"Sólo cambiar el Estatuto Marco no va a perfeccionar el funcionamiento del SNS"

Carlos Moreno, director de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, señala que el artículo 9.3 del Estatuto Marco "no es contrario a la normativa comunitaria", sino que lo es su incumplimiento, y que una modificación normativa por sí misma no garantizará que se aplique adecuadamente.

Nuria Monsó. Madrid | 13/03/2017 13:03

Carlos Moreno,director de Ordenación Profesional. (José Luis Pindado)

Las comunidades están estudiando la posibilidad de cambiar el artículo 9.3 del Estatuto Marco, sobre la creación de nuevas plazas estructurales por la concatenación de contratos eventuales, como una de las medidas a tomar para facilitar la reducción de la temporalidad en el SNS, que se están negociando a raíz de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el uso de contratos eventuales para cubrir necesidades estructurales.

La modificación, propuesta por uno de los grupos de trabajo de la Comisión de Recursos Humanos, indica que la creación de nuevas plazas se estudiaría en las condiciones que ya figuran en la norma (nombramientos concatenados durante 12 meses en un periodo de 24), pero la decisión estará sujeta no sólo a las necesidad, sino también a la disponibilidad presupuestaria, como publicó DM.

Una propuesta que, según los sindicatos, en la práctica sigue sin comprometer a la Administración a evitar estas irregularidades. Preguntado por DM sobre cómo dicha modificación puede contribuir a la lucha contra la precariedad y hacer cumplir dicho fallo, Carlos Moreno, director de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, reitera que la Administración considera que el tribunal europeo "no ha dicho que el Estatuto Marco sea contrario al derecho comunitario, sino su incumplimiento".

Tampoco se ha pronunciado en contra de "la posibilidad de estudiar la creación de la plaza", en lugar de crearla directamente si se produce el encadenamiento de contratos eventuales. Cambiar el Estatuto Marco en ese mismo sentido "variaría el matiz", reconoce Moreno, para a continuación puntualizar que, no obstante, "tenemos que acostumbrarnos a que por el hecho en sí mismo de producir o de modificar normas no hacemos más perfecto el funcionamiento del sistema".

El director de Ordenación Profesional apunta que sí le preocupa que el TJUE considere que "la precariedad continúa" una vez creada esa nueva plaza por cubrirla con personal interino. "Creo que ahí el tribunal europeo confunde el derecho laboral con el administrativo. En el primero, la sanción por una conducta equivalente sería hacer indefinido a ese trabajador, pero el acceso a los cargos públicos se rige según la Constitución por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Si se interpreta que la sanción debe ser equivalente, habría que cambiar todo el marco normativo", explica.

"Si sancionara la concatenación de contratos eventuales convirtiendo a ese personal en fijo, cambiaría nuestro marco normativo"

Moreno cree que los principios actuales para acceder a la Administración Pública "garantizan su independencia y estabilidad independientemente de los cambios políticos" y afirma que los sindicatos tampoco estarían de acuerdo en que esto cambiara. "Si la sanción en estos casos fuera hacer a los eventuales personal indefinido, un gerente de un hospital, por ejemplo, podría directamente ofrecerle varios nombramientos temporales a una misma persona para que tenga que ser convertida a personal fijo". No obstante, el representante del ministerio señala que, al tratarse la sentencia de una respuesta a una consulta de un tribunal nacional y no de un litigio en sí, "habrá que esperar cómo lo asume e interpreta la jurisprudencia española, y en concreto el Tribunal Supremo".

En cuanto al resto de medidas contra la temporalidad que se están estudiando en cada grupo de trabajo, recuerda que llegar a un acuerdo entre autonomías y sindicatos "es complejo", aunque "hay disponibilidad". También necesitan "la complicidad" del Ministerio de Hacienda, puesto que "Sanidad no puede obviar, ni cambiar ni levantar los límites de la tasa de reposición". Respecto a la propuesta del ministerio de Cristóbal Montoro de flexibilizar durante algunos años esta tasa para reducir la temporalidad de aproximadamente un 30 por ciento a un 10 ó un 8 por ciento, reconoce que "Sanidad aún no tiene todos los datos" para pedir un techo concreto.

Impacto de la troncalidadTanto el tema de la temporalidad como el futuro modelo de formación sanitaria especializada son dos temas que quieren llevarse al próximo Consejo Interterritorial. Respecto al segundo tema, inevitablemente se hablará de la troncalidad, cuyo real decreto fue anulado por el Tribunal Supremo porque consideró que no se había analizado adecuadamente su impacto presupuestario.

Moreno señala que a Sanidad "le corresponde respetar y acatar la sentencia" pero que él personalmente no la entiende. Argumenta que la Sociedad Española de Inmunología (SEI) -cuyo recurso dio lugar al fallo original- presentó un informe pericial que cifraba los gastos de la troncalidad en 2.571 millones de euros en cuatro años, "de los cuales el primer apartado de gasto son los salarios de los residentes, de 2.498 millones de euros. Nadie había planteado que se subiera el sueldo de los residentes, y nosotros interpretamos cuando hablamos del impacto de una norma, nos referimos a los costes que están por encima de lo ya asumido".

Hay que recordar que el Supremo también pidió informes a las comunidades. Aunque la mayoría no dieron unas cifras concretas, varias apuntaron que el decreto sí supondría unos costes directos e indirectos. El planteamiento de Sanidad sería "seguir adelante" con el proyecto, explica Moreno, pero se consultará "si las comunidades están dispuestas a hablar de troncalidad y sólo en el aspecto económico, para calcular su coste".

La SEI defendió que la troncalidad iba a costar 2.571 millones de euros, "de los que 2498 son el salario de los residentes. Nosotros entendemos que ese coste no depende de la norma, ya está asumido"

Al respecto, como publicó DM, siete comunidades quieren debatir otros aspectos de la norma. Además, "la composición política tanto de la Comisión de Recursos Humanos como la del Consejo Interterritorial de Sanidad es distinta a la de 2014, cuando se elaboró el decreto", lo que Moreno teme que también sea otro factor que juegue en contra de retomar el proyecto: "Por desgracia, a veces la política perturba la intención de los buenos proyectos técnicos. Con un dictamen de la Comisión de Recursos Humanos en contra sería muy difícil continuar con la tramitación, y más con ese antecedente judicial".

En cualquier caso, "a mí me preocuparía que el trabajo de las comisiones nacionales de las especialidades respecto a los programas de formación se desaproveche: hay que revisarlos, porque hay algunos aprobados hace 20 años que no se adecuan a lo que se entiende hoy por buenas prácticas clínicas, y lo mismo con los criterios docentes". También hay que ajustarse a la directiva europea de cualificaciones profesionales y además Sanidad quiere promover un procedimiento que facilite la acreditación de las unidades docentes: "Todo esto se puede hacer con y sin troncalidad".

La gestión clínica, ¿al Parlamento?
Otro proyecto pendiente de la pasada legislatura que, de retomarse, dependerá de la composición política actual es el de unidades de gestión clínica, que pretendía poner en marcha una normativa nacional para homogeneizar los criterios. Al respecto, el Consejo de Estado dictó que por su importancia e impacto en el SNS, debía tramitarse como una ley ordinaria y no como real decreto.

Esto implica que el proyecto ahora que dependería de las Cortes Generales "y no del Consejo Interterritorial". El director de Ordenación Profesional defiende "que es una oportunidad que deberíamos aprovechar, porque es conveniente para la sostenibilidad del SNS y apuestan por él tanto los profesionales como las administraciones sanitarias. Es una realidad tanto en Andalucía como en Asturias, por ejemplo, que, por cierto, son de diferente signo político que el Gobierno central".

Se trata de un tema que excede las competencias de Sanidad y que depende de una decisión política que aún no se ha tomado, según Moreno: "Tendrá que llevarlo un grupo parlamentario o el propio Gobierno como una propuesta para que se debata".