Democracia y privatización
Lo privado incumple más los estándares de la buena práctica y tiene peores resultados clínicos
La derivación de actividad clínica desde el hospital Clínic de Barcelona al Sagrat Cor, del grupo empresarial IDC Salud, es el último ejemplo de la presión privatizadora que sufre la sanidad pública, una presión procedente de unos Gobiernos cuyo proceso de toma de decisiones adolece de los requisitos exigibles de transparencia y participación de los actores implicados, desde el Parlamento a los trabajadores y pacientes del sistema.
La toma de decisiones en las organizaciones sanitarias no está basada hoy en la evidencia científica ni en el reconocimiento del saber de sus profesionales. Tampoco en la existencia de un proyecto transparente que dé a conocer hacia dónde se dirige la organización y los valores que guían esos cambios. Las organizaciones pierden así su alma y se convierten en espacios en los que la honestidad de las propuestas es cuestionada, la comunicación y la transparencia no son una prioridad, y el liderazgo adolece de credibilidad. Todo ello genera una pérdida de confianza hacia los responsables políticos por la distancia entre su discurso y las decisiones tomadas, que se ejecutan en términos de poder y con un déficit de democracia y participación.
En este contexto, el reparto y privatización de lo público se ha convertido en una de las políticas moda. Y si se pretende justificar estas decisiones en la mejor evidencia científica disponible, conviene resaltar la ausencia, hasta la fecha, de pruebas empíricas sólidas respecto a la mayor eficiencia de los servicios sanitarios privados.
Sami Naïr comenta en su artículo La privatización del bien común que este proceso de privatización generalizado (imparable) de la sanidad (y la educación, servicios sociales…) implica la destrucción programada de todo lo público, en un fenómeno que afecta primero a los países económicamente más débiles, pero que se extiende hacia los más fuertes, construyéndose una nueva sociedad del “todo privatizado”.
En el ámbito sanitario, la privatización se basa en argumentos como la crisis del Estado de bienestar, la supuesta eficiencia del sector privado o la rigidez y falta de adaptación al entorno de las instituciones públicas. Ello sirve para justificar una creciente provisión privada de servicios sanitarios sin que los estudios científicos realizados hasta la fecha respalden esta opción. Algunos de los hechos hasta la fecha adolecen de calidad y rigor metodológico. Otros concluyen justo lo contrario: cinco investigadores de las universidades de California, Harvard, Londres y Cambridge (Basu et al Plos 2012) publicaron una revisión sistemática de estudios en la que concluyeron que es cuestionable la opinión de que el sector privado sea más eficiente, responsable, o efectivo que el sector público. Es más, lo privado incumple más habitualmente los estándares médicos de buena práctica y tiene peores resultados clínicos.
Por tanto, no existe evidencia en estudios internacionales en países desarrollados ni evaluaciones realizadas en España, de mayor eficiencia de la provisión privada ni de las estrategias de reforma, basadas en cambios normativos que les libere del control administrativo y presupuestario ni de una mayor efectividad de este tipo de innovaciones. Y en cambio, como plantea José Ramón Repullo, las empresas privadas con fuerte ánimo de lucro tienden a la selección de riesgos, buscando “descremar” la demanda y quedarse con los casos menos graves y más rentables, aquellos que se pueden resolver de forma más sencilla y con menor riesgo de efectos adversos y complicaciones.
Por tanto, necesitamos más democracia y participación, más evaluaciones y estudios empíricos y menos inventos basados en creencias y no en evidencias.
Son tiempos en los que necesitamos que la sanidad (eficiente y equitativa) encuentre su medicina a través de una nueva sabiduría en la delimitación de las propuestas y definición de los proyectos y una inteligencia, basada en la conversación democrática, la participación y la escucha, en la que los pacientes y la ciudadanía (y los profesionales naturalmente) no sean excluidos.
La toma de decisiones en las organizaciones sanitarias no está basada hoy en la evidencia científica ni en el reconocimiento del saber de sus profesionales. Tampoco en la existencia de un proyecto transparente que dé a conocer hacia dónde se dirige la organización y los valores que guían esos cambios. Las organizaciones pierden así su alma y se convierten en espacios en los que la honestidad de las propuestas es cuestionada, la comunicación y la transparencia no son una prioridad, y el liderazgo adolece de credibilidad. Todo ello genera una pérdida de confianza hacia los responsables políticos por la distancia entre su discurso y las decisiones tomadas, que se ejecutan en términos de poder y con un déficit de democracia y participación.
En este contexto, el reparto y privatización de lo público se ha convertido en una de las políticas moda. Y si se pretende justificar estas decisiones en la mejor evidencia científica disponible, conviene resaltar la ausencia, hasta la fecha, de pruebas empíricas sólidas respecto a la mayor eficiencia de los servicios sanitarios privados.
Necesitamos más democracia y participación, más evaluaciones y estudios empíricos y menos inventos basados en creencias y no en evidencias
Sami Naïr comenta en su artículo La privatización del bien común que este proceso de privatización generalizado (imparable) de la sanidad (y la educación, servicios sociales…) implica la destrucción programada de todo lo público, en un fenómeno que afecta primero a los países económicamente más débiles, pero que se extiende hacia los más fuertes, construyéndose una nueva sociedad del “todo privatizado”.
En el ámbito sanitario, la privatización se basa en argumentos como la crisis del Estado de bienestar, la supuesta eficiencia del sector privado o la rigidez y falta de adaptación al entorno de las instituciones públicas. Ello sirve para justificar una creciente provisión privada de servicios sanitarios sin que los estudios científicos realizados hasta la fecha respalden esta opción. Algunos de los hechos hasta la fecha adolecen de calidad y rigor metodológico. Otros concluyen justo lo contrario: cinco investigadores de las universidades de California, Harvard, Londres y Cambridge (Basu et al Plos 2012) publicaron una revisión sistemática de estudios en la que concluyeron que es cuestionable la opinión de que el sector privado sea más eficiente, responsable, o efectivo que el sector público. Es más, lo privado incumple más habitualmente los estándares médicos de buena práctica y tiene peores resultados clínicos.
Por tanto, no existe evidencia en estudios internacionales en países desarrollados ni evaluaciones realizadas en España, de mayor eficiencia de la provisión privada ni de las estrategias de reforma, basadas en cambios normativos que les libere del control administrativo y presupuestario ni de una mayor efectividad de este tipo de innovaciones. Y en cambio, como plantea José Ramón Repullo, las empresas privadas con fuerte ánimo de lucro tienden a la selección de riesgos, buscando “descremar” la demanda y quedarse con los casos menos graves y más rentables, aquellos que se pueden resolver de forma más sencilla y con menor riesgo de efectos adversos y complicaciones.
Por tanto, necesitamos más democracia y participación, más evaluaciones y estudios empíricos y menos inventos basados en creencias y no en evidencias.
Son tiempos en los que necesitamos que la sanidad (eficiente y equitativa) encuentre su medicina a través de una nueva sabiduría en la delimitación de las propuestas y definición de los proyectos y una inteligencia, basada en la conversación democrática, la participación y la escucha, en la que los pacientes y la ciudadanía (y los profesionales naturalmente) no sean excluidos.
Joan Carles March es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
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