Las camas de larga estancia siguen en alza, pero no lo suficiente

Han crecido un 17,8% en quince años, frente a la subida de sólo el 2,4% de las generales. Los geriatras cifran todavía en el 15% las de agudos ocupadas por pacientes crónicos.

Laura G. Ibañes. Madrid | laura.gutierrez@diariomedico.com | 10/02/2014 00:00

Hace tan sólo unos días que el Consejo General del Trabajo Social alertó de la privatización que, en su opinión, significaría la creación de un espacio sociosanitario en los términos definidos hace ahora casi un año por el Consejo Asesor de Sanidad en un documento de propuestas remitido a la ministra. Los trabajadores sociales celebraban la posibilidad de que en el futuro se pueda crear un subsistema que integre Sanidad y Servicios Sociales, pero alertaban de que el grueso de la oferta de camas residenciales es privada o concertada y cuenta con copago por parte del paciente, por lo que se correría el riesgo de que pacientes que actualmente ocupan camas larga estancia del SNS gratuitas para ellos acaben siendo derivados a camas residenciales con copago.

Los geriatras opinan que la mejor opción y más barata es dotar de ciertos servicios sanitarios a camas ofrecidas actualmente por residencias de mayores

Sus temores llegaban unas semanas después de que las declaraciones del presidente canario, Paulino Rivero, afirmando que en su autonomía había 400 camas de agudos bloqueadas por pacientes crónicos a los que no recogían sus familias, desataran la polémica.

Lo cierto es que, con los últimos datos ministeriales sobre la mesa, las camas de media y larga estancia han crecido un 17,8 por ciento en los últimos quince años, frente a la subida de sólo el 2,4 por ciento que han experimentado las camas de hospitales generales e incluso de la caída del 1,6 por ciento sufrida por el conjunto de camas hospitalarias (teniendo en cuenta también las de hospitales monográficos, psiquiátricos, oncológicos, maternidades, etc.). Pero ese incremento no sería suficiente para absorber las necesidades crecientes de este tipo de camas. Así al menos opina José Antonio López Trigo, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que advierte que "todavía hay alrededor de un 15 por ciento de camas de agudos [ocupadas por pacientes de media y larga estancia] que podrían liberarse".

Soluciones
López Trigo descarta que la mejor opción para saldar las necesidades sea crear nuevas camas de larga y media estancia como tal opta por "una opción que resultaría más barata, la dotación médica para camas ya existentes de la red residencial. Probablemente no necesitan la tecnología de un hospital terciario, pero servirían con un simple apoyo sanitario y de rehabilitación". Esta propuesta, incluida entre las conclusiones del informe del Consejo Asesor de Sanidad (ver información de la derecha) en su opinión no tendría porqué implicar un mayor coste directo para el usuario; "serían de pago para el nuevo sistema sociosanitario, no para el usuario que, en cualquier caso, copaga ya en residencias en función de su renta", explica. Además, "supondrían un ahorro importante para el sistema porque una cama de agudos cuesta entre 450 y 600 euros frente a 110-120 euros que se estiman para este otro tipo de camas", concluye.

Las camas de agudos cuestan entre 450 y 600 euros frente a un coste estimado de 110-120 euros que representaría una cama de residencia con servicio sanitario

Hasta ahora, tan sólo Cataluña y Navarra tienen, en su opinión, "un buen sistema de tránsito para los pacientes" desde la cama de agudos a las de media o larga estancia.

El escollo fundamental para la creación de una red sociosanitaria específica parte en buena medida de la actual separación no sólo presupuestaria de los servicios sociales y la sanidad sino también de su modelo de financiación y de provisión, en tanto en los primeros se entremezclan competencias en ocasiones todavía locales con un sistema de financiación de la dependencia que camina desligado del de financiación de la sanidad, dificultando la integración de las estructuras y la planificación conjunta.

Recomendaciones del consejo asesor

Historia única
Debe dotarse al paciente de código único e historia en todos los niveles y en la red social, tanto en la pública como en la privada para favorecer su tránsito.

Residencia resolutiva
Convendría promover mayor capacidad resolutiva sanitaria en centros residenciales para mayores acreditados por la Administración Sanitaria.

Perfil profesional
Se deberían definir los perfiles profesionales y crear equipos de gestión de casos, coordinando AP, hospitales, boticas, centros de día y residencias.

Seguro extra
Debería articularse un modelo de financiación suficiente y promover los seguros de dependencia complementarios.

Junto a la privada
Es necesaria la planificación junto al sector privado para garantizar la estabilidad e igualdad de condiciones para todos los proveedores.

Cada autonomía a su ritmo y con su propio modelo

Cataluña es probablemente la única autonomía con una estructura sociosanitaria creada como tal. El resto de autonomías caminan en paralelo con modelos diferentes. En Castilla y León, por ejemplo, se inició el pasado año un modelo de unidades de convalecencia sociosanitaria semejante al que propone la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, con convalecencia de estos pacientes en centros de personas mayores durante un periodo normalmente no superior a 3 meses, durante los que los trabajadores sociales tramitan el expediente de reconocimiento de dependencia del paciente para asignarle posteriormente una ayuda o una residencia tradicional. La idea se ha puesto en marcha junto a 189 equipos de coordinación sociosanitaria integrados por médicos y enfermeras de primaria junto a profesionales de servicios sociales.
Otras autonomías como Madrid no cuentan con camas sociosanitarias específicas pero están incrementando las camas de media y larga estancia, como ha ocurrido con la reconversión del Hospital Carlos III de Madrid.
Comunidades como La Rioja han optado desde hace años por concertar este tipo de atención con residencias privadas.

Y el País Vasco acaba de estrenar otra fórmula que permitirá una integración funcional, aunque no estructural de los servicios sociales y la sanidad. Según explica Iñaki Berraondo, director de Aseguramiento del País Vasco, la autonomía completará en unos dos años una integración estructural de AP y hospital, compartiendo presupuesto, gerencia, personal e historia única en cada área sanitaria, "pero la integración con la parte social sólo podrá ser funcional porque la titularidad de las estructuras corresponde a diputaciones y entidades locales".