Ley de Dependencia, mejorable en fondo y forma

El autor considera que, a pesar de la buena función de la Ley de Dependencia en los últimos años, debe mejorarse su fondo y su forma.

por José Manuel Ribera Casado, académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina (RANM). | 11/03/2017 10:00

El pasado diciembre se cumplieron diez años de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la "Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia", más conocida como Ley de Dependencia. Esta norma fue calificada en su momento como "hito histórico", "cuarto pilar del Estado de Bienestar" o "la norma social más importante de las últimas décadas".

Con motivo de este redondo aniversario, la Real Academia Nacional de Medicina (RANM), fiel a su cita con todo lo que atañe al mundo sanitario, celebrará una sesión especial este jueves, 16 de marzo, en la que expertos en el tema llevarán a cabo, desde diferentes perspectivas, una valoración de lo que ha supuesto su desarrollo durante estos años, y analizarán también sus perspectivas de futuro. Entre los invitados previstos, está la actual responsable máxima de la aplicación de la ley, Carmen Balzagón, directora general del Imserso.

"Las principales críticas se centran en la insuficiente dotación, en evidentes desigualdades entre autonomías y en una pobre formación de muchos cuidadores"

La Ley de Dependencia fue aprobada en el Congreso por una mayoría abrumadora (poco habitual) y despertó, desde el mismo momento de su aparición, muchas expectativas. También suscitó, no obstante, diferentes críticas y se dijo que nació con varios errores de bulto. Entre esos errores, se citó una estimación equivocada en el número de beneficiarios; una dotación insuficiente y poco clara; un olvido de los temas específicos de salud, sobre todo de los aspectos preventivos; sistemas de valoración mal definidos, y la ausencia de unos mecanismos de control efectivos ante las eventuales (y previsibles) diferencias de interpretación y aplicación por parte de las comunidades autónomas.

El tema de la aplicación de la ley ha suscitado y suscita un interés creciente y mantenido durante toda la década; ha generado discusiones en foros políticos, profesionales, sociales, medios de comunicación, etc; han surgido publicaciones específicas y fundaciones centradas en el tema, observatorios públicos y privados, y una red extensa y compleja de disposiciones para su aplicación.

Con respecto a este último punto, un estudio de la Fundación Caser señalaba que a finales de 2015 se habían generado 984 normas legales y administrativas estatales, autonómicas o municipales relacionadas con la aplicación de la norma nacional. El Observatorio oficial de seguimiento de la ley ha elaborado y publicado de manera sucesiva hasta 17 extensos informes de actualización, el último de ellos hace apenas unas semanas.

"El último informe del Observatorio oficial de la ley alerta de que, al ritmo actual, se tardaría más de cuatro años en atender toda la demanda existente en la actualidad"

Los redactores del XVII dictamen del Observatorio de la Ley de Dependencia consideran que la norma ha pasado en estos años por cuatro fases: Los inicios (años 2007 y 2008), a los que califica de erráticos, precipitados y desiguales, pero que supusieron un esfuerzo importante, traducido al finalizar 2008 en 722.305 solicitantes, 592.648 valoraciones y el reconocimiento de 442.509 personas dependientes con derecho a atención. Un segundo periodo de expansión (2009/2011), caracterizado por un desarrollo frenético y dinámico, donde se alcanzaron 1.600.000 solicitudes, pero durante el que se acentuaron las diferencias interterritoriales. Una tercera fase, que el Observatorio califica como de retroceso y demolición (2012/junio de 2015), con crisis, deudas y recortes, y marcada, además, por la aprobación de la Ley 20/2012, para garantizar la "estabilidad presupuestaria". Durante esta tercera fase, las incorporaciones tienen lugar a medida que se van produciendo bajas, y muchos eventuales beneficiarios fallecieron antes de ser atendidos. La última fase (julio 2015/diciembre 2016), de ¿recuperación? (las interrogaciones son del Observatorio), durante la cual revierte la tendencia anterior y mejora la gestión. No obstante, y siempre según los autores del dictamen, al ritmo actual y sin darse nuevas incorporaciones, se tardaría más de cuatro años en atender la demanda existente en la actualidad.

Los testimonios y las valoraciones por parte de las diferentes partes implicadas en el desarrollo de la ley se han mantenido y se mantienen a lo largo del tiempo. Las principales críticas se suelen centrar en una dotación presupuestaria que se estima insuficiente, en el tema del copago, en las evidentes desigualdades territoriales a la hora de la aplicación, en una pobre formación del cuidador en gran parte de los casos, en el desprecio por los aspectos médicos y en el descuido de la prevención.

Implicación colectiva
En definitiva, y como punto esencial, cabría recordar que la dependencia no es un "problema social" aislado y aislable en el contexto de la sociedad, sino que se vincula con todo tipo de esferas, sobre todo con las sanitarias, económicas, culturales y educativas.

La aplicación de la Ley de Dependencia es mejorable en el fondo y en la forma. Sin duda, el deseo común es que esta aplicación se extienda hasta alcanzar a todo aquel que pueda y deba beneficiarse de ella, y que lo haga en los términos más adecuados posibles. Ello requiere voluntad, transparencia y cooperación interinstitucional. Y requiere, por parte de todos los implicados en su desarrollo (instituciones y personas), un espíritu generoso que permita situarse por encima de cualquier tipo de interés local, geográfico o partidista. No hacerlo así sería una forma de suicidio colectivo en la que nunca se deberá caer.