"Lo vital, y no es habitual, es ser serio en la gestión de los servicios sociales"

Los datos de atención a dependientes varían mucho según autonomías. Entre cifras no precisamente positivas, Castilla y León asoma con buenos números: sólo el 8,5 por ciento de sus dependientes espera asistencia, en comparación con el 28,9 por ciento de media nacional. Milagros Marcos, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, explica el porqué.

José A. Plaza | 31/01/2012 00:00

Milagros Marcos, consejera de Familia de Castilla y León. (DM)

Castilla y León tiene las mejoras cifras en atención a la dependencia de toda España, tal y como refleja el último estudio presentado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (Aedgss) (ver DM del 16-I-2012). Según ha explicado a Diario Médico Milagros Marcos, consejera autonómica de Familia e Igualdad de Oportunidades, que acoge las competencias de los servicios sociales, parte de su éxito de debe a trabajar con un único trámite de valoración y concesión de la asistencia.
En Castilla y León hay unas 9o.000 personas dependientes; sólo el 8,5 por ciento de este total (unos 5.500) está en espera de asistencia. El presidente de Aedgss, José Manuel Ramírez, ha alabado el camino emprendido por Castilla y León, y sus resultados, lo que da pie a que la consejera saque pecho: "Más del 90 por ciento de las personas dependientes con derecho a prestación ya la reciben en Castilla y León, lo que nos sitúa 20 puntos por encima de la media nacional".

Marcos parte de que es básico incluir la dependencia como competencia de los servicios sociales, tal y como establece la ley: "Trabajamos con procesos de gestión informáticos en cada petición de prestaciones, y con un único modelo de valoración y concesión; luego es la norma nacional la que determina quién es dependiente y quién no cumple las condiciones". En España, el 70 por ciento de las personas que reciben asistencia domiciliaria no son dependientes.

La ley tuvo consenso, pero se aplicó de forma apresurada y cada comunidad autónoma se vio obligada a interpretarla por su cuenta y riesgo

Según Marcos, una de las claves es "la introducción de mecanismos serios de gestión en los servicios sociales, que no es la forma habitual de trabajar". Las herramientas informáticas que integran todos los servicios sociales también son fundamentales, al igual que la potenciación de los servicios de proximidad.
Implicación de la primaria
La asistencia se apoya en una atención primaria muy implicada en la atención domiciliaria a las personas dependientes: "Con la consejería de Sanidad hemos consensuado el modelo sanitario que permite mecanizar la asistencia. La coordinación sociosanitaria es fundamental, pero más lo es disponer de modelos rigurosos de gestión".
La reducción a la mitad de los trámites a los que obliga la Ley de Dependencia hasta que se recibe la asistencia es otro de sus puntos a favor. Marcos explica que, además, en Castilla y León "no trabajamos con dos resoluciones, una para conocer el nivel de dependencia y otra para dar a elegir las prestaciones; hemos juntado ambos pasos en un solo trámite administrativo". De esta forma, si el paciente elige una prestación acorde con lo que permite la ley, se le concede directamente.
La financiación es un escollo tradicional en la atención a dependientes, ya que surge en función de los presupuestos anuales: "Cambia año a año, lo que implica una necesidad de establecer puntualmente los presupuestos para que la asistencia sea correcta". Con respecto al desarrollo de la ley, la consejera apunta hacia un problema concreto: "No se evaluó suficientemente en 2010; hay que analizar toda la información existente y elegir la mejor vía para aplicarla". A su juicio, por ejemplo, es razonable diferenciar por nivel de dependencia y por gasto que acarrea al sistema cada persona dependiente.
Heterogeneidad
Existe otra reflexión que viene de lejos: "Hay 17 sistemas de atención a la dependencia, por lo que debemos tender a la homogeneidad". Marcos concreta su postura: "Se llegó a la ley con un consenso importante, pero se aplicó de forma apresurada y esto derivó en que cada comunidad autónoma se viera obligada a aplicarla por su cuenta y riesgo; cada autonomía ha ido por su lado, eso sí, con la intención de dar la mejor atención a sus dependientes".
El resultado es una heterogeneidad que complica el panorama asistencial, algo en lo que los gobernantes han tenido que ver: "Si las comunidades autónomas hubiéramos esperado a que el Estado definiera ciertos criterios, como el cómputo en función de la renta y del patrimonio del dependiente, no habríamos podido atender a muchos de nuestros pacientes".

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