Los oncólogos se unen contra el retraso en el acceso a nuevos antitumorales

La inclusión de los fármacos en el hospital puede tardar más 20 meses desde su aprobación

Los expertos piden que las decisiones de Sanidad sean vinculantes para todas las autonomías

MARÍA LILLO Madrid 26 FEB 2014 - 14:38 CET

Células cancerígenas dividiéndose / GETTY

En este momento contamos con armas extraordinariamente potentes para combatir el cáncer, pero muchos pacientes no pueden recurrir a ellas. Las tensas negociaciones entre la Administración y los laboratorios para establecer los precios y las indicaciones de los nuevos fármacos retrasan su incorporación al Sistema Nacional de Salud. Y las desigualdades entre comunidades autónomas condicionan el tratamiento del paciente según su lugar de residencia. Estas son algunas de las conclusiones del informe presentado este miércoles por un conjunto de expertos que participaron en octubre en II foro por una atención oncológica de calidad, que contiene una lista de 20 recomendaciones para mejorar la incorporación de la innovación oncológica al Sistema Nacional de Salud y el acceso a la misma por parte de los pacientes.

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"La Unión Europea estipula que el intervalo de tiempo entre la autorización de comercialización y el acceso efectivo a los fármacos debe ser de 80 días, pero en España puede ser superior a los 20 meses" (600 días), aseguró en el Foro Antonio Antón, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. "Por debajo de nosotros solo están Portugal, Eslovaquia y Estonia".

Una vez superado el escollo de las negociaciones entre el Gobierno y los laboratorios, llegan las trabas de las autonomías. Un estudio de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) realizado en 80 servicios, revelaba que en 22 hospitales existía al menos un fármaco que en algunas de sus indicaciones no estaba disponible, pese a estar aprobado su uso en España. Y en 40 centros existían limitaciones para algunas indicaciones. El mayor número de problemas parecían agruparse en Cataluña y Andalucía.

Para luchar contra esta situación y lograr un acceso rápido y equitativo a la innovación oncológica, los expertos piden que las decisiones del Ministerio de Sanidad sean vinculantes para todas las comunidades autónomas, de forma que se normalice la manera de incluir e introducir un fármaco en los hospitales a nivel estatal. Los profesionales opinan que las comunidades no deberían realizar revaluaciones de medicamentos que ya cuentan con un informe de posicionamiento terapéutico, ni llevar a cabo equivalentes terapéuticos de varios fármacos que pertenecen a una misma familia o comparten una misma indicación pero que no son moléculas iguales.

La necesidad de evaluar resultados se atendería con la implantación estandarizada de registros poblacionales de cáncer, que, en la actualidad, cuentan en España con una cobertura del 21 % de la población. "Son fundamentales para realizar la atención sanitaria adecuada y garantizar la calidad en la atención oncológica", explica Dolores Isla, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica. "Asimismo, sería importante contar con una plataforma nacional de determinación de biomarcadores, que ayuden a seleccionar a los pacientes que obtendrán el mayor beneficio terapéutico, y conocer la incidencia concreta de los mismos en cada tumor".

El texto señala que todas las decisiones deberían girar en torno a los derechos de los pacientes, por lo que los expertos recomiendan también un acceso más sencillo a ensayos clínicos. "Además del beneficio científico, desde el punto de vista económico, puede suponer un ahorro adicional, ya que durante el tiempo que dure el ensayo, los pacientes no van a usar otro tipo de fármaco", apunta el documento, que será remitido a las autoridades sanitarias y responsables políticos de toda España.

El presidente de la Fundación ECO, Carlos Camps, ha resaltado la necesidad de un "pacto por la innovación, con financiación específica, que evalúe y remedie las barreras existentes y que una a todos los agentes implicados: industria, administraciones, grupos parlamentarios, profesionales, instituciones científicas y asociaciones de pacientes".