jueves, 5 de diciembre de 2013

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CC.OO plantea la necesidad de nuevas normas para un buen gobierno sanitario

 

Madrid (05/12/2013) - Silvia C. Carpallo

El sindicato ha elaborado un informe sobre el gasto sanitario en España, en el que se observa la pérdida de 53.000 empleos, y de una importante bajada en el gasto público sanitario, y que será el primero de una serie de documentos que analizarán el gasto farmacéutico, la situación del empleo en el sector, los nuevos modelos de gestión y las desigualdades sociales

"La Sanidad requiere de reformas nucleares", esa es la primera conclusión que se extrae del Informe sobre el gasto sanitario en España realizado por Comisiones Obreras (CCOO), y que ha presentado el coordinador del mismo, Fernando Puig-Samper. El mismo exponía que una de las claves pasa por entender que "el sistema está cojo de buen gobierno, falta transparencia  y rendición de cuentas", y de aquí se generan gran parte de los problemas. Entre algunos de los asuntos más destacados, el autor hablaba además de la necesidad de profesionalizar la gestión; de crear diseños y proyectos más enfocados al medio y al largo plazo; conectar no sólo la atención especializada y la Primaria, sino también todo lo sociosanitario; mejorar en sistemas de evaluación, tanto previa como posterior; y la necesidad de tomar decisiones basadas en acuerdos y en negociaciones con los propios profesionales y los representantes de los mismos.
En este sentido, el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC.OO, Carlos Bravo, recordaba que "el sistema requiere consensos y no decisiones unilaterales", pero que esos consensos deben hacerse con los interlocutores que tienen dichas competencias, citando a la propia mesa sectorial y criticando la "multiplicación de foros", que si bien pueden reunirse con el Ministerio, en su opinión no deben de ser con quienes se determinen estos consensos, en referencia al Foro de la Profesión Médica y su homólogo en Enfermería  y a los pactos firmados con el Ministerio de Sanidad, que ya han criticado diferentes sindicatos. En cuanto al informe, el secretario recordaba que este no es sino el primero de una serie de documentos que se realizarán para analizar el gasto farmacéutico, la situación del empleo en el sector, los nuevos modelos de gestión y las desigualdades sociales.
Disminución de gasto y de empleo
Entre los datos más llamativos del informe cabe hablar sobre la disminución generalizada del gasto sanitario público respecto al PIB, que si en 2007 era de 7,2 por ciento, en 2016, según estimaciones del propio Gobierno, disminuirá hasta el 5,4 por ciento, lo cual, en palabras de Puig-Samper es "anunciarnos una etapa de fuertes turbulencias", pero sobre todo una cuestión que desencadenará "una profundización de desigualdades sociales".
Igualmente, observando el presupuesto por autonomías el experto insiste en la idea de que se infrapresupuesta la Sanidad, generando agujeros negros, que en 2011 se tradujeron por un déficit de 4.706 millones de euros. Este presupuesto público, también es invertido en provisión privada, advierten desde CCOO, aportando datos como que el volumen económico de la subcontratación de actividades sanitarias en 2011 se elevaba a 4491 millones en hospitales, 3962 millones en proveedores de atención ambulatoria y 1857 millones en establecimientos de atención medicalizada y residencial.
Otra cuestión importante a destacar son los datos referentes al empleo, donde se cuantificaba una pérdida de 53.000 empleos asalariados, entre 2011 y 2013, sobre todo basado en empleo temporal e indefinido, aunque también en jubilaciones no suplidas. Por otra parte, no sólo ha existido una pérdida de empleo, sino también un desplazamiento de la jornada, y es que este año el 47,2 por ciento del personal trabaja en jornadas de entre 36 y 38 horas. Pese a este aumento de la jornada, no se han llegado a suplir las carencias de personal, por lo que "la reducción de actividades en los centros están duplicando las listas de espera".
Por último, el informe prestaba su atención a la necesidad de crear mecanismos que eviten las llamadas "puertas giratorias" entre el sector público y el privado, ya que según el autor se están produciendo "no son connivencias de transición de conocimientos, sino de intereses directos y personales".

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