viernes, 12 de septiembre de 2014

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Un juzgado de Sevilla rechaza la suspensión cautelar de la cuarta subasta pública de medicamentos andaluza solicitada por el Estado



Sevilla (12/09/2014) - Redacción

• La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía, María José Sánchez Rubio, afirma que la comunidad seguirá adelante con estos procedimientos

• Esta resolución se suma a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que ha concluido que "las alegaciones formuladas por la Abogacía del Estado para pedir la suspensión del procedimiento carecen de entidad suficiente"

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Sevilla ha rechazado la solicitud del Gobierno de España de suspender cautelarmente la cuarta selección pública de medicamentos. Así lo ha explicado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, durante el Pleno del Parlamento, donde se ha referido a esta petición realizada por la Abogacía del Estado.
Esta resolución se suma, tal y como ha señalado la máxima responsable de la Sanidad andaluza, a los pronunciamientos ya emitidos por el Tribunal Constitucional, que ha concluido que "las alegaciones formuladas por la Abogacía del Estado para pedir la suspensión del procedimiento carecen de entidad suficiente".
En la misma línea, Sánchez Rubio ha recordado que dicho tribunal ya reconoció en 2012 que "es indiscutible que la sostenibilidad del sistema sanitario público impone a todos los poderes públicos la necesidad de adoptar medidas de racionalización y contención del gasto farmacéutico".
La consejera, quien ha afirmado que Andalucía seguirá adelante con las selecciones públicas de medicamentos y ha recordado que el Decreto-Ley 3/2011 que regula dicho procedimiento está en vigor, ha apuntado que el objetivo de ahorro de esta medida es de 200 millones de euros.
En la misma línea, ha defendido que la selección pública de medicamentos cumple con todos los criterios de garantía, que los productos incluidos en la misma están en el catálogo nacional, aprobado y autorizado por la Agencia Nacional de de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y que se trata de un procedimiento que permite avanzar en la eficiencia económica del sistema sanitario público y en su sostenibilidad, en tanto supone un importante ahorro, sin mercar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

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