ESPAÑA: La Dependencia corre el riesgo de que Sanidad la debilite

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ESPAÑA
PROCESO DE 'SANITARIZACIÓN' DE LA LEY
La Dependencia corre el riesgo de que Sanidad la debilite

El III Dictamen del Observatorio de la Dependencia defiende el equilibrio como principio para sustentar la ley, y señala que una de las dificultades para la coordinación sociosanitaria es que el "sistema sanitario acabe desfigurando y debilitando un sistema en crecimiento".

Loretp Mármol - Martes, 14 de Julio de 2009 - Actualizado a las 00:00h.

llave conceptual:
1. Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Baleares, comunidades autónomas con mejores prácticas, según el documento.

El segundo dictamen del Observatorio de la Dependencia determinaba que la atención primaria será clave en los planes de cuidados para dependientes y que los informes médicos son preceptivos y agilizan el procedimiento (ver DM del 24-II-2009). Su tercer veredicto sentencia que el grado de implantación del sistema es mejor que hace seis meses, pero ahora conviene vigilar que la balanza no se incline hacia el ámbito sanitario.

El traspaso de las competencias de la ley al nuevo Ministerio de Sanidad y Política Social se ha visto como una oportunidad para impulsar el desarrollo del sistema, y la implicación personal de la propia ministra, Trinidad Jiménez, como una esperanza por alcanzar la tantas veces reclamada coordinación sociosanitaria, fenómeno que ha merecido un capítulo especial en el informe.

Sin embargo, José Manuel Ramírez Navarro, profesor de la Universidad de Málaga y presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, destaca que "resulta frustrante ver cómo la Secretaría de Estado de Políticas Sociales ha reducido su rango a una Secretaría General". Según el documento, hay un claro "riesgo de sanitarización de los servicios para la autonomía personal".

En este sentido, añade que "la gestión en el ámbito sanitario no resuelve, en absoluto, los problemas de implantación y desarrollo del sistema ni garantiza los derechos establecidos". La solución no está en manos de uno ni de otro, sino de los dos: "La ley de Dependencia trae consigo una oportunidad para la prestación integrada de servicios sociales y sanitarios a las personas que necesitan ambos servicios simultáneamente".

De ahí a colocar la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia bajo el paraguas sanitario hay un gran salto y un precipicio en el que se cae cuando se diluyen las responsabilidades de cada sistema. "Una de las dificultades para la coordinación es el peligro de que el sistema sanitario, de enormes dimensiones y con cobertura universal, acabe tragándose, desfigurando o debilitando un sistema en crecimiento".

Las personas con problemas de salud, especialmente con enfermedad grave y prolongada, necesitan que ambos sistemas se comuniquen. La coordinación sociosanitaria es una estrategia de atención integrada que ha de ser compartida por ambos sistemas, y ejecutada mediante la planificación consensuada.

Es importante la cooperación en todos los niveles de gestión, especialmente en el asistencial, pero las oportunidades de coordinación son más amplias: acuerdos de financiación compartida (que cada sistema asuma el coste que corresponda a sus prestaciones), previsión de prestaciones sanitarias en los planes de atención individual e incluir la participación de enfermería de primaria en el proceso de valoración.

Buenas prácticas
La solicitud de reconocimiento del grado de dependencia exige un informe de salud expedido por el médico del correspondiente sistema autonómico. En el caso de Andalucía lo solicitan las delegaciones provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social al Servicio Andaluz de Salud, lo que simplifica el proceso al evitar que sea el dependiente quien tenga que acudir a la consulta de primaria a por el informe.

El coordinador de caso en Castilla y León garantiza que el dependiente y su familia tengan un técnico como profesional de referencia en tareas de valoración, orientación y seguimiento.

Castilla-La Mancha ha implantado en junio protocolos de coordinación en las cinco delegaciones provinciales de Salud y Bienestar, mientras que Baleares incluye una cláusula en los convenios con los ayuntamientos para que los recursos económicos liberados para prestaciones reconocidas sean reinvertidos obligatoriamente en este fin.