NO SE RECABÓ EL OBLIGADO CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE
Acuerdo tras mala praxis al operar una hernia inguinal
El Servicio Gallego de Salud ha acordado extrajudicialmente con un paciente el pago de una indemnización de 72.000 euros por los daños sufridos tras someterse a una intervención de hernia inguinal. Tras la operación, el enfermo acudió al servicio de Urgencias de un centro público refiriendo un dolor testicular.
Redacción | 07/10/2011 00:00
El Servicio Gallego de Salud ha acordado extrajudicialmente con un paciente el pago de una indemnización de 72.000 euros por los daños sufridos tras someterse a una intervención de hernia inguinal.
Según detalla la asociación El Defensor del Paciente, tras la operación el enfermo acudió al servicio de Urgencias de un centro público refiriendo un dolor testicular y por un aumento de temperatura. Al no cesar el dolor, los facultativos recomendaron una nueva intervención tras diagnosticarle de neuralgia de abdominogenital.
La entidad afirma que para practicar esta operación no se recabó el obligado consentimiento informado, ni tampoco para la infiltración de la región inguinal que se llevó a cabo.
Como quiera que las medidas adoptadas también fracasaron, los médicos intentaron tratar al paciente en la Unidad del Dolor para valorar una posible orquiectomía. Dicha unidad diagnosticó la existencia de un dolor inguinal secundario a la cirugía, ingresando posteriormente el enfermo por persistir las molestias y por atrofia en el teste derecho.
Unos meses más tarde, el Instituto Nacional de la Seguridad Social emitió informe declarando al paciente afecto de una incapacidad permanente total.
El enfermo, que ha sido defendido en el procedimiento extrajudicial por Cipriano Castreje, presenta en la actualidad una neuralgia del nervio genitofemoral e ilioinguinal como consecuencia de la intervención quirúrgica practicada en los servicios sanitarios públicos.
El Servicio Gallego de Salud reconoce la mala praxis en la actuación sanitaria y concede al paciente el pago de una indemnización de 72.000 euros, que serán abonados por la compañía aseguradora de la responsabilidad patrimonial de la Administración gallega.
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