Las mujeres quieren decidir

El Plan de Acción de El Cairo fue el primer documento en establecer la “salud sexual y reproductiva” como derecho humano a proteger

A pesar de importantes avances, veinte años después de ese Plan de acción firmado por 179 países, incluido España, aún hay mucho por hacer

L. E. SÁNCHEZ; A. ALCALDE; E. URDANETA 11 ABR 2014 - 20:06 CET

LEANDRO LAMAS

Para Beatriz, Belén o la niña de 14 años violada y embazada en Argentina o la de 10 años también violada y en estado en Senegal las decisiones que se están tomando en los pasillos y salas de reuniones de Naciones Unidas en la 47º sesión especial de la Comisión de Población y Desarrollo que está teniendo lugar en Nueva York no es una cuestión baladí. Para ellas supone la diferencia entre la vida y la muerte, o tener la posibilidad de continuar con su vida, disfrutar de su infancia y desarrollarse como persona. , ya que los acuerdos que se alcancen marcarán la agenda internacional sobre salud y derechos sexuales y reproductivos en las próximas décadas.

Para miles de mujeres en todo el mundo, la decisión no es fácil de tomar y en demasiadas ocasiones las legislaciones de los estados penalizan a las mujeres y jóvenes que quieren decidir y no pueden. Beatriz y Belén pelearon con las leyes de su país, e incluso apelaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus casos saltaron a una opinión pública que comenzó a reflexionar sobre este tema por primera vez en décadas. Pero ¿Qué pasa con las miles de beatrices y belenes que cada año tienen un embarazo no planificado? La alternativa que millones de mujeres han tomado a lo largo de la historia es recurrir a un aborto clandestino, y por tanto inseguro, aunque pueda costarles la vida.

En 1994, el Plan de Acción de El Cairo fue el primer documento internacional que estableció explícitamente la “salud sexual y reproductiva” y los “derechos reproductivos” como derechos humanos a proteger. A pesar de importantes avances, veinte años después de ese Plan de acción firmado por 179 países, incluido España, aún hay mucho por hacer. Para 800 mujeres al día estar embarazada supone morir por causas relacionadas con el embarazo o el parto, más de 220 millones de mujeres en los países en desarrollo quieren prevenir un embarazo, pero no tienen acceso a métodos anticonceptivos eficaces y sólo el 34% de las mujeres embarazadas reciben una atención prenatal adecuada en los países de ingresos bajos.

Desde la antigüedad, Estados y gobiernos siempre han buscado controlar el cuerpo de las mujeres, privándolas de los más humanos de todos los derechos, aquellos que se encuentran en su esfera más íntima y privada. Todavía hoy los derechos sexuales y reproductivos son objeto de vivas controversias ideológicas y son cuestionados en nombre de la cultura, la religión o la moral.

Durante esta semana, ideologías y fundamentalismos han buscado evitar cualquier avance, en nombre del consenso, que suponga conquistar nuevos hitos de autonomía sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres En nombre del consenso, ¿Estará la comunidad internacional a la altura de los desafíos planteados? ¿O pactarán un acuerdo de mínimos para evitar el bloqueo político de parte de los gobiernos conservadores, que no quieren reconocer que los derechos humanos se extienden a la autonomía y capacidad de decisión sobre el propio cuerpo?

El proceso de revisión de estos acuerdos internacionales que se ha llevado a cabo esta semana, llega en un momento clave, en plena construcción de la agenda que marcará el camino del desarrollo los próximos años; a tan sólo un año de que venza el plazo que se dio la comunidad internacional para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Mileno, cuyo objetivo número 5 sobre la mejora de la salud materna es el que más lejos de alcanzarse.

Los derechos de las más jóvenes, los más vulnerados

Para millones de jóvenes menores de 19 años ser mujer puede ser una auténtica condena. Todavía demasiadas adolescentes son víctima de discriminación y violencia - hasta un 50% de las agresiones sexuales se cometen contra niñas menores de 16 años- y a menudo sometidas a matrimonios tempranos y forzosos, que en muchas ocasiones desembocan en embarazos adolescentes que lastran sus oportunidades de estudiar, desarrollarse, trabajar; en definitiva de vivir su vida a su manera. Las cifras, aunque conocidas no pueden dejar indiferente a nadie: más de 60 millones de niñas están casadas, 1 de cada 3 contra su voluntad, y dieciséis millones de adolescentes de 15 a 19 años dan a luz cada año; de ellas 70.000 mueren debido a complicaciones en el embarazo y el parto, especialmente en los países en desarrollo.

Legalizar el aborto salva vidas

Desde 1994, más de 25 países han liberalizado sus leyes sobre el aborto lo que ha reducido la mortalidad materna producida por abortos inseguros. Pero la gran mayoría de los gobiernos sigue oponiéndose ideológicamente al derecho a abortos legales y seguros, negándose a considerar los problemas de salud pública que suponen los abortos clandestinos realizadas en condiciones inadecuadas..

Todo ello a pesar de los informes y recomendaciones de los organismos internacionales que condenan enérgicamente las leyes que restringen el aborto, especialmente las que lo prohíben y penalizan en todas las circunstancias. El Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer estableció en su última sesión que el aborto seguro es un derecho y que los Estados deben legalizarlo al menos en los casos de violación, incesto, riesgo para la vida y/o salud de la madre o malformación fetal grave.

Aunque los muchos Estados prefieren ignorarlas o establecer otras paralelas, las cifras demuestran que restringir y penalizar el aborto, poco influye en el número de interrupciones del embarazo; cada año, se practican 22 millones de abortos en condiciones peligrosas que suponen la muerte de 47.000 mujeres. La Organización Mundial de la Salud (OMS) denuncia que las restricciones legales “llevan a muchas mujeres a procurarse servicios en otros países o con profesionales no capacitados o en condiciones no higiénicas, exponiéndose a un riesgo significativo de muerte o discapacidad.” Son las mujeres con menos recursos las que sufren las consecuencias, ya que el 98 % de los abortos inseguros se realizan en los países en desarrollo.

Ante estos hechos, es fundamental que el dogma quede fuera de la sala y que los gobiernos adopten un enfoque más pragmático. En el caso de España, esto choca frontalmente con el anteproyecto de reforma de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que pone en serio riesgo el cumplimiento de los compromisos adquiridos y entra en contradicción con la mayoría de resoluciones internacionales sobre los derechos sexuales y reproductivos [1].

Tras esta decisiva cita, España debe seguir promoviendo y asegurando el acceso a la salud y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, incluidas las adolescentes y jóvenes tal y como ha afirmado en numerosas ocasiones en conferencias, encuentros y compromisos a nivel internacional. Hacer lo contrario no sólo sería incongruente, sino ignorar el problema y mirar hacia otro lado mientras millones de mujeres se juegan la vida, bajo el yugo de una moral ajena y en nombre de un puñado de votos.

Luis Enrique Sanchez Acero es presidente Federacion Planificación Familiar Estatal; Ana Alcalde es directora Alianza por la Solidaridad; y Elena Urdaneta es coordinadora de Medicos del Mundo.

[1] Programa de Acción de El Cairo, la declaración del Comité para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra la Mujer sobre salud y derechos sexuales y reproductivos del 57º periodo de sesiones[1] y el Informe del relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental A/66/254, así como la resolución 1607 (2008) del Consejo de Europa).