Los abortos bajan un 5% en 2012 con la ley que derogará el Gobierno
Unas 6.000 mujeres menos interrumpieron su embarazo. La demografía, el uso de anticonceptivos y la normalización de la prestación, razones del descenso
El número de interrupciones voluntarias del embarazo bajó un 5% en 2012 en España. Ese año, con la ley de plazos que el Gobierno derogará, abortaron 112.390 mujeres. Unas 6.000 menos que en 2011. Los pronósticos de los más críticos con la ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en vigor desde 2010, no se han cumplido. Que la mujer pueda decidir libremente abortar durante las primeras 14 semanas de embarazo no ha disparado las interrupciones. En 2012 abortaron 12 de cada 1.000 mujeres en edad fértil, según el informe anual del Ministerio de Sanidad (una cifra similar al resto de la UE). Medio punto menos que el año anterior. El 91,3% lo hicieron ejerciendo el derecho a decidir sobre su maternidad. Un derecho que suprimirá la normativa del Ejecutivo de Rajoy. El anteproyecto de ley elaborado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, restringe esta prestación sanitaria solo a casos de violación y riesgo para la salud física o psicológica de la mujer, hasta la semana 22. En 2012 solo el 5,7% de las intervenciones fueron por ese motivo.
Las cuestiones demográficas, pero también las circunstancias económicas y sociales del país, juegan un papel clave en la evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo (en 2009 descendieron y en 2011 aumentaron algo más del 4%). Más que los modelos legales, según los expertos. Estos explican el descenso de 2012 a través de varios factores: la disminución de la población extranjera —un grupo en el que se registra un número de abortos superior a su peso demográfico—, la financiación pública de métodos anticonceptivos de última generación, la píldora del día siguiente; así como la paulatina normalización de esta prestación sanitaria.
Mientras que en 2009, cuando estaba en vigor la normativa de 1985, que permitía el aborto solo en algunos casos, apenas el 2% de estas intervenciones se realizaban en centros públicos, en 2012 se hicieron el 6,49%. Un dato muy significativo para Isabel Serrano, ginecóloga y experta en planificación familiar. “Es la primera vez en 30 años que ha habido un aumento tan destacado. Y eso implica que los profesionales sanitarios se están implicando y que se está normalizando”, apunta.
La apuesta de la sanidad de algunas autonomías por el aborto farmacológico —la mifepristona, que puede utilizarse hasta la semana ocho de gestación— también incrementa la participación pública, apunta Carmen Coll, ginecóloga del Instituto Catalán de Salud. Es el caso de País Vasco o de Cataluña, donde todos los centros de la red pública ofrecen esta prestación. “A las mujeres, además, se les hace una muy buena cobertura de asesoramiento e información en salud y anticoncepción. Y que esta información se dé en el canal público logra también que el resto de mujeres, no solo aquellas que acuden a solicitar la información sobre aborto, acceda”, sigue Coll.
El aumento del uso de la mifepristona también ha derivado en un aumento del aborto temprano. Las mujeres que interrumpen su embarazo lo hacen cada vez antes. “Tienen clara su decisión de no ser madres, y van a los centros sanitarios en cuanto tienen el diagnóstico”, remarca la trabajadora social Luisa Torres. El 90,23% de las mujeres abortaron antes de la semana 12 de gestación; un 1,75% más que en 2009, cuando todavía estaba en vigor la norma anterior, que permitía el aborto solo en tres supuestos.
El carácter temprano de la intervención, apunta Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), es importante. “Estamos hablando de una intervención sanitaria que se complica con el paso de las semanas”, indica. García cree que la nueva ley no solo dejará fuera a las más de 100.000 mujeres que abortaron sin alegar ninguna razón. “También dilatará los plazos de acceso para aquellas que, sobre el papel, sí cumplan los requisitos”, dice. El anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada dicta que dos médicos deberán acreditar el riesgo para la salud de la mujer y que esta tendrá que recibir información y asesoramiento verbal sobre sus opciones; después se verá obligada a esperar un periodo de reflexión de siete días antes de abortar.
Con la ley vigente, los abortos que se realizan por encima de la semana 14 de gestación —el plazo libre que marca la ley— son escasos. También lo son los que se deben a anomalías fetales graves —permitido hasta la semana 22 de gestación— o por patologías fetales extremadamente graves e incurables o incompatibles con la vida —permitido sin límite—. Estos casos, que tienen que ser aprobados por un comité médico, representan solo un 3,1% del total de los abortos: 3.435. En 2012, 306 de ellos fueron por anomalías incompatibles con la vida o extremas. Las primeras, si provocan un daño psicológico a la mujer que pueda certificar, estarán cubiertas en la nueva ley. Las segundas —patologías neurológicas severas, metabólicas o cardiacas—, si se diagnostican tras la semana 22 (hasta ese tiempo se podría alegar solo riesgo psicológico) quedan desamparadas.
La realidad socioeconómica del país también se deja traslucir en los datos: el 26,81% de las mujeres que interrumpieron su gestación en 2012 no tenía trabajo. Un 3,7% más que el año anterior. El dato es destacado. Sobre todo si se tiene en cuenta que este grupo de población era en 2008, antes de la crisis, el 15,04%. Sin embargo, hay que tomar la cifra con cautela porque también aumenta la población desempleada total. “La razón económica tiene su peso. Pero las motivaciones para que una mujer decida interrumpir su embarazo son muy variadas, muy personales”, considera Torres.
Por comunidades autónomas el análisis dibuja un mapa muy desigual. Las que más abortos registraron fueron Madrid (con una tasa de 14,90 intervenciones por cada 1.000 mujeres), Asturias, Cataluña, Murcia y Andalucía. Las que menos, Navarra (2,15 intervenciones por cada 1.000 mujeres) y La Rioja.
Los datos de Sanidad rebaten el discurso de algunos colectivos muy conservadores, que sostienen que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo no tienen formación. El 62,4% (70.187 del total de 112.390) de las mujeres que abortaron en 2012 tienen al menos estudios secundarios. De hecho, el grupo sin ningún tipo de formación es el más reducido y supone solo el 2,2%. Las universitarias representan el 14,5%.
La radiografía muestra también que, aunque los abortos bajan en todas las franjas de edad, es entre las más jóvenes donde más descienden. En 2011 la tasa de abortos en chicas menores de 19 años se situaba en 13,7 por cada mil mujeres; el año pasado no llegó a 13. En esa franja de edad se registraron 13.198 intervenciones; 460 de ellas en menores de 15 años (un número muy similar al de 2011). Entre las jóvenes de 20 a 24 años —el grupo donde la tasa es más alta— ha caído un punto: de 21,3 por cada 1.000 mujeres a 20,3. El grupo que menos varía es el de las mujeres mayores de 40.
A pesar del aumento del uso de anticonceptivos, García apunta a que la salud sexual y reproductiva sigue siendo una asignatura pendiente. Una de cada tres mujeres que abortaron no había utilizado anticonceptivos. “El número de abortos hubiera descendido más si se hubiera aplicado correctamente la ley de 2010, que recogía el fomento del uso de anticonceptivos”, asegura. Falta información todavía en muchos colectivos. Y eso se percibe en otro dato relevante: aunque siguen siendo un porcentaje minoritario, han aumentado un 2,3% las mujeres que abortaron más de dos veces (son el 4%).
Además, puede que el impulso que han logrado los métodos anticonceptivos —parches, píldoras, implantes— de última generación para combatir el embarazo no deseado no sea tan grande en 2013, sostienen García y Serrano. El Ministerio de Sanidad excluyó en agosto una decena de preparados de la cartera de servicios que cubre la sanidad pública.
Una medida “injustificada” para Luisa Torres, que alerta también de que la nueva ley de Gallardón supondrá un retroceso importante en materia de prevención. La norma elaborada por el ministro de Justicia y su equipo no recoge medidas específicas para combatir el embarazo no deseado. Tampoco iniciativas relacionadas con la educación sexual que sí incluía la ley de 2010. De hecho, el Gobierno de Rajoy ha suprimido la asignatura de Educación para la Ciudadanía, la única donde se daban parte de estos contenidos.
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