Déficit, proceso soberanista y corrupción hunden a Cataluña en la incertidumbre

La Generalitat depende cada vez más del FLA y la sanidad teme otro recorte de 60 millones. El 'caso Pujol' se añade a varios en el sector y ya hay imputados 2 exdirectores del CatSalut.

Carmen Fernández. Barcelona | carmenfer@diariomedico.com | 08/09/2014 00:00

El jueves, día 11 de septiembre, Cataluña celebrará su Diada (fiesta autonómica) y los ciudadanos favorables a la independencia volverán a la salir a la calle en una movilización, convocada por la organización civil Asamblea Nacional Catalana, que este año pretende formar una gran V entre las calles Diagonal y Gran Vía de Barcelona. Dependiendo del volumen de participación se podrán sacar conclusiones acerca de la fuerza con la que el movimiento soberanista, y quienes lo lideran, llegan a la etapa crucial de su desafío.

Después de la Diada vendrá la aprobación en el Parlamento de la Ley de Consultas autonómica, el Gobierno de Mariano Rajoy la recurrirá y el Tribunal Constitucional con toda probabilidad la suspenderá automáticamente (no se sabe si la ley o el decreto de convocatoria posterior). ¿Y después? El presidente catalán, Artur Mas, insiste en que convocará la consulta independentista para el 9 de noviembre, pero a la vez agrega que cumplirá con la legalidad. Si la convoca ilegalmente, el Gobierno central actuará en consecuencia, y si no la convoca, CiU perderá el apoyo de ERC y no podrá seguir gobernando en minoría. Además, provocará una gran insatisfacción a buena parte de la población entusiasmada con la idea de una Cataluña independiente al precio que sea.

Adelanto electoral
Por todo ello, es fácil prever un adelanto de las elecciones autonómicas que provocará un enorme terremoto en el mapa político catalán; hay que recordar que en las elecciones europeas ERC fue la fuerza más votada y que las encuestas de intención de voto sitúan a Podemos prácticamente al mismo nivel que el PSC, que es ahora la tercera fuerza. CiU, con su fundador y líder histórico Jordi Pujol a los pies de los caballos por un fraude fiscal reconocido y sospechas de corrupción durante sus 23 años de gobierno de Cataluña, posiblemente pierda buena parte del apoyo que le queda de su tradicional electorado.

¿Cómo afecta todo esto a la sanidad? El desafío independentista, alentado por el Gobierno autónomo, impacta forzosamente sobre todos los ámbitos, pero su problema es más de orden práctico: el presupuesto. Cataluña no podrá cumplir este año el compromiso de déficit (del 1 por ciento de su PIB y que tendrá que ser del 0,7 por ciento en el ejercicio siguiente, del 0,3 en 2016 y llegar al equilibrio en 2017), como tampoco lo cumplió el anterior, y cada vez necesita más de la aportación directa del Estado a través de los Fondos de Liquidez Autonómica (FLA) y de pago a proveedores.

El desafío independentista impacta forzosamente sobre todos los ámbitos, pero el problema de la sanidad es más de orden presupuestario

Para seguir recibiendo esos fondos, la comunidad está obligada a cumplir con los compromisos y su Gobierno -dice- no quiere realizar más ajustes.

Según el Informe sobre la Reordenación de Sector Público Autonómico, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Cataluña es la comunidad que más recortes habrá practicado en el periodo 2011-2015, con un total de 6.115 millones. Eso deja a mucha distancia a la que ocupa el segundo puesto, que es la Comunidad de Madrid, con 2.902 millones, y la tercera, que es Valencia, con 2.833 millones, aunque estas dos le superan en ahorros por la supresión de organismos públicos, con 812 y 514 millones, respectivamente, frente a 308 millones de Cataluña.

El Gobierno central ha aparcado la reforma de la financiación autonómica, aunque el nuevo sistema debería de haber entrado en vigor el 1 de enero pasado, pero ya ha reconocido formalmente el déficit fiscal anual de Cataluña (lo que aportan sus contribuyentes a las arcas del Estado y que no retorna a la comunidad) en 8.455 millones de euros (o el 4,35 por ciento de su PIB); un cálculo con el que no es está de acuerdo la Generalitat, que sitúa el desfase (sobre datos de 2011) en un déficit mínimo de 11.087 millones o el 5,7 por ciento del PIB, con el mismo criterio empleado por el grupo de trabajo creado por el Ministerio de Hacienda, y un máximo de 15.006 millones o el 7,7 por ciento del PIB con los cálculos que defienden la Generalitat y un grupo de expertos que tiene el mandato del Parlamento.

Este sí que es un problema para la sanidad, que depende de las decisiones de la Generalitat y a estas alturas del año corre el riesgo de sufrir otro recorte de 40 millones en centros concertados (mayoritarios) y de 20 en el Instituto Catalán de la Salud. El sindicato Médicos de Cataluña le recordó este verano que la partida de Salud ha disminuido un 16 por ciento en cuatro años y, en cambio, el presupuesto global de la Generalitat sólo un 2,6 por ciento.

Prórroga en 2015
Fuentes del sector dan por seguro que los presupuestos de 2015 serán prorrogados, y otras destacan que eso no será peor que el más que evidente desplome de los liderazgos tradicionales en la política y la gestión sanitaria y la profesión médica.

El agotamiento y el desánimo, tras recortes que han afectado principalmente a profesionales (salarios, empleo) y a usuarios (listas de espera), parecen generalizados; y la falta de un discurso sanitario coherente y creíble por parte de Gobierno autónomo sitúan a la sanidad catalana en la peor de las circunstancias para afrontar lo que viene, que posiblemente incluya un nuevo recorte por parte del Gobierno central derivado de la bajada de impuestos en 2015.

¿Cómo le afecta el caso Pujol, farmacólogo clínico y bajo cuyo gobierno se fraguó el llamado modelo sanitario catalán? De momento, tanto como los diferentes casos de presunta corrupción en el sector, que han llegado a los juzgados y que se han investigado sin demasiado éxito en el Parlamento, y como ver a dos ex directores del Servicio Catalán de la Salud (Josep Prat y Carles Manté) detenidos.
Incertidumbre es en estos momentos la palabra que mejor define a Cataluña.

¿Colabora Salud con la Justicia?

La diputada de Ciutadans Carme Pérez le dijo al consejero de Salud, Boi Ruiz, en su última comparecencia ante la Comisión de Salud: "Me gustaría (...) que no tuviéramos que ver cómo los jueces de instrucción deben hacer dos requerimientos para pedir al Servicio Catalán de la Salud y a sus responsables que colaboren" en la instrucción de casos de presunta corrupción, y "llama poderosamente la atención que ni los departamentos de la Generalitat ni la Generalitat no se personen nunca como acusación particular".