Sanidad oculta posibles conflictos de interés del comité de la hepatitis C

El Consejo de la Transparencia insta al ministerio a hacer públicas las declaraciones de los expertos nombrados por el Gobierno

ELENA G. SEVILLANO Madrid 21 JUL 2015 - 23:20 CEST

El ministro Alfonso Alonso y el médico Joan Rodes. / FERNANDO ALVARADO (EFE)

El Ministerio de Sanidad ha estado ocultando los posibles conflictos de intereses de los expertos que nombró para el comité del plan nacional contra la hepatitis C, algo que le censura el Consejo de la Transparencia en una resolución reciente, donde además insta a hacer públicas las declaraciones firmadas por los expertos. Este órgano, que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, considera necesario que se conozca esta información para evitar que el plan “obedezca a fines más allá del interés público”.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció a principios de enero la creación de un comité de expertos naciones e internacionales, coordinados por el hepatólogo Joan Rodés, para elaborar el Plan Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C. Lo hacía después de varias semanas de protestas en la calle y encierros de afectados en varios hospitales, que reclamaban acceder a los nuevos y costosos tratamientos para esta enfermedad, y de la presión del colectivo de hepatólogos, que lamentó públicamente no poder tratar a sus pacientes con los mejores fármacos disponibles.

Poco después de que se diera a conocer el nombre de los expertos elegidos (seis españoles y tres extranjeros), la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) publicó un informe sobre los conflictos de interés que, en su opinión, tenían estos especialistas por sus relaciones con laboratorios que producen los fármacos, especialmente con Gilead, la farmacéutica fabricante de Sovaldi, la más conocida de estas nuevas píldoras.

El portavoz socialista de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos, pidió durante una comparecencia parlamentaria de Alonso que los expertos firmaran una declaración de interés. El ministro contestó que así se había hecho, pero siempre se ha negado, también ante la petición de los medios de comunicación, de hacer públicas esas declaraciones. Ahora el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno le insta a ello en una resolución con fecha de 25 de junio. “Es innegable a nuestro juicio que conocer si existen eventuales conflictos de intereses entre los encargados de realizar un plan estratégico en el campo de la sanidad [...] es, precisamente, el objetivo principal que persigue la Ley de Transparencia.

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La resolución del Consejo deriva de la queja presentada por un ciudadano que, a través del Portal de Transparencia, pidió las declaraciones de interés de los expertos. El Ministerio de Sanidad le denegó la petición. La Dirección General de Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud y Farmacia contestó con una lista de los miembros del plan estratégico que incluía nombre y apellidos, cargo y centro de trabajo. En otra, informaba de quiénes eran los expertos de apoyo y finalmente del grupo de revisores externos. “Todos los participantes han firmado una declaración de intereses según el modelo y procedimiento de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios”, añadía la contestación.

Pero esa era información ya publicada y conocida, por lo que el reclamante insistió. El Consejo entiende que lo que pedía era la copia de esa declaración firmada, es decir, saber efectivamente si existe algún tipo de conflicto de interés que cuestione la independencia de los expertos. Entre los argumentos que da el Consejo está el código ético de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del ministerio, que incluye a los miembros de comités entre los que deben dar a conocer las declaraciones de intereses.

Sanidad no preguntó a los expertos

El Ministerio de Sanidad alegó que dar a conocer las declaraciones de los expertos del comité de la hepatitis C vulnera la normativa de protección de datos. Añadió que no contaba con el consentimiento de los afectados. Sin embargo, el Consejo de Transparencia rechaza esos argumentos; no solo porque los datos no están “calificados como especialmente protegidos”, sino porque Sanidad ni siquiera intentó recabar el consentimiento de los expertos.

Así lo confirma a EL PAÍS Agustín Albillos, jefe de Gastroenterología del hospital Ramón y Cajal de Madrid, catedrático y miembro del comité, que añade que no pondría impedimentos a que se divulgara la declaración que firmó. Le preocupa, eso sí, que la información se divulgue sin ir acompañada de una explicación, porque "está sujeta a demagogia".

Colaboración con las farmacéuticas

También explica que en el ámbito académico e investigador es muy habitual colaborar con las farmacéuticas, en parte porque son las que dan formación continua a los médicos. "Cualquiera que esté en el ámbito académico necesita a la industria farmacéutica, y al revés. Es mutuo. Nosotros los necesitamos a ellos y ellos a nosotros para desarrollar mejor sus productos y divulgar sus resultados. Eso no quiere decir que un médico pierda su independencia", añade Albillos.

"Colaboro prácticamente con todas las compañías. Lo raro es no trabajar con ninguna, porque quiere decir que alguien no tiene actividad investigadora. Lo sospechoso es cuando solo aparece una empresa, cuando un médico solo da charlas solo para un laboratorio y habla únicamente de los beneficios de sus productos", añade. En su caso, la FADSP publicó como posible conflicto de interés que dirige un master en Hepatología en la Universidad de Alcalá de Henares en colaboración con Roche. "El dinero lo recibe la universidad, no el médico, y se destina para becar a alumnos; eso es algo que tiene que entender el público", subraya.

El plan de la hepatitis C tampoco se ha hecho público

El plan gubernamental para tratar, al menos, a 52.000 enfermos de hepatitis C con los nuevos y costosos fármacos antivirales se aprobó a finales de marzo. Poco después se acordó cómo financiarían las comunidades autónomas los 727 millones de euros que el Ministerio de Sanidad calculó que será necesario desembolsar en los próximos tres años para tratar a todos los afectados. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad aún no lo ha publicado. A preguntas de EL PAÍS, una portavoz aseguró este martes que está a punto de ser publicado en la página web del ministerio.