¿Son las Unidades de Gestión Clínica un rodeo para la privatización sanitaria?, pregunta la FADSP

Madrid (11/02/2014) - Redacción

"Este proyecto nace con un evidente sesgo antidemocrático, politizado y carente de apoyo real en la mayoría de los profesionales sanitarios", resume el documento de la Federación

Con el debate, de plena actualidad, sobre las Unidades de Gestión Clínica (UGC), la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha elaborado un extenso documento en que analiza estas unidades, sus "potenciales beneficios y perjuicios" y las propuestas que se están lanzando tanto desde el Ministerio de Sanidad como desde diferentes comunidades autónomas. ¿Son las UGC un rodeo para la privatización sanitaria?, es la pegunta que lanza la FADSP

La Federación recuerda que la gestión clínica aparece "en el entorno de sistemas sanitarios muy fragmentados, como el de USA donde se coexisten diferentes aseguradoras sanitarias, una multiplicidad de proveedores públicos y privados y un gasto sanitario disparatado", con unos "mediocres resultados de salud", destaca.

"La gestión clínica se ha definido como 'el uso de los recursos humanos, intelectuales, tecnológicos y organizativos, para el mejor cuidado de los enfermos y están en relación con el conocimiento clínico, la mejora de los procesos asistenciales', se supone que su objetivo es integrar la mejor práctica clínica con el mejor uso de los recursos disponibles, y se acompaña de una descentralización de la organización que permita favorecer el que los profesionales puedan organizarse para activar estrategias para la mejora de los resultados asistenciales", explica la FADSP.

"Pero estas definiciones, evidentemente edulcoradas, no tienen en cuenta otro de los objetivos claves, la contención del gasto sanitario y el control de las decisiones profesionales, porque no se puede olvidar que, como ya se ha señalado al principio, el exceso de gasto sanitario ha sido uno de los incentivos fundamentales para su formulación y puesta en práctica, y el trasvase de negocio a las empresas privadas es una de sus consecuencias mas probables", advierte.

Para la Federación, "el compromiso de los profesionales con la gestión de los recursos sanitarios ha tenido múltiples expresiones, especialmente en el desarrollo de las guías de práctica clínica y las vías clínicas. La gestión clínica puede desarrollarse como ya han señalado numerosos autores sin cambiar el marco organizativo y necesita sobre todo de un cambio en la cultura de las organizaciones, en la formación y en los incentivos de los profesionales, y un cambio en las actitudes de los directivos de los centros públicos hacia una apuesta y compromiso con el Sistema Nacional de Salud".

Sin despilfarro

La FADSP incide en que el sistema sanitario español "no se caracteriza a nivel macro por un despilfarro de recursos, sino más bien por lo contrario", y cita el Informe Bloomberg de 2013, según el cual España tenía el quinto sistema de salud mas eficiente del mundo y el primero de Europa, por lo que, deduce, "la necesidad de mejoras de eficiencia no son la prioridad de nuestro sistema sanitario, aunque es obvio que siempre existen espacios de mejora que deben de investigarse".

También destaca la "política agresiva de recortes que desde 2009 está sufriendo el SNS", y que en este contexto "las capacidades de eficiencia de la gestión clínica se han visto espectacularmente reducidas", así como el fraccionamiento del sistema sanitario en los últimos años, lo que hace "muy difícil la coordinación asistencial, la presencia de incentivos inadecuados, la puesta en funcionamiento de estructuras organizativas fragmentadas y la falta de planificación y objetivos compartidos".

"Los resultados de todos los problemas señalados anteriormente son la presencia de problemas funcionales que reducen efectividad, calidad y eficiencia, la generación de duplicidades de recursos y actividades con el consiguiente despilfarro de recursos", resume. La Ley General de Sanidad, apunta, proponía para resolver estos problemas la puesta en funcionamiento de las Áreas de Salud que tenían como objetivo el establecimiento de demarcaciones territoriales, garantizar la atención integral y equitativa y la gestión coordinada de centros, prestaciones y programas sanitarios.

Pero las Áreas de Salud no llegaron a desarrollarse por "numerosas resistencias-obstáculos", entre ellos "el temor de las CCAA a ceder poder y dar autonomía de gestión" o "la hegemonía de los hospitales". Una salida, explica la FADSP, fue "intentar crear nuevas estructuras, como las gerencias únicas (que acabaron con la absorción en la practica de la Atención Primaria por parte de los hospitales), y ahora, como desgraciadamente suele ser habitual en nuestra Sanidad, sin haber realizado ningún tipo de evaluación se plantea la implantación generalizada de las unidades de gestión clínica".

Beneficios y limitaciones

Entre las ventajas que la FADSP ve en la implantación de las UGC están que incorpora a los profesionales a la gestión de los recursos, que da autonomía a los servicios hospitalarios y los centros de AP, que puede ayudar a la coordinación Primaria y Hospitalaria (aunque puede fragmentar más) y que favorece el establecimiento de guías, protocolos y otros instrumentos que racionalicen los procesos asistenciales y la asignación de los recursos.

Entre los problemas, y aunque las fórmulas de UGC son muy diversas, están que introduce criterios de competencia y de mercado en el funcionamiento del sistema sanitario, con muchas similitudes con la gestión empresarial y propiciando la fragmentación del sistema; que rompe con los criterios básicos de la gestión pública en Sanidad; los problemas de la selección de riesgos y los incentivos en Sanidad; la sobreutilización de tecnologías, que provoca el sobrediagnóstico de enfermedades; o que se favorece una mentalidad de competencia y mercantilización.

"En resumen, aunque la gestión clínica puede tener algunas ventajes como un mayor compromiso de los profesionales y una mayor autonomía, también entraña riesgos muy claros de favorecer la ideología mercantilista y favorecer la incoordinación en la provisión de servicios sanitarios. Por otro lado hay que diferencia gestión clínica, que en principio es posible en cualquier entorno organizativo, de 'unidades de gestión clínica', que conlleva un planteamiento de cambio de organización, y dentro de éstas son posibles múltiples variaciones", señala la FADSP.

La Federación recuerda que la ciudadanía es la propietaria del sistema sanitario público, y que los profesionales de la salud deben de ser consultados para encontrar soluciones ante los problemas. "El desarrollo de UGC clínica vuelve a obviar esta realidad al dejar en manos de administradores y profesionales decisiones que tienen implicaciones sobre el conjunto de la ciudadanía. Por supuesto los profesionales de la salud deben tener un papel de asesoramiento técnico de los proyectos y propuestas que se hagan sobre el sistema sanitario, pero tampoco conviene olvidar que progresivamente se han ido eliminado todos los organismos de participación social y profesional existentes", advierte.

La experiencia andaluza y la propuesta del Ministerio

La Federación de detiene en el caso andaluz, que inició su experiencia con UGC hace 18 años y resume que "no se han logrado avances sustanciales, tampoco retrocesos. En algunos casos concretos se ha mejorado el funcionamiento, pero también se están utilizando en estos últimos años para 'gestionar los recortes', hay una notable ausencia de participación social y profesional y con frecuencia se toman decisiones desde la Administración sanitaria sin consenso ni consultas".

Respecto a las últimas propuestas hechas por el Ministerio de Sanidad, comenta que "paradójicamente, se están proponiendo en nuestro sistema (integrado) para fragmentarlo, mediante la trasformación de servicios en microempresas con autonomía plena (con posibilidad de apropiarse de los beneficios), dotando a los centros y unidades de personalidad jurídica propia".

Para la FADSP, estas propuestas "tienen dos objetivos, por un lado continuar avanzando en la privatización aplicándola a la microgestión para sortear la paralización judicial y los problemas económicos de la financiación y gestión privada como consecuencia de las movilización profesional y social, y por el otro romper la unidad profesional.

La organización denuncia que "se ha introducido de manera casi clandestina, en la Ley 10/2013 de regulación de fármaco-vigilancia, la Disposición adicional 5ª que establece que el personal de las UGC personal estará regulado por el régimen laboral de las empresas privadas", y que consejeros como los de Galicia, Madrid y Valencia "anunciaron en la reunión del Consejo Interterritorial en Barcelona la voluntad de acabar con el personal estatutario y/o funcionario en la Sanidad Pública. "Es decir se intenta utilizar también las UGC para laboralizar al personal, que como es bien sabido es una de las vías para facilitar la privatización del sistema sanitario", resume.

Para la FADSP, "en este proceso se pervierte y desacredita el concepto de gestión clínica, cuando se la utiliza para modificar la situación del personal sanitario (renunciar al Estatuto para poder integrase en las Unidades), se liga la Gestión Clínica a cambios en el régimen jurídico y se fragmenta el sistema público y se da entrada al sector privado".

Consecuencias negativas

Las consecuencias serán muy negativas, incide la FADSP: desregulación y privatización del sistema sanitario; las decisiones clínicas de los profesionales sanitarios se someterán a políticas empresariales; pérdida y deterioro de los derechos de los trabajadores sanitarios, que para integrase en las UGC deberán renunciar a las garantías del Estatuto del Personal; desaparición del modelo actual de AP; aumento del gasto sanitario innecesario; y pérdida de calidad, seguridad y de acceso a los servicios.

Según la FADSP, en resumen, con las UGC ganan "empresarios, laboratorios, fondos de inversión, aseguradoras, consultoras, profesionales con capacidad de influencia, personajes vinculados a la actual Administración que participen en la llamada puerta giratoria, el clan de gestores interesados en ampliar el modelo empresarial y la burocracia". Y pierden los ciudadanos, profesionales y trabajadores sanitarios; el sistema sanitario público; y la Atención Primaria.

"Por eso este proyecto nace con un evidente sesgo antidemocrático, politizado y carente de apoyo real en la mayoría de los profesionales sanitarios", resume.

Desde la FADSP se defiende "un sistema sanitario universal, accesible, sin barreras económicas en el momento del uso, de propiedad y gestión pública, basado en la Atención Primaria y con una amplia participación profesional y ciudadana". Y también "la gestión clínica como concepto, es decir como un mecanismo para asegurar una mejor utilización de los recursos disponibles de acuerdo con la evidencia científica, para favorecer la autonomía de gestión, mejorar la eficiencia del sistema sanitario y favorecer una mejora de la calidad de la atención sanitaria nos parece una idea positiva", y que la gestión clínica no precisa de cambios organizativos.

También reclama la gestión profesionalizada, y rechaza "totalmente" que las UGC tengan personalidad jurídica propia y la laboralización del personal.

Como medidas para frenar este proyecto de UGC, la FADSP habla de crear un clima de rechazo profesional y social contra él; articular una alianza profesional lo más amplia posible; ampliar y reforzar la alianza social y profesional en defensa del sistema sanitario y de rechazo a estas medidas de desmantelamiento y privatización; y convocar medidas de movilización social y profesional que exijan la retirada de las Unidades de Gestión Clínica