El cambio político y los recortes, protagonistas de 2011
Madrid (03/01/2012) - Jorge Sánchez Franco
EL MÉDICO INTERACTIVO publica un resumen de los principales hechos y acontecimientos sociosanitarios del pasado año
Una de las muchas polémicas sanitarias de 2011 se generó a raíz de la publicación del catálogo gallego de fármacos el 30 de diciembre de 2010. Esta iniciativa autonómica fue inmediatamente recurrida por Farmaindustria ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por considerarla "una clara invasión de competencias estatales y una vulneración de la legalidad vigente". No obstante, lo más sonado ha sido el recurso de inconstitucionalidad presentado por el propio Gobierno central en el mes de marzo ante el Tribunal Constitucional, que decidía suspenderlo de manera cautelar. Tras numerosos intentos por buscar una solución dialogada al conflicto, todos ellos fallidos, en julio se levantaba dicha suspensión.
Los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo central a la hora de presentar dicho recurso consideraban que el catálogo gallego recortaba derechos a los ciudadanos de esta comunidad y a los que la fueran a visitar, ya que podía crear problemas de salud. Por su parte, el Consejo de Estado había dicho de la iniciativa que menoscababa la uniformidad mínima y homogeneidad en el contenido de las prestaciones sanitarias públicas que el Estado debe garantizar. Aunque el Tribunal Constitucional todavía tiene que tomar una decisión definitiva, todo parece indicar que el nuevo Gobierno popular, liderado por Mariano Rajoy, retirará dicho recurso. Lo que no está tan claro a día de hoy es si la iniciativa gallega será finalmente elevada a política nacional o quedará difuminada en aras de un renovado Sistema de Precios de Referencia (SPR).
Tras la implantación del catálogo gallego, en diciembre de 2010, otras comunidades autónomas empezaron a tomar en consideración medidas de política farmacéutica por su propia cuenta y riesgo. Así, por ejemplo, Andalucía anunciaba a principios de año su intención de que las boticas sólo pudieran dispensar el medicamento o producto sanitario del proveedor que elija el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras un procedimiento de subasta en el que se adjudique una exclusividad de mercado en función de los descuentos que ofrezcan las empresas concurrentes. La Consejería de Salud de Andalucía iniciaba la tramitación del correspondiente decreto en el mes de julio y, con vistas a las elecciones autonómicas del próximo 4 de marzo, ponía sobre la mesa su intención de comenzar con las subastas en este mes de enero.
El sector farmacéutico, en contra de la restricción de prestaciones
También a principios de año, los farmacéuticos, los distribuidores y la industria farmacéutica firmaban un manifiesto conjunto para mostrar su rechazo a las restricciones a la prestación farmacéutica que se estaban anunciando y/o adoptando en algunas comunidades autónomas, como las anteriormente reseñadas. Los firmantes reclamaban "respeto por las competencias del Ministerio de Sanidad" y pedían que se velara "por la aplicación de la distribución de competencias" para mantener la unidad e igualdad de acceso de los pacientes a la prestación farmacéutica en toda España. Asimismo, denunciaban que los retrasos en los pagos a los proveedores estaban estrangulando el normal desarrollo de su actividad, tal y como se pondría de manifiesto más adelante.
Por otro lado, Farmaindustria recurría ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la decisión del Gobierno extremeño de sacar de la receta electrónica las marcas de siete principios activos. El Ejecutivo autonómico, liderado en aquel entonces por Guillermo Fernández Vara, había comunicado en su momento a los colegios farmacéuticos la desactivación de la prescripción electrónica de dichos principios, lo que implicaba que en la receta electrónica sólo tendrían cabida los genéricos, si bien al mismo tiempo se permitía a los médicos prescribir las marcas en receta de papel. Farmaindustria alegaba que el ahorro propiciado por dicha medida para las arcas públicas es mínimo y establece una discriminación entre los usuarios extremeños y los de otras comunidades limítrofes que sí tienen acceso a ellos.
Igualmente, la patronal española de la industria farmacéutica innovadora decidía en el mes de abril emprender medidas legales contra la decisión del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) de retirar del programa de prescripción de médicos (Turriano) 147 medicamentos, la mayoría sin genéricos en el mercado, que se correspondían con 31 principios activos, y que a partir de ese momento no se podrían prescribir electrónicamente, aunque sí en receta de papel. Farmaindustria había pedido previamente al Ejecutivo regional, liderado en aquel momento por José María Barreda, que dejara sin efecto dicha medida. Acciones como ésta se iban extendiendo por la geografía española y parecían ir anticipando la posterior generalización de la prescripción por principio activo por parte del Ministerio de Sanidad.
Ya en el mes de marzo, la Organización Médica Colegial (OMC) aseguraba que las restricciones que algunas comunidades autónomas estaban imponiendo a los médicos con respecto al número de medicamentos financiados que pueden recetar de cada principio activo o grupo farmacológico eran "actos de responsabilidad administrativa muy necesarios" que no merecían ningún reproche ético. Según la máxima entidad colegial de España, "este tipo de iniciativas no deterioran la calidad de la asistencia y pueden generar un ahorro económico que debería permitir atender otras necesidades asistenciales". Sin embargo, no todas las sociedades médicas se mostraron de acuerdo con tal afirmación.
El Plan Sectorial para la Industria Farmacéutica, una oportunidad perdida
Tras conocerse que el gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud en todo el año 2010 había bajado por primera vez en lo que iba de legislatura, con un decrecimiento del 2,36 por ciento en relación con el año anterior, la entonces ministra de Sanidad, Leire Pajín, comparecía por primera vez en la Comisión de Sanidad del Congreso desde que fuera nombrada para anunciar la presentación del Plan Sectorial para la Industria Farmacéutica en el primer trimestre de 2011. Era el modo en el que el Gobierno central pretendía compensar a los laboratorios farmacéuticos por los dos reales decretos de 2010 que instauraron importantes recortes en el ámbito sanitario, y muy especialmente en el sector farmacéutico.
Tras varias reuniones con Farmaindustria, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, y la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, presentaban a finales del mes de marzo el Plan Sectorial para la Industria Farmacéutica, una iniciativa dotada con 327 millones de euros para 2011 cuyo objetivo era impulsar la I+D+i, atraer la inversión a este sector y generar un marco estable de negocio. En el marco de este plan se contemplaba la creación de un grupo de alto nivel formado por representantes de Sanidad, Industria, Ciencia y Economía, los cuatro ministerios involucrados en el proyecto, y se anunciaba la puesta en marcha de varias mesas de trabajo para concretar las iniciativas. Cada dos meses se controlarían los avances logrados en cada uno de los encuentros celebrados.
Previamente, en el mes de febrero, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos del Ministerio de Sanidad había aprobado la financiación pública por parte del SNS de los primeros fármacos en formato monodosis, con los que se había previsto un ahorro de más de 6 millones de euros anuales. Los nuevos formatos autorizados, de ibuprofeno y paracetamol, llegaban a las farmacias en el mes de abril y pertenecían a los laboratorios Ferrer. Asimismo, Sanidad señalaba que la autorización de envases monodosis se iría completando paulatinamente a lo largo del año con nuevos principios activos. En relación con otras medidas de ahorro, la ministra de Sanidad se mostraba contraria al copago "porque no garantiza la sostenibilidad del sistema sanitario".
Nuevo golpe a la industria farmacéutica
Cuando ya no parecía haber más margen de ahorro, con los datos del gasto farmacéutico confirmando su tendencia a la baja y los numerosos anuncios de recesión en el sector farmacéutico para los próximos años, la primera reunión del Consejo Interterritorial con todos los nuevos consejeros de los gobiernos autonómicos resultantes de las elecciones autonómicas, celebrada el 21 de julio, volvía a poner en primer plano la grave crisis económica que estaba viviendo el país. Allí se acordaba la modificación del SPR, la generalización de la prescripción por principio activo y una rebaja del 15 por ciento en el precio de los medicamentos que llevaran más de 10 años en el mercado sin que hubiera aparecido genérico.
Con este paquete de medidas, aprobado en el Consejo de Ministros del 19 de agosto y posteriormente en el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad esperaba ahorrar cerca de 2.400 millones de euros anuales. El director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, se oponía frontalmente a la obligatoriedad de la prescripción por principio activo, que entraba en vigor en noviembre. La patronal de la industria farmacéutica española tildaba el nuevo decreto antidéficit de "duro golpe" y advertía de nuevas pérdidas de empleo e inversión en I+D. Asimismo, reclamaba que el ahorro de tales medidas "sirviera para pagar la deuda contraída con los proveedores del sistema, que en el caso de la industria farmacéutica superaba por aquel entonces los 5.400 millones de euros".
Elecciones autonómicas y generales con mayoría del PP
La grave crisis económica y política que todavía hoy sigue viviendo España tuvo su primera cita con las urnas el pasado 22 de mayo. Los resultados de las elecciones autonómicas configuraban un panorama político altamente favorable al Partido Popular (PP), que lograba hacerse con tres feudos tradicionalmente socialistas (Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón), a la espera de lo que pueda ocurrir en 2012 con el Gobierno andaluz, el último gran bastión del PSOE. Como consecuencia de esto, el Consejo Interterritorial del SNS pasaba a estar formado por 11 consejeros populares, 2 socialistas, 1 de CiU, 1 de UPN y 1 de Coalición Canaria. La aplastante mayoría lograda por el PP y el empuje de los mercados obligaba a Zapatero a adelantar las elecciones generales.
Como era de esperar, el candidato del PP, Mariano Rajoy, arrasaba en las elecciones generales del 20-N al cosechar una victoria histórica frente al PSOE, que conseguía el peor resultado de su historia. El PP conseguía 186 escaños en el Congreso, tres más de los que logró Aznar en 2000, mientras que los socialistas perdían casi 60 parlamentarios y se quedaban en 110. Una vez completado el escrutinio, los datos demostraban que, aunque los populares habían ganado 552.683 votos, la clave de su victoria estaba en que Rubalcaba había perdido más de 4,31 millones de votos. El número de votantes del PP se situaba en 10.830.693, frente a los 10.278.010 de 2008, y el de los socialistas caía de los 11.289.335 a los 6.973.880.
El PP defiende una Sanidad "pública, universal y gratuita" para España
Rajoy había asegurado durante la campaña electoral que la Sanidad y la Educación para todos es una prioridad del PP y que es su intención que España cuente con una sanidad "pública, universal y gratuita", para lo cual hablaba de impulsar una única tarjeta sanitaria, la historia clínica digital y la receta electrónica, que deberán ser "compartidas e interoperables" en todas las comunidades. El objetivo es que "toda la información disponible del paciente pueda estar accesible en cualquier centro sanitario de España". Así, el PP quiere reforzar la interconexión de los sistemas sanitarios de las diferentes comunidades autónomas para mejorar el servicio a los ciudadanos. El líder popular también aseguraba que "establecerán una cartera común de servicios básicos para todo el SNS".
Los nombres de los ministros de Mariano Rajoy se mantuvieron totalmente en secreto hasta las 19:30 horas del pasado 21 de diciembre. Cuando todo el sector sanitario daba por hecho que Ana Pastor iba a ser la nueva ministra del ramo, el presidente del Gobierno anunciaba por sorpresa que Ana Mato se haría cargo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En su toma de posesión, Mato anunciaba reformas "con el objetivo de mejorar los servicios básicos para los ciudadanos", y prometía hacerlas "en colaboración y diálogo permanente con las comunidades autónomas". Asimismo, su intención es hacer extensivo este diálogo a profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes y organizaciones de consumidores, que "tendrán siempre abiertas las puertas".
Pilar Farjas, hasta ahora consejera de Sanidad de la Xunta de Galicia, era nombrada dos días antes de acabar el año secretaria general del Sanidad. "Es un privilegio, absolutamente, formar parte del Gobierno de España", señalaba. Además de Farjas, el Consejo de Gobierno aprobaba el nombramiento del coordinador nacional de Política Autónoma y Local, Juan Manuel Morales, como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad; la hasta ahora coordinadora general de Modernización y Administración Pública en el Ayuntamiento de Madrid, María Jesús Fraile, como subsecretaria del Ministerio; y María Teresa Bernedo como directora de Gabinete de la Ministra. Además, nombraba a Blanca Hernández como delegada del Gobierno para la Violencia de Género.
En el último Consejo de Ministros del año se aprobaba el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 2012, que se reducirá en 409 millones de euros.
Duros recortes en Cataluña
Otro de los partidos políticos que salía reforzado de las elecciones generales era CiU, a pesar de los fuertes recortes que había venido imponiendo en la Sanidad catalana desde que regresara a la Generalitat a finales de 2010. Precisamente por eso, apenas dos días después de los comicios del 20-N, Artur Mas se sacaba de la manga nuevos y peligrosos ajustes, entre los que destacaba especialmente el anuncio de un ticket moderador o copago que implicaría una tasa por receta farmacéutica en 2012. El objetivo era "ponerle alguna barrera al uso excesivo del sistema sanitario". Todos estos recortes buscan reducir al máximo el déficit de 8.400 millones de euros que arrastra esta comunidad autónoma.
Aunque Cataluña ha sido, sin lugar a dudas, la autonomía que más se ha cebado con los recortes sanitarios en 2011, bien es cierto que no ha sido la única. Así, por ejemplo, la Generalitat valenciana decidía cerrar en octubre 262 camas hospitalarias de forma "coyuntural y reversible", y un mes después, el Centro de Investigación Príncipe Felipe presentaba un expediente de regulación que afectaba a la mitad de la plantilla y de la inversión en investigación. Por su parte, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, presentaba en diciembre su segundo plan de ajuste, que incluía una fuerte bajada del sueldo de los funcionarios y la privatización de cuatro hospitales. Aunque el resto de autonomías han empezado a recortar por otros frentes, es muy probable que en 2012 se generalicen los ajustes sanitarios.
Entre toda esta maraña de ajustes y recortes, el Foro de la Profesión Médica, que integra a colegios, sindicatos, facultades y estudiantes de Medicina, advertía de que convocará manifestaciones ciudadanas en caso de que las medidas puestas en marcha por las comunidades autónomas afecten a la calidad de las prestaciones sanitarias. Durante la presentación de un manifiesto en favor de la sostenibilidad del SNS, el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, afirmó que la clase política no ha sabido "ni prever ni gestionar adecuadamente la situación", permitiendo que el sistema haya estado "infrapresupuestado año tras año". Según la autonomía, los recortes sanitarios "están afectando a la atención continuada, los métodos diagnósticos, las guardias o el salario de los profesionales".
La asistencia sanitaria de los parados de larga duración, en peligro
Especialmente preocupantes son las trabas que algunas autonomías han empezado a poner a la asistencia sanitaria de sus parados sin prestación por desempleo. El pasado mes de noviembre, el Ministerio de Trabajo salía al paso de los casos de Galicia y Murcia, donde incluso se les había llegado a retirar la tarjeta sanitaria. Trabajo recordaba a las comunidades autónomas que la recién aprobada Ley General de Salud Pública marca la senda administrativa para solucionar esta anomalía, que no es nueva. Se trataría de la firma de un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para acceder a la base de datos de este organismo y tramitar la cobertura universal para las personas que son dadas de baja. Por su parte, Sanidad reconocía en diciembre que 40.000 parados de larga duración podrían tener bloqueada su tarjeta sanitaria en ese momento.
En la misma línea, algunas comunidades autónomas entraban en conflicto por la asistencia sanitaria de sus poblaciones limítrofes. El caso más destacado era el de La Rioja y País Vasco, dos autonomías que lograban firmar un preacuerdo 'in extremis' a mediados de diciembre por la atención de los pacientes de la Rioja Alavesa, a falta de uno definitivo para antes del 29 de febrero de 2012. Así, las 12.000 personas de los 14 municipios de la zona podrán recibir en La Rioja la misma atención especializada que venía dándoseles antes de que dicha región decidiera dejar de atender a los vascos de localidades limítrofes. La autonomía reclamaba al Gobierno vasco una compensación económica por ello.
La deuda con las farmacias, un lastre para las autonomías
Otro asunto que todavía hoy sigue dando mucho que hablar es la deuda de las comunidades autónomas con las farmacias, un síntoma más de la grave crisis económica que estamos viviendo. Castilla-La Mancha era la región que abría la caja de los truenos tras la conformación de su nuevo Gobierno autonómico, liderado por María Dolores de Cospedal. Le seguían otras autonomías, como Baleares o La Rioja, cuyos gobiernos se veían incapaces de pagar lo adeudado a sus farmacias. A raíz de "la incapacidad demostrada por los responsables políticos para solucionar esta crisis", la Junta Directiva de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) instaba a los colegios oficiales de farmacéuticos a que reclamasen los pagos por vía administrativa y judicial al SNS, comunidades autónomas, Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.
Según las previsiones hechas por FEFE a finales de noviembre, las administraciones autonómicas adeudarían cerca de 1.930 millones de euros a las farmacias a finales de año, afectando a más del 70% de estos establecimientos. Con todo esto, la región más endeudada sería la Comunidad Valenciana, con 360 millones de euros, seguida de Castilla-La Mancha (335), Andalucía (300), Cataluña (276), Madrid (202), Canarias (150) y Murcia (150). Las únicas regiones que quedarían exentas de estos impagos serían Asturias y País Vasco. En este contexto, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, encabezado por Carmen Peña, ha reiterado en varias ocasiones a las autonomías que den prioridad al pago de los medicamentos ya dispensados.
Por su parte, Fenin y Farmaindustria lanzaban a finales de noviembre sendos comunicados de prensa para alertar sobre el aumento de la deuda de las comunidades autónomas con las empresas a las que representan. Así, por un lado se decía que los hospitales españoles debían ya más de 5.800 millones de euros a la industria farmacéutica por el suministro de medicamentos, donde Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla y León, y Castilla-La Mancha se posicionaban en los primeros lugares. Por otro lado, la deuda con el sector de la tecnología sanitaria alcanzaba los 4.740 millones de euros, donde Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid volvían a concentrar más de la mitad de la deuda.
Tras numerosos anuncios y varios cambios de fechas, en octubre se celebraba finalmente la I Conferencia Nacional de Atención Primaria, organizada por el Foro de Médicos de Atención Primaria y el Ministerio de Sanidad. A pesar de las grandes expectativas generadas por este encuentro, al acto se saldaba con un "más de lo mismo", ya que ni siquiera acudían a él todas las comunidades autónomas en bloque. Entre otras cosas, Leire Pajín anunciaba la institucionalización del evento con carácter anual y apuntaba que el primer nivel asistencial español debería esperar "4 ó 6 años" para ver cumplida una de sus principales reivindicaciones: la de recibir el 25 por ciento del presupuesto sanitario total.
También en el ámbito de la Atención Primaria, el BOE publicaba a finales de noviembre el calendario oficial de la prueba ECOE 2011, a la que eran convocados 4.300 médicos generales de toda España para obtener su título de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Los exámenes se realizaban con total normalidad durante el mes de diciembre, a pesar de las numerosas quejas de los aspirantes por lo precipitado de la convocatoria y del recurso contencioso-administrativo presentado por Wolters Kluwer –empresa vinculada a SEMERGEN por un convenio de asesoramiento técnico- ante la Audiencia Nacional.
En dicho recurso se solicitaba la suspensión cautelar del proceso por carecer de las suficientes garantías.
La ansiada regularización de los mestos podría llegar en 2012
Los médicos especialistas sin título oficial (mestos) conforman otro colectivo que lleva muchos años esperando un proceso regulador similar al de la prueba ECOE. Una de sus últimas esperanzas estaba puesta en la proposición de ley presentada por PP y CiU en el Congreso de los Diputados para la modificación de la Ley de Ordenación de los Profesionales Sanitarios. No obstante, PP y PSOE pedían a finales de junio una prórroga a la presentación de enmiendas tras conocerse que el comisario Barnier consideraba "no sujeto a derecho comunitario" el proceso excepcional solicitado por los mestos. En una entrevista concedida a la revista El Médico en el mes de octubre, Ana Pastor apuntaba que su partido "iba a seguir defendiendo la regularización del colectivo si finalmente llegaba al Gobierno". Veremos qué pasa en 2012.
En el ámbito normativo, el 2 de enero de 2011 entraba en vigor la reforma de la Ley Antitabaco, que situaba a España entre los países con niveles de tabaquismo pasivo entre adultos "significativamente más bajos" de toda Europa, a pesar de la fuerte polémica suscitada entre los propietarios de bares y restaurantes de todo el país. No había día que no apareciera en los medios de comunicación alguna información relativa a este asunto. Cuando las aguas parecían haberse calmado, los hosteleros pidieron a Mariano Rajoy la modificación de dicha normativa si finalmente llegaba a La Moncloa, y éste llegó a insinuar que podría suavizarla para que se pueda fumar en algunos bares. Por el contrario, los médicos le han pedido que la deje como está.
La Ley de Muerte Digna ha sido otra normativa que ha dado mucho que hablar durante 2011, aunque finalmente no ha salido adelante, al igual que la Ley de Igualdad de Trato. El Gobierno socialista había aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 10 de junio la remisión a las Cortes de la norma reguladora de los derechos de las personas ante el proceso final de la vida. Su objetivo era que todos los ciudadanos "afronten sus últimos días con dignidad y el menor sufrimiento posible". El texto establecía que "cualquier persona mayor de edad y con plena capacidad de obrar por sí misma tiene derecho a manifestar anticipadamente su voluntad sobre sus cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir al final de su vida".
Por su parte, el Congreso de los Diputados daba luz verde a la Ley de Salud Pública poco antes de finalizar la legislatura. Entre otras cosas, la norma regula el ejercicio de la Psicología en el ámbito sanitario, por lo que esta disciplina pasa a ser considerada una profesión sanitaria titulada y regulada. Además, se establece la creación de una cartera de servicios básica y común en el ámbito de la Salud Pública, con un conjunto de programas y actuaciones que incluyen un calendario vacunal único y una oferta consensuada de cribados poblacionales. También se prevé la elaboración de una Estrategia de Salud Pública, con participación de todos los agentes sociales, y la conformación de un Consejo Asesor de Salud Pública.
La nueva Ley de Ciencia, aprobada definitivamente después de dos años
Otra norma que salía adelante con éxito era la Ley de Ciencia. A mediados del mes de mayo, el pleno del Congreso de los Diputados daba luz verde de forma definitiva a la nueva normativa con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo IU-ICV y UPyD. El Ministerio de Ciencia e Innovación, encabezado por Cristina Garmendia, apuntaba que el coste de su aplicación iba a estar cercano a los 40 millones de euros, de los que 10 irían destinados a la reorganización de los Organismos Públicos de Investigación (OPI), y los 30 restantes a los nuevos contratos de investigadores. Después de más de dos años desde la elaboración del primer borrador, las Cortes daban el visto bueno a una ley que sustituye a otra de 1986.
Apenas un mes después, el pleno del Congreso aprobaba de forma definitiva y por unanimidad la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, tras ratificarse las enmiendas del Senado a esta norma, que impulsa hábitos alimenticios saludables entre la población y complementa el sistema español de coordinación en materia de seguridad alimentaria. La normativa supone un paso adelante en la gestión de crisis alimentarias, como la que ha dañado a los productos españoles con la bacteria 'E. Coli'. La crisis estallaba en Alemania durante el mes de mayo, cuando se acusaba a los pepinos españoles de estar detrás de una serie de infecciones por 'E. Coli' producidas en al país germano. Posteriormente se demostraba que no era así, y todavía hoy sigue sin estar claro el origen de tales brotes.
De cara a 2012, Leire Pajín ha dejado listos los proyectos normativos de la troncalidad, las nuevas especialidades y el registro de profesionales, con sus respectivas alegaciones incorporadas y a la espera únicamente de los últimos informes perceptivos y de la consiguiente aprobación por parte del Consejo de Ministros del nuevo Gobierno popular de Mariano Rajoy. De este modo, tres de los grandes proyectos del PSOE quedan en manos del PP, por lo que es de esperar que se produzcan cambios importantes en los mismos. Más concretamente, los colectivos contrarios a la creación de las especialidades de Urgencias y Emergencias, y de Enfermedades Infecciosas, aspiran a alcanzar el consenso de los profesionales con la nueva ministra de Sanidad.
También se llegó a celebrar en 2011 la primera reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, constituida formalmente el pasado mes de septiembre para debatir distintos aspectos de la negociación colectiva relativos al personal del SNS. Aunque no asistieron las comunidades autónomas gobernadas por el PP, en esta primera reunión de trabajo se aprobó el reglamento de la Mesa y el calendario de trabajo con las principales iniciativas a desarrollar. Uno de los objetivos de la misma será establecer mecanismos que garanticen el derecho de movilidad de los profesionales sanitarios en el propio sistema. A dicho encuentro sólo acudieron representantes de los gobiernos autonómicos de Andalucía, País Vasco, Cataluña, Canarias y Navarra, además del Ministerio de Sanidad y varias formaciones sindicales.
Estudios sobre sostenibilidad del SNS
Al igual que otros años, varios han sido los informes que se han presentado en 2011 sobre sostenibilidad del SNS. Quizás el más destacado de ellos haya sido el de Bernat Soria, ex ministro de Sanidad, donde se dice que el copago "no es la solución mágica" y que "éste no es el momento" para su implantación en los servicios sanitarios. El experto expresaba sus dudas en torno al hecho de que se trate de una medida efectiva y equitativa, y apuntaba que "podría tener efectos adversos" para el paciente. No obstante, apostaba por sacar a debate el tema del copago en el futuro como "una forma de contraprestación". El informe recoge las opiniones de todos los agentes del SNS, entre los que figuraban pacientes, profesionales, gestores y administraciones.
Otro informe, elaborado en esta ocasión por PricewaterHouseCoopers, evidenciaba el fracaso del modelo de financiación de la sanidad. La principal conclusión del estudio ponía de manifiesto la urgencia de evitar la generación de más deuda y la necesidad de aplicar medidas que hagan viable dicho modelo. Según este informe, el SNS mantiene un déficit estimado de entre el 10 y el 15% de los presupuestos asignados por las comunidades autónomas a Sanidad, lo que hace necesario que se pongan en marcha mecanismos de control. En 2012 se conocerán las conclusiones de uno de los estudios más esperados: el encargado por Mariano Rajoy a la Fundación FAES para buscar soluciones ante el elevado gasto farmacéutico que está lastrando las cuentas autonómicas. Es más que probable que sea una hoja de ruta para los próximos cuatro años de Gobierno popular.
De lo que sí podemos estar seguros los españoles es del buen funcionamiento del SNS, a pesar de las adversidades. Así lo demuestran los datos del Barómetro Sanitario 2010, presentados el paso mes de abril. La sanidad pública sigue siendo una de las prestaciones mejor valoradas por la ciudadanía española, donde el 73,88 por ciento de la población encuestada considera que nuestro sistema sanitario funciona bien o bastante bien, aunque necesite algunos cambios. Tan solo un 3,51 por ciento manifiesta que habría que rehacerlo por completo. El estudio refleja que, en una escala de puntuación del 1 al 10, la valoración positiva de los ciudadanos respecto al sistema sanitario público se sitúa en los 6,57 puntos, lo que confirma la paulatina tendencia al alza de los últimos años.
Los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo central a la hora de presentar dicho recurso consideraban que el catálogo gallego recortaba derechos a los ciudadanos de esta comunidad y a los que la fueran a visitar, ya que podía crear problemas de salud. Por su parte, el Consejo de Estado había dicho de la iniciativa que menoscababa la uniformidad mínima y homogeneidad en el contenido de las prestaciones sanitarias públicas que el Estado debe garantizar. Aunque el Tribunal Constitucional todavía tiene que tomar una decisión definitiva, todo parece indicar que el nuevo Gobierno popular, liderado por Mariano Rajoy, retirará dicho recurso. Lo que no está tan claro a día de hoy es si la iniciativa gallega será finalmente elevada a política nacional o quedará difuminada en aras de un renovado Sistema de Precios de Referencia (SPR).
Tras la implantación del catálogo gallego, en diciembre de 2010, otras comunidades autónomas empezaron a tomar en consideración medidas de política farmacéutica por su propia cuenta y riesgo. Así, por ejemplo, Andalucía anunciaba a principios de año su intención de que las boticas sólo pudieran dispensar el medicamento o producto sanitario del proveedor que elija el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras un procedimiento de subasta en el que se adjudique una exclusividad de mercado en función de los descuentos que ofrezcan las empresas concurrentes. La Consejería de Salud de Andalucía iniciaba la tramitación del correspondiente decreto en el mes de julio y, con vistas a las elecciones autonómicas del próximo 4 de marzo, ponía sobre la mesa su intención de comenzar con las subastas en este mes de enero.
El sector farmacéutico, en contra de la restricción de prestaciones
También a principios de año, los farmacéuticos, los distribuidores y la industria farmacéutica firmaban un manifiesto conjunto para mostrar su rechazo a las restricciones a la prestación farmacéutica que se estaban anunciando y/o adoptando en algunas comunidades autónomas, como las anteriormente reseñadas. Los firmantes reclamaban "respeto por las competencias del Ministerio de Sanidad" y pedían que se velara "por la aplicación de la distribución de competencias" para mantener la unidad e igualdad de acceso de los pacientes a la prestación farmacéutica en toda España. Asimismo, denunciaban que los retrasos en los pagos a los proveedores estaban estrangulando el normal desarrollo de su actividad, tal y como se pondría de manifiesto más adelante.
Por otro lado, Farmaindustria recurría ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la decisión del Gobierno extremeño de sacar de la receta electrónica las marcas de siete principios activos. El Ejecutivo autonómico, liderado en aquel entonces por Guillermo Fernández Vara, había comunicado en su momento a los colegios farmacéuticos la desactivación de la prescripción electrónica de dichos principios, lo que implicaba que en la receta electrónica sólo tendrían cabida los genéricos, si bien al mismo tiempo se permitía a los médicos prescribir las marcas en receta de papel. Farmaindustria alegaba que el ahorro propiciado por dicha medida para las arcas públicas es mínimo y establece una discriminación entre los usuarios extremeños y los de otras comunidades limítrofes que sí tienen acceso a ellos.
Igualmente, la patronal española de la industria farmacéutica innovadora decidía en el mes de abril emprender medidas legales contra la decisión del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) de retirar del programa de prescripción de médicos (Turriano) 147 medicamentos, la mayoría sin genéricos en el mercado, que se correspondían con 31 principios activos, y que a partir de ese momento no se podrían prescribir electrónicamente, aunque sí en receta de papel. Farmaindustria había pedido previamente al Ejecutivo regional, liderado en aquel momento por José María Barreda, que dejara sin efecto dicha medida. Acciones como ésta se iban extendiendo por la geografía española y parecían ir anticipando la posterior generalización de la prescripción por principio activo por parte del Ministerio de Sanidad.
Ya en el mes de marzo, la Organización Médica Colegial (OMC) aseguraba que las restricciones que algunas comunidades autónomas estaban imponiendo a los médicos con respecto al número de medicamentos financiados que pueden recetar de cada principio activo o grupo farmacológico eran "actos de responsabilidad administrativa muy necesarios" que no merecían ningún reproche ético. Según la máxima entidad colegial de España, "este tipo de iniciativas no deterioran la calidad de la asistencia y pueden generar un ahorro económico que debería permitir atender otras necesidades asistenciales". Sin embargo, no todas las sociedades médicas se mostraron de acuerdo con tal afirmación.
El Plan Sectorial para la Industria Farmacéutica, una oportunidad perdida
Tras conocerse que el gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud en todo el año 2010 había bajado por primera vez en lo que iba de legislatura, con un decrecimiento del 2,36 por ciento en relación con el año anterior, la entonces ministra de Sanidad, Leire Pajín, comparecía por primera vez en la Comisión de Sanidad del Congreso desde que fuera nombrada para anunciar la presentación del Plan Sectorial para la Industria Farmacéutica en el primer trimestre de 2011. Era el modo en el que el Gobierno central pretendía compensar a los laboratorios farmacéuticos por los dos reales decretos de 2010 que instauraron importantes recortes en el ámbito sanitario, y muy especialmente en el sector farmacéutico.
Tras varias reuniones con Farmaindustria, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, y la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, presentaban a finales del mes de marzo el Plan Sectorial para la Industria Farmacéutica, una iniciativa dotada con 327 millones de euros para 2011 cuyo objetivo era impulsar la I+D+i, atraer la inversión a este sector y generar un marco estable de negocio. En el marco de este plan se contemplaba la creación de un grupo de alto nivel formado por representantes de Sanidad, Industria, Ciencia y Economía, los cuatro ministerios involucrados en el proyecto, y se anunciaba la puesta en marcha de varias mesas de trabajo para concretar las iniciativas. Cada dos meses se controlarían los avances logrados en cada uno de los encuentros celebrados.
Previamente, en el mes de febrero, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos del Ministerio de Sanidad había aprobado la financiación pública por parte del SNS de los primeros fármacos en formato monodosis, con los que se había previsto un ahorro de más de 6 millones de euros anuales. Los nuevos formatos autorizados, de ibuprofeno y paracetamol, llegaban a las farmacias en el mes de abril y pertenecían a los laboratorios Ferrer. Asimismo, Sanidad señalaba que la autorización de envases monodosis se iría completando paulatinamente a lo largo del año con nuevos principios activos. En relación con otras medidas de ahorro, la ministra de Sanidad se mostraba contraria al copago "porque no garantiza la sostenibilidad del sistema sanitario".
Nuevo golpe a la industria farmacéutica
Cuando ya no parecía haber más margen de ahorro, con los datos del gasto farmacéutico confirmando su tendencia a la baja y los numerosos anuncios de recesión en el sector farmacéutico para los próximos años, la primera reunión del Consejo Interterritorial con todos los nuevos consejeros de los gobiernos autonómicos resultantes de las elecciones autonómicas, celebrada el 21 de julio, volvía a poner en primer plano la grave crisis económica que estaba viviendo el país. Allí se acordaba la modificación del SPR, la generalización de la prescripción por principio activo y una rebaja del 15 por ciento en el precio de los medicamentos que llevaran más de 10 años en el mercado sin que hubiera aparecido genérico.
Con este paquete de medidas, aprobado en el Consejo de Ministros del 19 de agosto y posteriormente en el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad esperaba ahorrar cerca de 2.400 millones de euros anuales. El director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, se oponía frontalmente a la obligatoriedad de la prescripción por principio activo, que entraba en vigor en noviembre. La patronal de la industria farmacéutica española tildaba el nuevo decreto antidéficit de "duro golpe" y advertía de nuevas pérdidas de empleo e inversión en I+D. Asimismo, reclamaba que el ahorro de tales medidas "sirviera para pagar la deuda contraída con los proveedores del sistema, que en el caso de la industria farmacéutica superaba por aquel entonces los 5.400 millones de euros".
Elecciones autonómicas y generales con mayoría del PP
La grave crisis económica y política que todavía hoy sigue viviendo España tuvo su primera cita con las urnas el pasado 22 de mayo. Los resultados de las elecciones autonómicas configuraban un panorama político altamente favorable al Partido Popular (PP), que lograba hacerse con tres feudos tradicionalmente socialistas (Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón), a la espera de lo que pueda ocurrir en 2012 con el Gobierno andaluz, el último gran bastión del PSOE. Como consecuencia de esto, el Consejo Interterritorial del SNS pasaba a estar formado por 11 consejeros populares, 2 socialistas, 1 de CiU, 1 de UPN y 1 de Coalición Canaria. La aplastante mayoría lograda por el PP y el empuje de los mercados obligaba a Zapatero a adelantar las elecciones generales.
Como era de esperar, el candidato del PP, Mariano Rajoy, arrasaba en las elecciones generales del 20-N al cosechar una victoria histórica frente al PSOE, que conseguía el peor resultado de su historia. El PP conseguía 186 escaños en el Congreso, tres más de los que logró Aznar en 2000, mientras que los socialistas perdían casi 60 parlamentarios y se quedaban en 110. Una vez completado el escrutinio, los datos demostraban que, aunque los populares habían ganado 552.683 votos, la clave de su victoria estaba en que Rubalcaba había perdido más de 4,31 millones de votos. El número de votantes del PP se situaba en 10.830.693, frente a los 10.278.010 de 2008, y el de los socialistas caía de los 11.289.335 a los 6.973.880.
El PP defiende una Sanidad "pública, universal y gratuita" para España
Rajoy había asegurado durante la campaña electoral que la Sanidad y la Educación para todos es una prioridad del PP y que es su intención que España cuente con una sanidad "pública, universal y gratuita", para lo cual hablaba de impulsar una única tarjeta sanitaria, la historia clínica digital y la receta electrónica, que deberán ser "compartidas e interoperables" en todas las comunidades. El objetivo es que "toda la información disponible del paciente pueda estar accesible en cualquier centro sanitario de España". Así, el PP quiere reforzar la interconexión de los sistemas sanitarios de las diferentes comunidades autónomas para mejorar el servicio a los ciudadanos. El líder popular también aseguraba que "establecerán una cartera común de servicios básicos para todo el SNS".
Los nombres de los ministros de Mariano Rajoy se mantuvieron totalmente en secreto hasta las 19:30 horas del pasado 21 de diciembre. Cuando todo el sector sanitario daba por hecho que Ana Pastor iba a ser la nueva ministra del ramo, el presidente del Gobierno anunciaba por sorpresa que Ana Mato se haría cargo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En su toma de posesión, Mato anunciaba reformas "con el objetivo de mejorar los servicios básicos para los ciudadanos", y prometía hacerlas "en colaboración y diálogo permanente con las comunidades autónomas". Asimismo, su intención es hacer extensivo este diálogo a profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes y organizaciones de consumidores, que "tendrán siempre abiertas las puertas".
Pilar Farjas, hasta ahora consejera de Sanidad de la Xunta de Galicia, era nombrada dos días antes de acabar el año secretaria general del Sanidad. "Es un privilegio, absolutamente, formar parte del Gobierno de España", señalaba. Además de Farjas, el Consejo de Gobierno aprobaba el nombramiento del coordinador nacional de Política Autónoma y Local, Juan Manuel Morales, como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad; la hasta ahora coordinadora general de Modernización y Administración Pública en el Ayuntamiento de Madrid, María Jesús Fraile, como subsecretaria del Ministerio; y María Teresa Bernedo como directora de Gabinete de la Ministra. Además, nombraba a Blanca Hernández como delegada del Gobierno para la Violencia de Género.
En el último Consejo de Ministros del año se aprobaba el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 2012, que se reducirá en 409 millones de euros.
Duros recortes en Cataluña
Otro de los partidos políticos que salía reforzado de las elecciones generales era CiU, a pesar de los fuertes recortes que había venido imponiendo en la Sanidad catalana desde que regresara a la Generalitat a finales de 2010. Precisamente por eso, apenas dos días después de los comicios del 20-N, Artur Mas se sacaba de la manga nuevos y peligrosos ajustes, entre los que destacaba especialmente el anuncio de un ticket moderador o copago que implicaría una tasa por receta farmacéutica en 2012. El objetivo era "ponerle alguna barrera al uso excesivo del sistema sanitario". Todos estos recortes buscan reducir al máximo el déficit de 8.400 millones de euros que arrastra esta comunidad autónoma.
Aunque Cataluña ha sido, sin lugar a dudas, la autonomía que más se ha cebado con los recortes sanitarios en 2011, bien es cierto que no ha sido la única. Así, por ejemplo, la Generalitat valenciana decidía cerrar en octubre 262 camas hospitalarias de forma "coyuntural y reversible", y un mes después, el Centro de Investigación Príncipe Felipe presentaba un expediente de regulación que afectaba a la mitad de la plantilla y de la inversión en investigación. Por su parte, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, presentaba en diciembre su segundo plan de ajuste, que incluía una fuerte bajada del sueldo de los funcionarios y la privatización de cuatro hospitales. Aunque el resto de autonomías han empezado a recortar por otros frentes, es muy probable que en 2012 se generalicen los ajustes sanitarios.
Entre toda esta maraña de ajustes y recortes, el Foro de la Profesión Médica, que integra a colegios, sindicatos, facultades y estudiantes de Medicina, advertía de que convocará manifestaciones ciudadanas en caso de que las medidas puestas en marcha por las comunidades autónomas afecten a la calidad de las prestaciones sanitarias. Durante la presentación de un manifiesto en favor de la sostenibilidad del SNS, el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, afirmó que la clase política no ha sabido "ni prever ni gestionar adecuadamente la situación", permitiendo que el sistema haya estado "infrapresupuestado año tras año". Según la autonomía, los recortes sanitarios "están afectando a la atención continuada, los métodos diagnósticos, las guardias o el salario de los profesionales".
La asistencia sanitaria de los parados de larga duración, en peligro
Especialmente preocupantes son las trabas que algunas autonomías han empezado a poner a la asistencia sanitaria de sus parados sin prestación por desempleo. El pasado mes de noviembre, el Ministerio de Trabajo salía al paso de los casos de Galicia y Murcia, donde incluso se les había llegado a retirar la tarjeta sanitaria. Trabajo recordaba a las comunidades autónomas que la recién aprobada Ley General de Salud Pública marca la senda administrativa para solucionar esta anomalía, que no es nueva. Se trataría de la firma de un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para acceder a la base de datos de este organismo y tramitar la cobertura universal para las personas que son dadas de baja. Por su parte, Sanidad reconocía en diciembre que 40.000 parados de larga duración podrían tener bloqueada su tarjeta sanitaria en ese momento.
En la misma línea, algunas comunidades autónomas entraban en conflicto por la asistencia sanitaria de sus poblaciones limítrofes. El caso más destacado era el de La Rioja y País Vasco, dos autonomías que lograban firmar un preacuerdo 'in extremis' a mediados de diciembre por la atención de los pacientes de la Rioja Alavesa, a falta de uno definitivo para antes del 29 de febrero de 2012. Así, las 12.000 personas de los 14 municipios de la zona podrán recibir en La Rioja la misma atención especializada que venía dándoseles antes de que dicha región decidiera dejar de atender a los vascos de localidades limítrofes. La autonomía reclamaba al Gobierno vasco una compensación económica por ello.
La deuda con las farmacias, un lastre para las autonomías
Otro asunto que todavía hoy sigue dando mucho que hablar es la deuda de las comunidades autónomas con las farmacias, un síntoma más de la grave crisis económica que estamos viviendo. Castilla-La Mancha era la región que abría la caja de los truenos tras la conformación de su nuevo Gobierno autonómico, liderado por María Dolores de Cospedal. Le seguían otras autonomías, como Baleares o La Rioja, cuyos gobiernos se veían incapaces de pagar lo adeudado a sus farmacias. A raíz de "la incapacidad demostrada por los responsables políticos para solucionar esta crisis", la Junta Directiva de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) instaba a los colegios oficiales de farmacéuticos a que reclamasen los pagos por vía administrativa y judicial al SNS, comunidades autónomas, Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.
Según las previsiones hechas por FEFE a finales de noviembre, las administraciones autonómicas adeudarían cerca de 1.930 millones de euros a las farmacias a finales de año, afectando a más del 70% de estos establecimientos. Con todo esto, la región más endeudada sería la Comunidad Valenciana, con 360 millones de euros, seguida de Castilla-La Mancha (335), Andalucía (300), Cataluña (276), Madrid (202), Canarias (150) y Murcia (150). Las únicas regiones que quedarían exentas de estos impagos serían Asturias y País Vasco. En este contexto, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, encabezado por Carmen Peña, ha reiterado en varias ocasiones a las autonomías que den prioridad al pago de los medicamentos ya dispensados.
Por su parte, Fenin y Farmaindustria lanzaban a finales de noviembre sendos comunicados de prensa para alertar sobre el aumento de la deuda de las comunidades autónomas con las empresas a las que representan. Así, por un lado se decía que los hospitales españoles debían ya más de 5.800 millones de euros a la industria farmacéutica por el suministro de medicamentos, donde Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla y León, y Castilla-La Mancha se posicionaban en los primeros lugares. Por otro lado, la deuda con el sector de la tecnología sanitaria alcanzaba los 4.740 millones de euros, donde Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid volvían a concentrar más de la mitad de la deuda.
Tras numerosos anuncios y varios cambios de fechas, en octubre se celebraba finalmente la I Conferencia Nacional de Atención Primaria, organizada por el Foro de Médicos de Atención Primaria y el Ministerio de Sanidad. A pesar de las grandes expectativas generadas por este encuentro, al acto se saldaba con un "más de lo mismo", ya que ni siquiera acudían a él todas las comunidades autónomas en bloque. Entre otras cosas, Leire Pajín anunciaba la institucionalización del evento con carácter anual y apuntaba que el primer nivel asistencial español debería esperar "4 ó 6 años" para ver cumplida una de sus principales reivindicaciones: la de recibir el 25 por ciento del presupuesto sanitario total.
También en el ámbito de la Atención Primaria, el BOE publicaba a finales de noviembre el calendario oficial de la prueba ECOE 2011, a la que eran convocados 4.300 médicos generales de toda España para obtener su título de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Los exámenes se realizaban con total normalidad durante el mes de diciembre, a pesar de las numerosas quejas de los aspirantes por lo precipitado de la convocatoria y del recurso contencioso-administrativo presentado por Wolters Kluwer –empresa vinculada a SEMERGEN por un convenio de asesoramiento técnico- ante la Audiencia Nacional.
En dicho recurso se solicitaba la suspensión cautelar del proceso por carecer de las suficientes garantías.
La ansiada regularización de los mestos podría llegar en 2012
Los médicos especialistas sin título oficial (mestos) conforman otro colectivo que lleva muchos años esperando un proceso regulador similar al de la prueba ECOE. Una de sus últimas esperanzas estaba puesta en la proposición de ley presentada por PP y CiU en el Congreso de los Diputados para la modificación de la Ley de Ordenación de los Profesionales Sanitarios. No obstante, PP y PSOE pedían a finales de junio una prórroga a la presentación de enmiendas tras conocerse que el comisario Barnier consideraba "no sujeto a derecho comunitario" el proceso excepcional solicitado por los mestos. En una entrevista concedida a la revista El Médico en el mes de octubre, Ana Pastor apuntaba que su partido "iba a seguir defendiendo la regularización del colectivo si finalmente llegaba al Gobierno". Veremos qué pasa en 2012.
En el ámbito normativo, el 2 de enero de 2011 entraba en vigor la reforma de la Ley Antitabaco, que situaba a España entre los países con niveles de tabaquismo pasivo entre adultos "significativamente más bajos" de toda Europa, a pesar de la fuerte polémica suscitada entre los propietarios de bares y restaurantes de todo el país. No había día que no apareciera en los medios de comunicación alguna información relativa a este asunto. Cuando las aguas parecían haberse calmado, los hosteleros pidieron a Mariano Rajoy la modificación de dicha normativa si finalmente llegaba a La Moncloa, y éste llegó a insinuar que podría suavizarla para que se pueda fumar en algunos bares. Por el contrario, los médicos le han pedido que la deje como está.
La Ley de Muerte Digna ha sido otra normativa que ha dado mucho que hablar durante 2011, aunque finalmente no ha salido adelante, al igual que la Ley de Igualdad de Trato. El Gobierno socialista había aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 10 de junio la remisión a las Cortes de la norma reguladora de los derechos de las personas ante el proceso final de la vida. Su objetivo era que todos los ciudadanos "afronten sus últimos días con dignidad y el menor sufrimiento posible". El texto establecía que "cualquier persona mayor de edad y con plena capacidad de obrar por sí misma tiene derecho a manifestar anticipadamente su voluntad sobre sus cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir al final de su vida".
Por su parte, el Congreso de los Diputados daba luz verde a la Ley de Salud Pública poco antes de finalizar la legislatura. Entre otras cosas, la norma regula el ejercicio de la Psicología en el ámbito sanitario, por lo que esta disciplina pasa a ser considerada una profesión sanitaria titulada y regulada. Además, se establece la creación de una cartera de servicios básica y común en el ámbito de la Salud Pública, con un conjunto de programas y actuaciones que incluyen un calendario vacunal único y una oferta consensuada de cribados poblacionales. También se prevé la elaboración de una Estrategia de Salud Pública, con participación de todos los agentes sociales, y la conformación de un Consejo Asesor de Salud Pública.
La nueva Ley de Ciencia, aprobada definitivamente después de dos años
Otra norma que salía adelante con éxito era la Ley de Ciencia. A mediados del mes de mayo, el pleno del Congreso de los Diputados daba luz verde de forma definitiva a la nueva normativa con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo IU-ICV y UPyD. El Ministerio de Ciencia e Innovación, encabezado por Cristina Garmendia, apuntaba que el coste de su aplicación iba a estar cercano a los 40 millones de euros, de los que 10 irían destinados a la reorganización de los Organismos Públicos de Investigación (OPI), y los 30 restantes a los nuevos contratos de investigadores. Después de más de dos años desde la elaboración del primer borrador, las Cortes daban el visto bueno a una ley que sustituye a otra de 1986.
Apenas un mes después, el pleno del Congreso aprobaba de forma definitiva y por unanimidad la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, tras ratificarse las enmiendas del Senado a esta norma, que impulsa hábitos alimenticios saludables entre la población y complementa el sistema español de coordinación en materia de seguridad alimentaria. La normativa supone un paso adelante en la gestión de crisis alimentarias, como la que ha dañado a los productos españoles con la bacteria 'E. Coli'. La crisis estallaba en Alemania durante el mes de mayo, cuando se acusaba a los pepinos españoles de estar detrás de una serie de infecciones por 'E. Coli' producidas en al país germano. Posteriormente se demostraba que no era así, y todavía hoy sigue sin estar claro el origen de tales brotes.
De cara a 2012, Leire Pajín ha dejado listos los proyectos normativos de la troncalidad, las nuevas especialidades y el registro de profesionales, con sus respectivas alegaciones incorporadas y a la espera únicamente de los últimos informes perceptivos y de la consiguiente aprobación por parte del Consejo de Ministros del nuevo Gobierno popular de Mariano Rajoy. De este modo, tres de los grandes proyectos del PSOE quedan en manos del PP, por lo que es de esperar que se produzcan cambios importantes en los mismos. Más concretamente, los colectivos contrarios a la creación de las especialidades de Urgencias y Emergencias, y de Enfermedades Infecciosas, aspiran a alcanzar el consenso de los profesionales con la nueva ministra de Sanidad.
También se llegó a celebrar en 2011 la primera reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, constituida formalmente el pasado mes de septiembre para debatir distintos aspectos de la negociación colectiva relativos al personal del SNS. Aunque no asistieron las comunidades autónomas gobernadas por el PP, en esta primera reunión de trabajo se aprobó el reglamento de la Mesa y el calendario de trabajo con las principales iniciativas a desarrollar. Uno de los objetivos de la misma será establecer mecanismos que garanticen el derecho de movilidad de los profesionales sanitarios en el propio sistema. A dicho encuentro sólo acudieron representantes de los gobiernos autonómicos de Andalucía, País Vasco, Cataluña, Canarias y Navarra, además del Ministerio de Sanidad y varias formaciones sindicales.
Estudios sobre sostenibilidad del SNS
Al igual que otros años, varios han sido los informes que se han presentado en 2011 sobre sostenibilidad del SNS. Quizás el más destacado de ellos haya sido el de Bernat Soria, ex ministro de Sanidad, donde se dice que el copago "no es la solución mágica" y que "éste no es el momento" para su implantación en los servicios sanitarios. El experto expresaba sus dudas en torno al hecho de que se trate de una medida efectiva y equitativa, y apuntaba que "podría tener efectos adversos" para el paciente. No obstante, apostaba por sacar a debate el tema del copago en el futuro como "una forma de contraprestación". El informe recoge las opiniones de todos los agentes del SNS, entre los que figuraban pacientes, profesionales, gestores y administraciones.
Otro informe, elaborado en esta ocasión por PricewaterHouseCoopers, evidenciaba el fracaso del modelo de financiación de la sanidad. La principal conclusión del estudio ponía de manifiesto la urgencia de evitar la generación de más deuda y la necesidad de aplicar medidas que hagan viable dicho modelo. Según este informe, el SNS mantiene un déficit estimado de entre el 10 y el 15% de los presupuestos asignados por las comunidades autónomas a Sanidad, lo que hace necesario que se pongan en marcha mecanismos de control. En 2012 se conocerán las conclusiones de uno de los estudios más esperados: el encargado por Mariano Rajoy a la Fundación FAES para buscar soluciones ante el elevado gasto farmacéutico que está lastrando las cuentas autonómicas. Es más que probable que sea una hoja de ruta para los próximos cuatro años de Gobierno popular.
De lo que sí podemos estar seguros los españoles es del buen funcionamiento del SNS, a pesar de las adversidades. Así lo demuestran los datos del Barómetro Sanitario 2010, presentados el paso mes de abril. La sanidad pública sigue siendo una de las prestaciones mejor valoradas por la ciudadanía española, donde el 73,88 por ciento de la población encuestada considera que nuestro sistema sanitario funciona bien o bastante bien, aunque necesite algunos cambios. Tan solo un 3,51 por ciento manifiesta que habría que rehacerlo por completo. El estudio refleja que, en una escala de puntuación del 1 al 10, la valoración positiva de los ciudadanos respecto al sistema sanitario público se sitúa en los 6,57 puntos, lo que confirma la paulatina tendencia al alza de los últimos años.
Documentación y fuentes
1. EL MÉDICO INTERACTIVO.
2. Europa Press.
2. Europa Press.
.png)
No hay comentarios:
Publicar un comentario