FRAUDEMás de 80.000 afectadas en el mundo
Cuatro años de cárcel para el inventor de las prótesis mamarias de la marca PIP
En España se calcula que hay unas 18.500 mujeres con estos implantes mamarios
El fundador confesó usar una silicona industrial, pero "sin ningún riesgo sanitario"
Tendrá que pagar una multa de 75.000 euros y no podrá ejercer en medicina
Jean-Claude Mas, a la llegada al Tribunal Correccional de Marsella.AFP
El Tribunal Correccional de Marsella, en el sureste de Francia, ha condenado este martes a cuatro años de cárcel a Jean-Claude Mas, fundador de la empresa PIP que inventó y fabricó unos implantes mamarios fraudulentos que afectaron a más de 30.000 personas en Francia y 80.000 en el mundo. En España se calcula que hay unas 18.500 mujeres con estas prótesis de mama.
Mas, de 74 años, fundó en 1991 la empresa Poly Implant Prothèse (PIP) y se convirtió en el cuarto fabricante mundial de prótesis mamarias gracias a sus implantes de bajo coste fabricados con un gel no homologado por las autoridades.
Unas 80.000 mujeres en el mundo estaban esperando el veredicto de un juicio a gran escala y sin precedentes que se celebró hace siete meses y en el que Mas se mantuvo imperturbable. Además de los cuatro años de cárcel, Mas ha sido condenado a una multa de 75.000 euros, frente a los 100.000 reclamados por la acusación, y a la prohibición de ejercer tanto en el sector sanitario como en la gestión de cualquier tipo de empresa, de por vida.
"Nos sentimos muy desanimadas. Cuatro años en prisión y 75.000 euros no nos deja satisfechas. Este hombre ha hecho muchísimo daños", comenta Eva Giménez a EL MUNDO, presidenta de la Asociación Nacional de Afectadas por las Prótesis PIP. "Esperemos que en España se haga más justicia". Tal y como señala esta afectada, no hay ninguna española entre las 5.000 denunciantes de la causa francesa. "Nosotras interpusimos una demanda en la Audiencia Nacional que se admitió a trámite y ahora está en instrucción. Estamos a la espera", agrega.
Además del creador de las prótesis PIP, el Tribunal condenó a otros cuatro trabajadores de la empresa. Claude Couty, director general y consejero delegado de la empresa, ha recibido una sentencia de cuatro años, dos de prisión y dos de libertad condicional, y una multa de 50.000 euros; Hannelore Font, directora de calidad, a una pena de tres años, uno de ellos en libertad condicional; Loic Gossart, responsable de producción, a una sentencia tres años, de los cuales 18 meses son de libertad condicional y, finalmente, Thierry Brinon, responsable de I+D, a dos años, 18 meses de ellos de libertad condicional.
Todos ellos han sido considerados culpables de haber puesto en marcha un proceso para engañar a las autoridades sanitarias francesas y poder fabricar en su planta del sureste francés prótesis con un gel no homologado, derivado de una silicona industrial diez veces más barata que la de sus competidores, lo que les convertía en las más competitivas del mercado.
"No sólo se es culpable por acción, también por omisión y en España se ha omitido mucho. Muchos cirujanos sabían desde hace años que las PIP estaban dando malos resultados y eran corrosivas, pero siguieron implantándolas", apunta Giménez.
Hasta su prohibición en 2010, poco después de que se multiplicaran los incidentes con las prótesis mamarias PIP, la acusación estimó que la empresa se ahorró un millón de euros anuales en gastos de fabricación.
PIP llegó a obtener el 84 % de su facturación fuera de Francia, esencialmente en América Latina, donde en países como Venezuela se estima que 33.000 mujeres fueron operadas para implantarles esas prótesis.
Pese a las acusaciones de fraude, durante el juicio Mas confesó utilizar una silicona industrial, pero afirmó que sus prótesis no tenían ningún riesgo sanitario y acusó a las mujeres que lo llevaron ante los tribunales de ser "frágiles" y de pretender "sacarle el dinero".
Un dinero que asegura que no tiene, porque, según explicó en la audiencia, el cierre de su empresa le dejó en la ruina, algo que los abogados de las denunciantes consideran falso, por lo que han pedido que se investigue la posibilidad de que tenga fondos ocultos en paraísos fiscales.
En el ojo del huracán también está la empresa alemana Tüv, que durante años certificó las prótesis de PIP pasando por alto que estaban fabricadas con un gel no homologado.
El último balance de la Agencia Francesa de Medicamentos y Productos Sanitarios (ANSM) ha registrado más de 7.500 rupturas de prótesis y 3.000 casos de efectos indeseables, principalmente "reacciones inflamatorias". Sólo en Francia se estima que ha habido unas 30.000 personas afectadas.
Mas, de 74 años, fundó en 1991 la empresa Poly Implant Prothèse (PIP) y se convirtió en el cuarto fabricante mundial de prótesis mamarias gracias a sus implantes de bajo coste fabricados con un gel no homologado por las autoridades.
Unas 80.000 mujeres en el mundo estaban esperando el veredicto de un juicio a gran escala y sin precedentes que se celebró hace siete meses y en el que Mas se mantuvo imperturbable. Además de los cuatro años de cárcel, Mas ha sido condenado a una multa de 75.000 euros, frente a los 100.000 reclamados por la acusación, y a la prohibición de ejercer tanto en el sector sanitario como en la gestión de cualquier tipo de empresa, de por vida.
"Nos sentimos muy desanimadas. Cuatro años en prisión y 75.000 euros no nos deja satisfechas. Este hombre ha hecho muchísimo daños", comenta Eva Giménez a EL MUNDO, presidenta de la Asociación Nacional de Afectadas por las Prótesis PIP. "Esperemos que en España se haga más justicia". Tal y como señala esta afectada, no hay ninguna española entre las 5.000 denunciantes de la causa francesa. "Nosotras interpusimos una demanda en la Audiencia Nacional que se admitió a trámite y ahora está en instrucción. Estamos a la espera", agrega.
Además del creador de las prótesis PIP, el Tribunal condenó a otros cuatro trabajadores de la empresa. Claude Couty, director general y consejero delegado de la empresa, ha recibido una sentencia de cuatro años, dos de prisión y dos de libertad condicional, y una multa de 50.000 euros; Hannelore Font, directora de calidad, a una pena de tres años, uno de ellos en libertad condicional; Loic Gossart, responsable de producción, a una sentencia tres años, de los cuales 18 meses son de libertad condicional y, finalmente, Thierry Brinon, responsable de I+D, a dos años, 18 meses de ellos de libertad condicional.
Todos ellos han sido considerados culpables de haber puesto en marcha un proceso para engañar a las autoridades sanitarias francesas y poder fabricar en su planta del sureste francés prótesis con un gel no homologado, derivado de una silicona industrial diez veces más barata que la de sus competidores, lo que les convertía en las más competitivas del mercado.
"No sólo se es culpable por acción, también por omisión y en España se ha omitido mucho. Muchos cirujanos sabían desde hace años que las PIP estaban dando malos resultados y eran corrosivas, pero siguieron implantándolas", apunta Giménez.
Hasta su prohibición en 2010, poco después de que se multiplicaran los incidentes con las prótesis mamarias PIP, la acusación estimó que la empresa se ahorró un millón de euros anuales en gastos de fabricación.
PIP llegó a obtener el 84 % de su facturación fuera de Francia, esencialmente en América Latina, donde en países como Venezuela se estima que 33.000 mujeres fueron operadas para implantarles esas prótesis.
Pese a las acusaciones de fraude, durante el juicio Mas confesó utilizar una silicona industrial, pero afirmó que sus prótesis no tenían ningún riesgo sanitario y acusó a las mujeres que lo llevaron ante los tribunales de ser "frágiles" y de pretender "sacarle el dinero".
Un dinero que asegura que no tiene, porque, según explicó en la audiencia, el cierre de su empresa le dejó en la ruina, algo que los abogados de las denunciantes consideran falso, por lo que han pedido que se investigue la posibilidad de que tenga fondos ocultos en paraísos fiscales.
En el ojo del huracán también está la empresa alemana Tüv, que durante años certificó las prótesis de PIP pasando por alto que estaban fabricadas con un gel no homologado.
El último balance de la Agencia Francesa de Medicamentos y Productos Sanitarios (ANSM) ha registrado más de 7.500 rupturas de prótesis y 3.000 casos de efectos indeseables, principalmente "reacciones inflamatorias". Sólo en Francia se estima que ha habido unas 30.000 personas afectadas.
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