"Introducir bancos privados de cordón es un tema de derechos"

El bioeticista Marcelo Palacios apuesta por un modelo en el que puedan convivir la utilización pública de la sangre de cordón y el manejo privado.

E.Mezquita. Valencia | dmredaccion@diariomedico.com | 31/01/2014 00:00

Marcelo Palacios, presidente del Comité Científico del SIBI. (Enrique Mezquita)

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La donación y manejo de la sangre de cordón umbilical (SCU) es un tema controvertido en nuestro país, ya que la legislación actual sólo permite el depósito y donación general.

Marcelo Palacios, presidente del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), cree que es necesario compatibilizar la utilización pública de la sangre de cordón y la libertad para su depósito y manejo privado, ya que se trata de un derecho biológico.

El bioeticista, ponente en una jornada sobre aplicaciones de la terapia celular organizada por Fundación Hospitales NISA, en Valencia, abogó por "fomentar la utilización pública de la SCU en los términos planteados actualmente en el Sistema Nacional de Salud", pero también legislar de modo que "se puedan autorizar los centros privados para su depósito y utilización autóloga" y "fomentar que estas entidades privadas y las personas depositarias pongan la SCU a disposición general".

Marco poco favorable
La posibilidad de introducir los bancos privados en España obedece a una cuestión de derechos, según Palacios. "Soy un defensor de lo público, pero aquí estamos hablando de los derechos de las personas y nuestra Constitución", apuntando que "el Real Decreto 411/1996, de 1 de marzo, dejó perfectamente claro que el cordón umbilical no es un desecho y su propiedad es del hijo o, en cualquier caso, de la madre que tutela sus derechos. Y éste, al formar parte de los biológicos, se enmarca dentro de lo que son los derechos personalísimos. Por lo tanto, parece abusivo exigir que se ponga a disposición general".

En este sentido, Palacios considera que el Real Decreto 1301/2006 -por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos- "tiene todas las claves, pero se han tergiversado".

El decreto es de donación, pero basado en la disponibilidad y voluntariedad de la persona para ofrecer esas células, y aclara que "no se puede obligar a nadie a donar sus tejidos, ya que prevalecen los derechos personales. Por ello, no hay solidaridad real si no hay libertad previa".

También ha recordado que "un bien biológico mucho más sensible, como son los embriones o gametos, está regulado en nuestro país por normas que han llevado a que casi el 85 por ciento de los más de 200 centros españoles que trabajan este campo sean privados".

En su opinión, "no tiene mucho sentido que haya esta desproporción, ya que en este caso se autorizan los centros sin otros requisitos que lo que establecidos para garantizar la calidad y su buen funcionamiento".