabajo "no sustituye a ninguno de los órganos que legalmente estamos obligados a constituir".
Calendario de trabajo
El calendario de trabajo expuesto por el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, ante los miembros de la mesa, prevé que el 2 de noviembre se trate sobre la reforma de la Atención Primaria y el día 15 de ese mismo mes sobre la optimización de recursos y reducción del gasto, absentismo, autoconcierto, gasto farmacéutico y suministros.
El día 29 de noviembre se abordará la autoridad pública del médico y otros profesionales sanitarios y el 13 de diciembre el plan de calidad en la Sanidad aragonesa.
Los integrantes de la mesa son, por parte de los sindicatos, CSIF, SATSE, CESM, CGT, SAE, FASAMET, CC.OO. y UGT. Además, hay un representante de los centros médicos privados y de los colegios profesionales de Médicos, Enfermeros, Farmacéuticos, Veterinarios y Psicólogos.
Por parte de las asociaciones, las hay de los sectores de salud mental, discapacidad y de otros colectivos sanitarios, así como de Cruz Roja, de defensa de los pacientes y de consumo. Asimismo, hay varios representantes de la Administración.
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