'DECLARACIÓN DE GRANADA'
Cien entidades abogan por los más vulnerables
Organizaciones europeas y españolas piden a los gobiernos europeos y a la Comisión Europea garantizar la salud de minorías étnicas e inmigrantes.
I.G.P. Madrid | igallardo@diariomedico.com | 16/09/2014 17:09
Ildefonso Hernández, Carlos Artundo, Josep Basora y Begoña Santos, hoy en Madrid. (José Luis Pnidado)
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Noventa y nueve organizaciones científicas, sanitarias y sociales españolas y europeas se han adherido a la Declaración de Granada, un texto suscrito en abril en el V Congreso Europeo sobre Migrantes, Minorías Étnicas y Salud. Las organizaciones piden a los gobiernos europeos y a la Comisión Europea, tal y como se hace en la declaración, "que cumplan con su obligación de atender y garantizar la protección de salud de la población y, en especial, de los grupos más vulnerables, entre los que se encuentran las minorías étnicas y los inmigrantes", ha apuntado Carlos Artundo, director de la Escuela Andaluza de Salud Pública, en una rueda de prensa celebrada en Madrid para hacer público el respaldo al documento.
Artundo ha pedido que se revise el RD 16/2012, ya que, según la Declaración de Granada, es injusto, provoca problemas administrativos, además de crear inseguridad jurídica y práctica de los equipos asistenciales. "Esto hay que hacerlo teniendo en cuenta la opinión de las sociedades científicas y de las organizaciones sociales".
En ello ha coincidido Begoña Santos, directora de operaciones locales de Médicos del Mundo, para quien la normativa "ha supuesto un retroceso en los derechos de la sociedad". Los afectados por la exclusión son "inmigrantes en situación ilegal, pero también otros que han sido regularizados con posterioridad al 24 de abril de 2012".
Santos ha apuntado que se han detectado casos de no atención a gestantes y menores, así como la emisión de facturas, "lo que desincentiva que los más vulnerables acudan a los centros médicos". En estos casos, recomienda ponerse en contacto con organizaciones como la suya.
Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, ha explicado que la prevención y el seguimiento asistencial, claves en AP, no se está haciendo en población de riesgo. Por ello, están diseñando una red de observación de los casos que no han recibido asistencia, y que será presentada próximamente.
Ildefonso Hernández, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, ha declarado que la mejor garantía de la protección de salud pública es que los sistemas de vigilancia funcionen como un reloj, y para ello la asistencia debe ser universal y gratuita. "Muchos problemas de salud tienen orígen en causas sociales y estructurales. Los mecanismos de vigilancia no sirven si las poblaciones más vulnerables no están en del sistema".
Santos apunta que estas medidas han influido negativamente en la lucha contra la violencia doméstica, y ha llamado la atención sobre el ingreso indiscriminado de extranjeros en los centros de internamiento. "Los horarios de asistencia médica son limitados, y no hay personal con criterio si se plantea una urgencia. Tampoco se está prestando atención a la salud mental". Según ella, el aumento de actitudes xenófobas en el acceso a la salud fomenta medidas discriminatorias.
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