El Defensor del Pueblo tramitó 1.854 quejas sobre Sanidad en 2013

Madrid (28/02/2014) - E.P.

• El 80% de atención sanitaria y copago farmacéutico

• Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, las comunidades autónomas donde más investigaciones se han abierto

La Oficina del Defensor del Pueblo tramitó un total de 1.854 quejas sobre Sanidad en 2013, un 80 por ciento de ellas hacen referencia a ámbitos de la atención sanitaria -especialmente en Primaria por la disminución del horario en los Puntos de Atención Continuada (PAC) y en la Especializada por las listas de espera-, y de la prestación farmacéutica, sobre todo el copago, que es el motivo de queja más frecuente.

El informe de 2013, presentado en el Congreso de los Diputados, muestra un leve incremento, con 180 quejas más que el año anterior (1.674 en 2012); este aumento se puede ver tanto en las quejas individuales (785 frente a 779 en 2012) como, sobre todo, de las presentadas por colectivos (1.053 frente a las 893 del pasado año).

De la atención sanitaria, un lugar destacado dentro del informe tiene la no asistencia sanitaria gratuita a inmigrantes en situación no regular que destaca "ha preocupado" a esta institución, que ha formulado recomendaciones que "no han sido aceptadas", pero por el contrario, -añade-, comunidades autónomas y organizaciones no gubernamentales han habilitado sus propios procedimientos para alcanzar la atención necesaria.

En cuanto al copago farmacéutico las quejas están basadas en las cuantías para personas con rentas bajas y discapacidad. En este caso, en su introducción lamenta que las recomendaciones efectuadas que solicitan la exención para estas personas no "hayan sido aceptadas", si bien existe el compromiso de Sanidad de replantear los porcentajes de pago. Precisamente, en este ámbito destaca el único desencuentro sustancial se ha producido en el ámbito de la atención farmacéutica, puesto que el Ministerio ha rechazado diversas recomendaciones que esta Institución ha formulado en materia de copago.

Sobre la tramitación del conjunto de actuaciones se ha seguido con diversos organismos de la Administración General del Estado. Obviamente, el primero de ellos es el Ministerio de Sanidad, seguido por la práctica totalidad de los servicios de salud o autoridades autonómicas en materia sanitaria, entre las que destacan por el número de investigaciones, las de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, así como con diversos ayuntamientos. En concreto, las quejas formuladas están relacionadas con exclusión de colectivos del ámbito de protección de la Sanidad pública, financiación de medicamentos, supresión de centros de urgencia en Atención Primaria o insuficiente dotación de personal sanitario.

A lo largo de 2013 –añade- en cuestiones de Sanidad no se objetivaron actuaciones incorrectas, sino "decisiones de gestión de recursos que pueden resultar cuestionables desde posiciones políticas y sociales divergentes", pero que no pueden calificarse como vulneradoras del ordenamiento jurídico.

La Oficina del Defensor del Pueblo señala que el trabajo del presente año que han realizado en materia de Sanidad ha "continuado la tónica del año precedente", y, por lo tanto, "ha estado muy centrado en problemas vinculados a la gestión de los recursos y a las consecuencias para los ciudadanos de los mecanismos de contención del gasto".

Las actuaciones relacionadas con problemas de acceso al derecho a la asistencia sanitaria han pivotado sobre la situación de determinados colectivos de inmigrantes, el más numeroso de ellos es el de quienes carecen de autorización de residencia en España. Al respecto, la Oficina se dirigió al Ministerio para que se mejorara el acceso al mencionado convenio de la contraprestación económica y se aclarará la situación en el caso de padecer enfermedades crónicas o padecimientos graves, así como que se asegurase la continuidad asistencial de estos procesos.

"La respuesta oficial del Ministerio de Sanidad no acoge la recomendación", advierte, argumentando que la Comisión Europea sobre la no existencia en el derecho de la UE de una norma que obligue a ofrecer asistencia sanitaria a los ciudadanos extranjeros en situación irregular.

La oficina ha recomendado que se establezca una atención integral para casos graves, estuvieran o no vinculados con problemas de salud pública, aunque tras el examen de la quejas observa que la atención sanitaria se acaba produciendo "por procedimientos informales y debiendo superar trabas de diverso calibre". "Todo esto plantea problemas de dificultad y falta de seguridad en la atención a procesos potencialmente peligrosos", añade.

Por otro lado, en cuanto al modelo ético de atención observa situaciones que evidencian que su cumplimiento "no es el deseable", sobre todo en referencia a la autonomía del paciente y la información y documentación sanitaria, siendo reitera la problemática con las historias clínicas; asimismo otro de los problemas reiteradamente expuestos en anteriores informes versa sobre las significativas diferencias existentes en las carteras de servicios de las comunidades autónomas, en lo referido apruebas de diagnóstico.

Cabe destacar la queja sobre pacientes que consideran que personas atendidas por profesionales en periodo de formación es "una intromisión ilegítima en su esfera íntima y personal, en la medida en que, "sin conocer su identidad y sin su previa autorización, efectúan reconocimientos, manipulaciones e intervenciones corporales, que proyectan la impresión de cierta exhibición pública".

En cuanto a las listas de espera, el informe recuerda que "son una de las principales causas de insatisfacción de los ciudadanos con la sanidad pública", especialmente cuando los períodos de espera se perciben como crecientes o excesivos. La organización considera "lesivo" para el paciente el hecho de que deba de pasar por diferentes listas de espera(consultas externas, pruebas diagnósticas y procedimientos quirúrgicos), así como que algunas de las patologías en estas listas presentan notables componentes sociolaborales (bajas médicas, hiperfrecuentación de urgencias, etc.).

Una parte significativa de las quejas tramitadas se refieren a la supresión o al cierre en horario nocturno de PAC en municipios de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia. Básicamente por la supresión o reducción de horarios en los denominados puntos de atención continuada (PAC).

Otras de las quejas en el ámbito de Atención Primaría han sido en los problemas en el acceso a la atención sanitaria por desplazamiento entre comunidades; en inadecuaciones estructurales en centros de salud, y en la supresión de plazas de personal y la reducción de horarios de estos centros.

En el ámbito de la Atención Especializada, más allá de las listas de espera, destaca la creación del Fondo de Garantía Asistencial, cuya finalidad es la de facilitar la compensación para los pacientes atendidos en comunidades diferentes a la suya; asimismo, se han recogidos quejas sobre problemas en la derivación de pacientes a centros de referencia.

Nuevamente ha recibido quejas en materia de Salud Mental que ponen de manifiesto un desacuerdo del paciente o de sus familiares. En este campo recomienda esencial un mayor esfuerzo de coordinación entre los servicios sociales y sanitarios.