El Gobierno francés se queja por carta al español por el “retroceso” en el aborto
La portavoz del Gobierno de Hollande envía una misiva al Ejecutivo de Rajoy en la que expresa su "honda inquietud" por la reforma
EFE / EL PAÍS Paris 22 DIC 2013 - 20:42 CET
La ministra francesa de Derechos de las Mujeres, Najat Vallaud-Belkacem. / REUTERS
La ministra de Derechos de las Mujeres y portavoz del Gobierno francés, Najat Vallaud-Belkacem, consideró hoy "un retroceso" la reforma de la ley del aborto presentada por el Ejecutivo español, al tiempo que manifestó su "honda preocupación" por la misma. La portavoz del Ejecutivo de François Hollande ha enviado una carta al Gobierno español en la que da cuenta de sus quejas.
"Es terrible ver que en un país como España, que en estos últimos años se había convertido en una referencia para quienes luchan contra la violencia contra las mujeres (...) vaya a disponerse a conocer un retroceso en materia de derecho a disponer del cuerpo propio", afirmó Vallaud-Belkacem en una entrevista a varios medios galos.
La responsable de Derechos de las Mujeres aseguró que la reforma presentada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es "inquietante" y un ejemplo de que "los derechos de las mujeres nunca están conseguidos de forma definitiva".
Vallaud-Belkacen afirmó que la amenaza a los derechos de las mujeres "no concierne solo a España" y mostró también su inquietud por la situación de otros países como Irlanda o Polonia.
La portavoz del Gobierno francés indicó que envió el pasado viernes una carta al Ejecutivo de Rajoy para mostrarle su "honda inquietud" por esta reforma.
Asociaciones feministas francesas también expresaron su rechazo a la reforma propuesta por Gallardón y anunciaron acciones de apoyo a sus colegas españolas.
El Gobierno español aprobó este viernes la ley del aborto más restrictiva de la democracia, a la que pondrá nombre Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia. Interrumpir el embarazo dejará de ser un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas —un derecho que existe solo desde 2010— y volverá a ser un delito despenalizado en ciertos supuestos, como lo era con la Ley de 1985. Pero esos supuestos se reducen, y la posibilidad de la mujer de acogerse a ellos se restringe. Solo habrá dos: violación y “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica” de la mujer. Serán, de nuevo, los médicos —con requisitos más estrictos que en 1985 y un procedimiento más largo— los que decidirán si ese peligro existe. La presencia de malformaciones fetales gravísimas no será motivo de aborto, aunque sí lo será el efecto psicológico que eso tenga en la embarazada.
El texto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros coloca a España, además, a la cola de Europa. Será, si se aprueba tras los trámites parlamentarios, uno de los Estados más restrictivos de la UE, donde 20 de los 28 Estados—Francia, Holanda, Grecia, Italia, Alemania...— se rigen por un sistema de plazos, donde la mujer puede decidir interrumpir su embarazo libremente, sin alegar ninguna razón, hasta un determinado límite de tiempo —normalmente entre la semana 12 de gestación y la 14—.
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