El PP rechaza en el Congreso admitir a trámite la petición del PSOE de retirar el copago farmacéutico

Madrid (11/09/2014) - E.P.

• "A pesar de la trascendencia de los cambios, sólo el copago farmacéutico se aplica de forma efectiva en España, existía y sigue existiendo pero más equitativo; y lo que no existía sigue sin existir", explica Rubén Moreno, portavoz de Sanidad 'popular', mientras que la iniciativa socialista sí ha contado con el apoyo de los principales grupos de la oposición

• Por otra parte, el Congreso ha rechazado una nueva petición de Convergencia i Unió para que el Gobierno permita la dispensación de la vacuna de la varicela en oficinas de farmacia

El Partido Popular ha rechazado en el Pleno del Congreso la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que pedía al Gobierno la retirada del copago farmacéutico, según ha adelantado su portavoz parlamentario en materia de Sanidad, Rubén Moreno. Aunque insuficiente, porque el PP cuenta con mayoría absoluta en el arco parlamentario y tumbará finalmente la propuesta, esta iniciativa sí ha contado con el apoyo de los principales grupos de la oposición. En concreto, han mostrado su respaldo los portavoces de CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, el PNV, BNG, Nueva Canarias y Compromís-Equo.

Así, el diputado valenciano y portavoz del PP en la materia, entre otros puntos ha criticado que el tema se haya debatido en varias ocasiones en sede parlamentaria, al mismo tiempo que ha recordado que la aportación en prestación farmacéutica, ortoprotésica, o en transporte sanitario urgente, por ejemplo, ya existían antes porque las pusieron en marcha las comunidades autónomas.

"A pesar de la trascendencia de los cambios, sólo el copago farmacéutico se aplica de forma efectiva en España, existía y sigue existiendo pero más equitativo; y lo que no existía sigue sin existir", ha sentenciado, al mismo tiempo que ha negado que haya pensionistas que han dejado de comprar sus medicamentos por el copago. "Es una especulación", ha apostillado.

El encargado de defender la iniciativa del PSOE, José Martínez Olmos, ha lamentado que se hayan cumplido casi ya dos años de "la imposición de copagos", "un cambio radical y unilateral del modelo sanitario", a pesar de que España contaba con uno de los mejores servicios de salud.

Según ha defendido, hay alternativas como la subasta de medicamentos que se implementa en Andalucía, un ahorro que llegaría a los 1.500 millones de euros, superior a lo que se gana con el copago farmacéutico y que no tendrían que pagar los ciudadanos. "Planteamos una medida que está con la gente, los profesionales, de parte de los pacientes", ha rebatido.

En este sentido, ha advertido de que hay porcentaje de población, generalmente los que más necesidades tienen, que están dejando de retirar sus medicamentos de las farmacias.

Sin diálogo

Conxita Tarruella, de CiU, ha adelantado que su grupo parlamentario va a respaldar la toma en consideración de esta iniciativa, que comparte con matices, entre otros puntos, porque lamenta que las medidas sanitarias adoptadas en esta legislatura se hayan aplicado sin consensos y sin diálogos.

Mientras, Gaspar Llamazares, de la Izquierda Plural, se ha mostrado favorable a tramitar esta propuesta de ley porque, según ha insistido, los ciudadanos ya pagan los medicamentos a través de los impuestos.

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, apuesta por aceptar a trámite esta iniciativa porque cree que el copago sanitario está teniendo unas consecuencias "nefastas para la salud y la protección de las personas que más necesitan del Estado".

Joseba Agirretxea, del PNV, cree que es necesario debatir la proposición y que no se gobierne a escondidas "y con miedo a debatir". Desde Compromís Equo, Joan Baldoví ha calificado el copago como un "impuesto indirecto a la enfermedad y vejez". Y para Rosana Pérez, del BNG, los copagos dejan desprotegidos a los más enfermos y con menos recursos económicos.

Vacuna de la varicela

Por otra parte, el Congreso de los Diputados ha rechazado una nueva petición de CiU para que el Gobierno permita la dispensación de la vacuna de la varicela en oficinas de farmacia ya que, como ha argumentado el PP, su uso hospitalario permite hacer un seguimiento de su administración "bajo la cobertura de la Sanidad pública".

La iniciativa, que ha contado con la abstención de otros grupos de la oposición como el PSOE o La Izquierda Plural, pedía que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad permitiera que este fármaco, comercializado por Sanofi Pasteur MSD como 'Varivax', pueda venderse de nuevo en farmacias "sin ningún tipo de restricción, ni intervencionismo".

La diputada nacionalista Conxita Tarruella, autora de la iniciativa, ha considerado "injusto" que los padres que quieran vacunar a sus hijos no puedan comprar libremente dicho fármaco y tengan que desplazarse al extranjero para conseguirlas, "mientras que en el resto de países de Europa se puede adquirir en las farmacias".

Además, ha avisado de que esta decisión puede provocar un aumento de casos en España que ha cifrado en 300.000 contagios más al año, y recuerda que de todos ellos entre el 10 y 15 por ciento suele presentar complicaciones, "algunas de ellas graves".

Sin embargo, la diputada 'popular' María Felicidad Rodríguez ha argumentado que esta vacunación debe hacerse con prescripción médica, "bajo la cobertura de Sanidad pública y sin necesidad de acudir a la Sanidad privada u otros países".

De hecho, ha recordado que la falta de control de esta vacuna había propiciado un aumento de dosis consumidas entre 2009 y 2012 que habían propiciado un aumento de la cobertura de vacunación de hasta el 40-50 por ciento, con el consiguiente riesgo de que se produjeran "cambios en la morbilidad de la enfermedad".

"Es irresponsable plantear que no haya ningún tipo de restricción", ha defendido, al tiempo que ha recordado que el Ministerio hará un seguimiento para ver cómo afecta a la población las pautas de vacunación acordadas entre Sanidad y las comunidades para ésta y otras vacunas.

La diputada socialista Guadalupe Martín también ha insistido en que se debe garantizar un calendario vacunal único y un acceso "equitativo y gratuito" al mismo, "sin exclusiones".

Partidos como PNV o La Izquierda Plural se han abstenido en la votación pese a que, como ha reconocido Gaspar Llamazares, la decisión de Sanidad de restringirla a uso hospitalario favorece situaciones de desigualdad y "hace que quienes acceden al hospital privado puedan vacunarse y el resto no".