Sanidad cifra en 230.000 euros el coste inicial del registro estatal

Las autonomías recibieron en 2007 un total de 2 millones de euros para crear sus registros, pero el Consejo de Estado afirma que el cálculo ministerial es "insuficiente" y cree que las regiones necesitarán más inversión.

Francisco Goiri. Madrid | fjgoiri@diariomedico.com | 01/09/2014 00:00

El 14 de agosto el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó por fin el decreto que regula el funcionamiento del registro estatal de profesionales sanitarios, sentando oficialmente las bases del funcionamiento de una herramienta unánimemente demandada por toda la profesión. Según los plazos estipulados en el BOE, el Ministerio de Sanidad debe aprobar antes del próximo 14 de febrero la orden que fijará el soporte, el formato y las características de la transferencia de datos a ese registro central, y 12 meses después de aprobada esa orden, es decir, el 14 de febrero de 2016, el registro estará por fin operativo.

El Ministerio estima que la puesta en funcionamiento del registro, el desarrollo de su aplicación informática, la introducción de los datos (que deben remitir a Sanidad otros ministerios, autonomías, colegios profesionales y entidades privadas), la verificación de esos datos y su notificación a los profesionales se puede hacer con un coste de 230.000 euros, que saldrán del presupuesto asignado este año al Ministerio y no supondrán, por tanto, "aumento de las dotaciones presupuestarias ni de los gastos en materia de personal", según la memoria económica del proyecto ministerial.

Siete años después de que Sanidad obligará a todas las autonomías a crear sus propios registros, aún hay tres autonomías que no han desarrollado una normativa específica

José Luis Lancho, economista del Estado y coordinador de Mediscopia, el informe demográfico que la OMC presentó en 2011, dice que "una memoria económica lo aguanta todo, pero otra cosa es plasmar los cálculos que se hacen sobre el papel". Según él, "volcar los datos provenientes de colegios y autonomías en una aplicación no debería ser, en principio, muy costoso, dados los medios informáticos actuales y el volumen de los datos en cuestión, que no es especialmente numeroso, al menos en lo que se refiere a los médicos (207.000, según las estimaciones de Sanidad)". El verdadero problema, según Lancho, reside precisamente en los datos autonómicos, "que son inexistentes o, en el mejor de los casos, incompletos y muy heterogéneos".

Si nos remitimos de nuevo a la memoria económica del proyecto, el Ministerio afirma que la puesta en marcha del registro estatal "no supone incremento de gasto alguno" para las comunidades autónomas. El truco hay que buscarlo en el decreto aprobado en septiembre de 2007, que obligaba a todas las automomías a implantar su propio registro y regulaba la concesión de subvenciones a todas las regiones para su puesta en marcha. La Administración central dio un total de 2 millones de euros, que se distribuyeron entre las 17 autonomías en función de su población (ver cuadro).

Los deberes por hacer
Sanidad recuerda en su memoria económica que esos 2 millones de euros estaban destinados a la financiación de las respectivas aplicaciones informáticas y a la integración de todos los datos recabados en el Sistema de Información del SNS, y, por tanto, la puesta en marcha del nuevo registro central "no supondrá incremento de gasto para las haciendas autonómicas". No obstante, como reconoce el propio Ministerio en esa memoria, 7 años después de la aprobación del decreto de 2007, hay 3 autonomías (Madrid, Navarra y Asturias) que aún no tienen un decreto que regule su registro, "y en muchas de las que existe ese decreto -añade Lancho- los datos no se han recabado o se ha hecho de forma incompleta, lo que obligará al Ministerio a ejercer la labor de liderazgo que tenía que haber asumido desde hace tiempo si quiere que su registro se nutra con los datos de las 17 autonomías".

El Consejo de Estado afirma que el registro central obligará a cambiar los programas informáticos regionales, "con el consiguiente coste, que el Ministerio no ha cuantificado"

Dictamen del consejo
El propio Consejo de Estado le da un tirón de orejas a Sanidad por sus estimaciones económicas, y en el dictamen emitido antes de la publicación del decreto dice literalmente que "la memoria económica presenta un cálculo insuficiente de su impacto en las administraciones públicas y demás entidades afectadas por la norma proyectada". El Consejo de Estado no entra a valorar si los 230.000 euros que prevé desembolsar la Administración central son suficientes, pero afirma claramente que "la mayor amplitud de datos que serán requeridos por el registro estatal entrañará previsiblemente una modificación de las aplicaciones informáticas empleadas por las comunidades, con el consiguiente coste, que la memoria no ha cuantificado". Recuerda, además, que "la implementación del registro en las autonomías que aún no lo tienen supondrá con seguridad un gasto específico. En suma, la memoria carece de una adecuada valoración de su impacto en las comunidades autónomas".

El decreto también recoge la posibilidad de arbitrar mecanismos jurídicos para el funcionamiento del registro con colegios y entidades, mecanismos que, según Sanidad, no supondrán "aumento de las dotaciones presupuestarias". Según el Consejo de Estado, esta previsión "carece de contenido, prejuzga el alcance de los convenios y sólo atiende al eventual efecto económico de esos convenios en la parte pública, sin atender al seguro impacto en los presupuestos de los colegios".