La verdadera ‘póliza oro’ de los seguros de salud

Como valor estratégico hemos de conseguir una sanidad pública innovadora, eficaz y austera

FAUSTINO BLANCO 5 SEP 2014 - 21:08 CEST

El informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) correspondiente al año 2014 'Sanidad Privada, Aportando Valor' pone mucho énfasis en demostrar la importancia del sector sanitario privado en España. Otros analistas financieros refuerzan con poco rigor algunos de los aspectos más controvertidos del mismo.

Los autores del informe destacan que la sanidad privada tiene un peso elevado en el conjunto del sector productivo español que cifran en el 3,2% del PIB y señalan, como principales aportaciones, que: permite liberar recursos a la sanidad pública vía aseguramiento, mejora la accesibilidad de la población a la asistencia, desarrolla "actividad de alta complejidad", persigue la mejora continua de la calidad en la prestación asistencial, genera empleo y contribuye a la formación de los profesionales sanitarios.

Del conjunto del informe, encargado y financiado por los principales agentes de la sanidad privada en España, sólo resulta nítida una conclusión: la sanidad privada en España tiene importancia para que nuestro modelo resulte eficiente y de calidad como subsidiaria, como apoyo o complemento del sistema sanitario público universal y, solo en casos muy aislados, en competencia directa con él.

Daría para otra tribuna analizar el valor que aporta nuestro sistema público de salud a la sanidad privada en España. Qué incidencia tiene la existencia de la sanidad pública en el precio de los seguros privados, cómo afecta a las pólizas de responsabilidad patrimonial de las empresas y de los profesionales, qué supone como garantía de cobertura real su ‘póliza oro’ de atención sanitaria de calidad en el conjunto del territorio para la mayor parte de la población. Sería igualmente prolijo abordar cómo contribuye el sistema público en su conjunto, la atención primaria de salud y la salud pública a la contención del gasto sanitario directo de las familias o el papel que tiene la sanidad pública en la formación de los profesionales que luego desarrollan su carrera parcial o totalmente en empresas privadas o cómo ayuda su inversión en el parque instalado y en tecnologías que de otra forma les sería imposible abarcar. En definitiva, qué supone la cooperación pública con sus recursos asistenciales.

Todas estas cuestiones a menudo no son tenidas en consideración por quienes sostienen el discurso de la mayor eficiencia de la sanidad privada frente a la pública. Sin embargo, resultan determinantes para comprender nuestro modelo sanitario europeo. ¿Cómo se explica que Estados Unidos haya destinado en 2011 el 17,7% de su PIB a sanidad, 8,4 puntos porcentuales más que la media de los países de la OCDE?

Esta situación, esta nueva oleada de recomendaciones de privatización, de desgravación fiscal por los seguros médicos, de nuevos copagos y de introducción de sanciones surgida del entorno del ministro Montoro, no puede impedirnos abordar reformas para modernizar la sanidad pública española en un momento de escasez de recursos para los servicios públicos. Estamos convencidos de su urgencia, pero también de la necesidad de hacerlo manteniendo el derecho de todos a una sanidad de calidad y equitativa, planteando claramente que estamos decididos a modernizar el sistema para ganar en eficiencia, para optimizar recursos, para vincular pertenencia con valores, asumir riesgo, buen gobierno o códigos de buenas prácticas profesionales.

La sanidad pública de cualquier país, y la española no es una excepción, necesita del pleno reconocimiento como un derecho ciudadano. Tiene que ser fuerte, eficiente y bien organizada y ha de ser necesariamente valorada por la mayoría de la población como el instrumento más eficaz y seguro de cuantos se conocen para alcanzar mayores niveles de bienestar y cohesión social, que son la única antesala posible al desarrollo económico.

Como valor estratégico hemos de conseguir una sanidad pública innovadora, eficaz y austera. Necesitamos manifestar, sin concesiones, que cada euro destinado a esta actividad tiene que ser utilizado de la manera más optima para obtener los mejores resultados en salud. Precisamos igualmente que una sociedad concienciada decida cómo asignar los recursos para poder ofrecer unos servicios de buena calidad y accesibles a toda la población.

Solo a partir de estas premisas, fruto de la reflexión y del consenso entre los agentes políticos y socioeconómicos, es posible avanzar en ese plan de reforma de la sanidad pública para que en los próximos años ocupe un lugar destacado en la agenda política de cualquier Gobierno. El cambio se tiene que apoyar a su vez en una gran reforma de la arquitectura legal y las estructuras gestoras, los procesos de funcionamiento, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las personas; pensando en como aprovechar al máximo el talento existente en la organización. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) debería liderar ese gran espacio de decisión buscando ineludiblemente el máximo consenso político.

De cara a los próximos años, ¿cuánto sería razonable destinar a financiar la sanidad pública considerando el nivel de renta en España? Tomemos algunas referencias de países desarrollados.

EEUU destina aproximadamente un 8,3% de su alto PIB a sanidad pública y un 9,4% a sanidad privada. En la Europa de los 15, la sanidad pública se lleva algo más del 7,5% del PIB. Deberíamos arbitrar un consenso político con el objetivo asumible de que la financiación sanitaria pública acabe siendo la media de los países de la OCDE, un 7,5% del PIB. Para conseguir este fin es necesario asumir condiciones como que paguen todos los que deben hacerlo y una reforma fiscal que haga que los ingresos públicos escalen los nueve puntos porcentuales que nos alejan de la media europea en términos de Producto Interior Bruto.

En este escenario sería del mismo modo conveniente que la financiación sanitaria tuviera un carácter finalista, de tal manera que las Comunidades Autónomas recibieran el gasto per cápita ajustado por edades y atendiendo a otras correcciones como el coste efectivo de los servicios por unidad de análisis correspondiente a su población y dispersión.

Respaldo la tesis de la OCDE de que se pueden seleccionar objetivos internos de mayor eficiencia que generarían ahorros sustanciales al tiempo que se protege a los grupos más vulnerables. Además, tenemos que adquirir mayor experiencia en nuestras todavía débiles políticas de promoción de la salud. El movimiento asociativo, hasta la fecha no demasiado presente, habría de ser el verdadero impulsor de actividades comunitarias o de programas y activos de salud, que estaremos obligados a incorporar a nuestro conocimiento y a nuestra realidad.

Urge reflexionar acerca de la necesidad de integrar y coordinar los cuidados de salud que se hacen desde el sistema sanitario con los que se llevan a cabo desde entornos sociales próximos al mismo, en un modelo de gobernanza local que implica a la atención primaria y hospitalaria, los hospitales de subagudos, la red de salud mental, el tercer sector, las asociaciones, los ayuntamientos y el propio movimiento ciudadano.

El método de trabajo debe basarse en la posibilidad de tratar a las personas en aquel ámbito sanitario en el que los resultados se puedan conseguir con eficacia y eficiencia. Con estas premisas estaremos contribuyendo a defender uno de los servicios públicos más valorados por los ciudadanos y protegiéndonos de un sistema que cada año lleva a la quiebra a miles de familias en aquellos países que carecen de un buen modelo de sanidad pública equitativa y universal.

Faustino Blanco, consejero de Sanidad del Gobierno de Asturias.