El Defensor del Pueblo de Navarra justificaría la destitución de Marta Vera por no cumplir la ley de atención rural
Pamplona (12/09/2014) - N. Garay
• Javier Enériz asegura en el Parlamento foral que se debe de paralizar la aplicación de los cambios en jornadas y calendarios que Salud impuso en lugar del plan que exigía la normativa
• La clave del incumplimiento legal por parte de Vera es que no realizó el plan de funcionamiento de los centros sanitarios de Atención Primaria y de las modalidades de atención continuada y urgente que exigía la Ley Foral de febrero
• "Ha querido saltarse los acuerdos con los sindicatos", denuncian las centrales
A la consejera de Salud de Navarra, Marta Vera, le crecen los problemas. De hecho, el comienzo del curso político está siendo más complicado de que lo que esperaba, ya que si el presidente de la Cámara de Comptos, Helio Robleda, expuso en el Parlamento foral el fiasco económico que supone para las arcas públicas la privatización de las cocinas hospitalarias, ahora es el Defensor del Pueblo, Javier Enériz, quien le acaba de recriminar a la responsable sanitaria de Navarra al sostener, en la Comisión de Régimen Foral, que Vera ha incumplido la ley de atención rural y, por tanto, está justificada la petición de responsabilidades políticas por ello.
En su intervención parlamentaria, el Defensor del Pueblo defendió la paralización de los cambios que está aplicando el departamento en la atención continuada y urgente desde junio en lugar de la normativa aprobada por el Parlamento en febrero del pasado año.
La clave del incumplimiento legal por parte de la consejera reside en que no realizó el plan de funcionamiento de los centros sanitarios de Atención Primaria y de las modalidades de atención continuada y urgente que exigía la Ley Foral 2/2013, de 14 de febrero.
En esta línea, Enériz, del mismo modo que los servicios jurídicos del Parlamento foral en un informe anterior, concluye tras su análisis que el departamento de Salud no elaboró este plan y subraya que esta ilegalidad puede conllevar "responsabilidades políticas".
La comparecencia del Defensor del Pueblo se llevó a cabo a petición de los grupos de la oposición: Bildu y Aralar, para presentar el informe sobre las responsabilidades por un posible incumplimiento de la citada ley. Según Enériz, el organismo que preside pretende descalificar el proceso seguido desde Salud para la mejora de la atención continuada y urgente, "que ha sido reflexivo y participativo, sino señalar que no puede apreciar la existencia de un plan como tal".
En su informe destaca que tanto la elaboración del plan como su remisión al Parlamento en un año para su debate y aprobación son mandatos legales, y por tanto, "imperativos", por lo que "obligan al destinatario de cada norma (departamento de Salud y Gobierno foral) sin dejarle opción para eludir su cumplimiento". El documento de recomendaciones para la reforma de la atención sanitaria y urgente o el acuerdo con la minoría sindical presentados por el Gobierno no pueden ser, en opinión de la Defensoría, considerados como tales planes. sin embargo, Enérizi indica que no hay "estructura de plan" pero sí "elementos de un plan", por lo que sostuvo que puede concluir ese documento y enviar al Parlamento, aunque fuera de plazo.
"Al no existir el plan de funcionamiento como pedía la ley, el Gobierno de Navarra no lo pudo aprobar en sus sesiones de Gobierno ni remitir al Parlamento en un año", asevera el Defensor, quien urge al departamento a elaborarlo, elevarlo al Gobierno para su aprobación y remitirlo al Parlamento "lo antes posible". "La Administración foral debe cumplir con la ley y conforme a ésta, mientras no se apruebe el plan y no sea modificada o derogada, ha de aplicarse la normativa anterior al derogado Decreto Foral 131/2012 de 19 de diciembre", sentencia.
La aplicación de la normativa anterior por el incumplimiento por parte de Salud de la vigente ley supondría modificar de nuevo los calendarios y jornadas de los equipos de atención primaria y los Servicios de urgencias rurales. Estos calendarios y jornadas, de hecho, podrían ser impugnados en instancias judiciales.
"Se ha pretendido pasar por alto el acuerdo sindical", según la oposición
En relación a las responsabilidades derivadas del incumplimiento, el Defensor del Pueblo de Navarra subraya que pueden deducirse "responsabilidades políticas, exigibles, en su caso, por el Parlamento de Navarra".
En opinión de la parlamentaria de Aralar Asun Fernández de Garaialde "queda claro" que por el departamento "se está incumpliendo la ley y no se ha realizado un plan". "Se ha pretendido sustituir por un acuerdo sindical y frente a todo esto pueden existir responsabilidades políticas", afirmó.
En esta misma línea, Bakartxo Ruiz, de Bildu, sostuvo que al tratarse de mandatos parlamentarios el incumplimiento también conllevará consecuencias jurídicas". Para Ruiz existe "inseguridad jurídica". "Los gestores públicos que no cumplan la ley, ¿pueden ningunearla y no pasa nada?", cuestionó.
Atrasos de la nómina de varios interinos en Salud
Por otro lado, el sindicato de empleados de la Administración foral (AFAPNA) ha denunciado el retraso de la nómina de julio de parte del colectivo de interés en Salud. "Muchos contratos de sustitución de julio no se tramitaron y la nómina se les ha pagado con la de agosto", han explicado a EL MÉDICO INTERACTIVO fuentes sindicales.
Se trata de profesionales sanitarios del Complejo Hospitalario de Navarra que fueron contratados expresamente ese mes para sustituir vacaciones del resto de plantilla o que vieron ampliado el contrato parcial que ya tenían con idéntico fin. Por su parte, la Consejería de Salud regularizó la nómina el último viernes de agosto y niega que los retrasos se deban a que haya menos personal en el Servicio de Salud de Marta Vera.
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