Auditoría de Manises: Sanidad recuerda sus limitaciones

La Consejería de Sanidad valenciana ha puesto de manifiesto ciertas limitaciones del informe de la Sindicatura de Cuentas que avala la eficiencia del Departamento de Manises, y ha recordado asimismo la falta de control en periodos previos al Gobierno autonómico actual.

Enrique Mezquita. Valencia | 11/04/2017 18:12

La consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón. (DM)

La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha salido al paso de los supuestos ahorros que supone la gestión en régimen de concesión administrativa del Departamento de Salud de Manises (Valencia), tras la auditoría presentada por la Sindicatura de Cuentas, señalando que, como admite el propio informe, "las conclusiones del trabajo están sujetas a determinadas limitaciones que el documento define como los riesgos de la auditoría".

Entre ellas, "la complejidad de los cálculos para determinar el precio del contrato, el sistema de control de las derivaciones de pacientes a otros departamentos, la ausencia de indicadores de calidad y las cuestiones litigiosas entre la Administración y la concesionaria".

De hecho, recuerda Sanidad, a la hora de determinar el ahorro descrito del 24,6 por ciento, admite que esta cifra "podría verse afectada por las liquidaciones pendientes del precio del contrato".

Este porcentaje no contempla el resultado de las liquidaciones (cierres de ejercicios) de los años 2009 a 2013 del departamento de salud de Manises, respecto a las que existe una reclamación de 178,9 millones de euros por parte de la Administración a favor de Sanidad. Por ello, como ya apunta el informe, la Consejería que dirige Carmen Montón recuerda que "de resolverse finalmente a favor de la Generalitat esta discrepancia, podría poner en peligro la viabilidad de la concesionaria y la sostenibilidad del modelo".

Asimismo, desde Sanidad se reitera que el informe "destaca aspectos relacionados con la deficiencia en la concepción y ejecución del contrato, así como del control y supervisión de la concesión", señalando que el documento pone el acento en "la ausencia en el contrato de concesión del clausulado específico sobre indicadores de resultados y su sistema de evaluación que dificulta el análisis y seguimiento permanente de la ejecución del servicio que se presta".

También en el "incumplimento de medidas de control" en el periodo analizado (2009-2015) en materia de "inversiones, contratación de personal directivo o rentabilidad". Cabe recordar que ese periodo corresponde a gobiernos regionales del PP y por ello, en contraste, Sanidad recuerda que puso en marcha "la dirección general de la Alta Inspección y puso en marcha mecanismos de control para evitar la continuidad en la laxitud que denuncia el informe".

Para la Administración autonómica regional, el informe también censura medidas tomadas para favorecer la concesión en perjuicio del sistema sanitario en su conjunto, como la modificación del contrato en 2010 para incrementar la población asignada a la concesionaria en 43.626 habitantes (la población de Mislata).

A este respecto, el documento establece que la "Sindicatura considera que hay que poner límites a las posibilidades de modificación de los contratos, puesto que, celebrada mediante licitación pública la adjudicación de un contrato, la solución que presenta la adjudicación para el adjudicatario en cuanto a precio y demás condiciones, no puede ser alterada sustancialmente por vía de modificación consensuada, ya que ello supone un obstáculo a los principios de libre concurrencia y buena fe que deben presidir la contratación de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que los licitadores distintos al adjudicatario podían haber modificado sus proposiciones si hubieran sido conocedores de la modificación que ahora se produce".

Deficiencias del modelo
Para Sanidad, en conclusión, el informe "pone en evidencia las deficiencias en la concepción y ejecución del modelo, especialmente en las limitaciones para su control. También destaca la discrecionalidad de las decisiones adoptadas en beneficio del modelo".

En su opinion, la supuesta fórmula inicial de reparto de riesgo se ha convertido en una receta basada "en la toma de decisiones a medida para asegurar el éxito de la gestión privada".

Según la Consejería, la eficiencia que debe buscar un sistema sanitario público es la de su conjunto, no la de determinadas partes. Es la red pública la que soporta los costes adicionales de aspectos como la docencia, la investigación y la alta especialización. Por ello, si la obtención de rentabilidades y márgenes para el modelo concesional se tiene que sustentar en mayores costes sobre el resto del sistema, o la necesidad de tomar decisiones a medida, "la eficiencia no es tal".

En este sentido, reitera que, "frente a las interferencias de la obtención del beneficio económico, en el modelo de gestión directa sanitaria la única finalidad de los gestores es la mejor asistencia de la población, la eficiencia y los resultados en salud".