Sociedades científicas y de mujeres, contra el cambio de ley del aborto
150 organizaciones de mujeres promueven un pacto para que las diputadas voten no a la reforma Seis entidades sanitarias advierten de las consecuencias de una nueva ley
Ante la inminente presentación de la nueva ley del aborto se suceden las voces que alertan de las consecuencias de la reforma, y que piden al Gobierno que se replantee hacerlo. En esta línea, más de 150 organizaciones de mujeres han firmado un documento en el que piden a las parlamentarias de todos los partidos que voten contra la reforma de la ley. El texto, que han denominado Pacto entre mujeres en recuerdo a lo ocurrido en la legislatura constituyente cuando varias parlamentarias rompieron la disciplina de voto de su partido para pronunciarse en contra de la discriminación por razón de sexo en la sucesión a la Corona, se ha enviado ya a varios grupos políticos.
El texto, que ha sido impulsado por la Plataforma Feminista de Alicante, defiende que las mujeres deben tener derecho a decidir sobre sus vidas sobre sus cuerpos. “Decidir sobre la vida de las mujeres solo les corresponde a las mujeres”, exponen. Por eso piden el compromiso de las parlamentarias con los derechos sexuales y reproductivos. “Apelamos al Pacto entre mujeres, porque solo a nosotras nos concierne decidir sobre nuestro embarazo, tanto si queremos ser madres como si no queremos serlo. Apelamos a las Parlamentarias para que hagan efectivo el Pacto porque ellas son la voz y el voto de sus representadas, son la voz y el voto de las mujeres en el Parlamento”, dicen.
“Apelamos a la Libertad de decidir de las mujeres sobre nuestra vida y la autonomía en relación a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Recortar estos derechos significaría tutelar a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Sin libertad para decidir no hay igualdad. Sin igualdad no hay democracia”, expone el texto que mañana, martes, presentarán en el Congreso de los Diputados, donde tienen un acto con el PSOE.
La cercanía de un proyecto de ley que lleva amagando muchos meses ha suscitado también el pronunciamiento de distintos grupos de expertos. Seis sociedades científicas, agrupadas en la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, quienes exigen al Ejecutivo de Rajoy que no endurezca la ley. En un manifiesto firmado por la Sociedad Española de Epidemiología, la Asociación de Enfermería Comunitaria, la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, la Asociación de Economía de la Salud, la Sociedad de Salud Pública de Cataluña y Baleares y la Asociación Madrileña de Salud, estos expertos manifiestan su preocupación por el riesgo para la salud física, psicológica y social de las mujeres que viven en España ante el cambio legal. Creen que si se cumplen los anuncios del ministro de Justicia, la reforma supondría un retroceso para la salud pública.
El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha apuntado en varias ocasiones que el proyecto que prepara se asimilará al modelo vigente desde 1985 a 2010, cuando el aborto era un delito salvo en tres supuestos (violación, riesgo para la salud de la mujer o malformación del feto). Un modelo mucho más restrictivo que el actual, que permite abortar sin alegar ninguna causa hasta la semana 14 de gestación y que crea un sistema de supuestos a partir de ese plazo (hacerlo por anomalía fetal extremadamente grave o incompatible con la vida, por ejemplo, puede hacerse si un comité médico la diagnostica, sin límite de plazo).
Los firmantes del manifiesto alertan también de que los países con las leyes más duras no han logrado atajar su tasa de abortos. “La prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo no implica una disminución de las mismas, sino que deriva en que estas se produzcan en peores condiciones sanitarias legal el cambio legal, si cumple con los avisos que ha hecho el ministro de Justicia”, advierten, citando un estudio de la OMS sobre esto publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet.
El manifiesto menciona también varias convenciones internacionales –El Cairo, Pekín, una resolución del Consejo de Europa—que han pedido a los estados que pongan los medios para garantizar que el aborto sea seguro. Además, apuntan a la importancia de promover métodos anticonceptivos.
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