Enrique Mezquita. Valencia | 20/04/2018 16:39
El pleno de las Cortes Valencianas ha rechazado con el voto de los grupos que conforman el
Pacto del Botánico (PSOE, Compromís y Podemos) y Ciudadanos, la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular contra el proyecto de ley de Derechos y Garantías de la dignidad de la persona
en el proceso de atención al final de la vida .
El debate se ha centrado sobre si se trata de una ley "necesaria" o "ideológica" y, en especial, sobre que el texto no recoge el consentimiento paterno o del tutor legal en los casos de menores de 16 años emancipados y en situación grave.
Según la consejera de Sanidad, Carmen Montón, esta ley es un "compromiso al inicio de la legislatura" y "responde a la aspiración de una amplia mayoría de la ciudadanía", presentándote tras un "amplio e intenso debate social".
- El texto no recoge el consentimiento paterno en los casos de menores de 16 años emancipados y en situación grave"
Montón destaca que, aunque no es la primera, sí es la más "vanguardista, garantista y completa" y que no trata de regular en absoluto la eutanasia o el suicidio asistido, aunque ha emplazado a iniciar "un debate a nivel estatal" sobre el tema. Ante ello, María José Catalá (PP) ha reiterado que se trata de una ley "ideológica" e innecesaria, ya que las bases están recogidas en legislaciones como la ley 41/2002, básica básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, o el Plan de Humanización de la Comunidad Valenciana (2000).
Además ha denunciado que hace "política con la vida de las personas", apuntando que a medio plazo lleva a tratar el tema de "despenalizar la asistencia al suicidio". Asimismo, ha discrepado sobre su "oportunidad y espíritu", además de señalar que era innecesaria su tramitación "urgente".
- Tras esta votación y debate, se continuará la tramitación parlamentaria y en comisión"
Para Catalá, no ofrece ningún derecho nuevo y, además, en su memoria económica no hay ninguna partida ni impacto presupuestario para llevarla a cabo.
La representante del PP ha insistido en la "grave omisión" que supone el excluir el consentimiento paterno para los menores de 16 años emancipados en grave situación de riesgo, en contra del "criterio de la normativa básica del Estado, del resto de comunidades autónomas y la Fiscalía General del Estado".
El socialista Ignacio Subías ha replicado que está recogido "en la legislación estatal básica" e Isaura Navarro (Compromís) que se trata "de supuestos diferentes", pero Catalá ha insistido en que en el resto de autonomías se recoge y, de hecho, esta ley "tiene visos de inconstitucionalidad".
Por su parte, Juan Córdoba (Ciudadanos) ha apuntado "las prisas y urgencia" de la tramitación y la ausencia de partida presupuestaria, pero también ha apostado porque las "deficiencias podrán ser corregidas en debate posterior".
Al igual que Catalá, ha mostrado sus dudas por la regulación de los menores de 16 años emancipados. Tras esta votación y debate, se continuará la tramitación parlamentaria y en comisión.
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