FRAUDE | Prótesis PIP
200 demandas desde Venezuela
Un implante de la marca PIP. | AFP- Los médicos no serán demandados porque "fueron víctimas del engaño"
- Australia investigará los riesgos de las prótesis para 4.500 mujeres
Unas 200 venezolanas portadoras de los implantes franceses de la marca Poly Implant Prothèse (PIP) demandarán ante la Justicia de Venezuela a los fabricantes y comercializadores de las prótesis, informó hoy el abogado que lleva el caso, Gilberto Andrea, a Efe.
El jurista explicó que el próximo viernes presentarán un recurso judicial contra los fabricantes "y contra todos los que hayan comercializado las prótesis PIP y hayan obtenido cualquier tipo de dividendo".
"Iba a ser un acto íntimo, pero se convirtió en colectivo. Empezaron pocas y ya casi suman 200 las demandantes", aseguró.
Las demandantes exigirán el pago de las cirugías de extracción de las prótesis y reparación de las mamas, procedimiento que, según Andrea, registró un aumento en los costos de más de 150% en los últimos seis años.
"Ellas están pidiendo las mismas cosas: una cirugía reparadora, que deje a la paciente en las mejores condiciones posibles, extraer el implante y hacer el reimplante, porque de lo contrario la persona quedará afectada física y psicológicamente, porque va a quedar deformada", explicó el letrado.
Adicionalmente, solicitarán que se cubran todos los gastos hospitalarios y los honorarios de los médicos que las intervengan.
Andrea explicó que los cirujanos plásticos que colocaron las prótesis PIP no serán demandados porque presuntamente también fueron timados al confiar en un producto que contaba con la garantía de la agencia de salud francesa.
Explicó que, en cambio, los fabricantes y comercializadores forman parte de "un circuito económico" que ha generado ingresos y ganancias, por lo que consideró que deben honrar la figura de responsabilidad social empresarial bajo la cual no pueden vender un producto sin velar por la seguridad de quienes invirtieron en él.
"No puede nadie obtener una ganancia lícita de algo que es contrario al interés colectivo, sobre todo cuando ha generado un problema de seguridad sanitaria y de salud pública", advirtió.
Andrea agregó que las demandantes sienten "mucho miedo" por las consecuencias que pueda acarrear en la salud el llevar estas prótesis y no cuentan con los recursos para extraerlas y reparar las mamas.
El abogado reclamó que en el país no existe un verdadero control en la venta de cualquier tipo de prótesis mamaria, al indicar que se observa su venta libre en portales comerciales en internet.
"No hay control y tiene que haberlo, y no sólo con respecto a temas médicos. Los medicamentos también deben ser controlados porque por la más mínima equivocación pueden morir miles de personas", advirtió.
La Administración de Bienes Terapéuticos (TGA, por sus siglas en inglés), órgano encargado de aprobar y hacer seguimiento de todos los productos relacionados con la salud en Australia, ha informado este miércoles de que se reuniría con un grupo de expertos para analizar los riesgos que pueden acarrear en estas mujeres, según informa Reuters.
"La TGA está trabajando activamente a raíz de las preocupaciones que se están generando con los implantes PIP y está revisando la información disponible sobre las tasas de rotura de todas las prótesis mamarias", señaló una portavoz de la entidad.
La investigación parte del escándalo sanitario global que se ha producido tras la muerte por cáncer el año pasado de una mujer francesa que había recibido estos implantes.
Se estima que en todo el mundo hay cerca de 300.000 mujeres con estas prótesis, cuyo fabricante entró en bancarrota en 2010 después de que una investigación oficial revelara que estaban usando silicona de tipo industrial en algunos de sus productos.
De hecho, en julio de 2010, y después de dicho hallazgo, se realizaron varios estudios en Australia para conocer el estado de estos implantes y no se detectaron problemas, por lo que no queda claro si las prótesis de peor calidad llegaron a este país.
El jurista explicó que el próximo viernes presentarán un recurso judicial contra los fabricantes "y contra todos los que hayan comercializado las prótesis PIP y hayan obtenido cualquier tipo de dividendo".
"Iba a ser un acto íntimo, pero se convirtió en colectivo. Empezaron pocas y ya casi suman 200 las demandantes", aseguró.
Las demandantes exigirán el pago de las cirugías de extracción de las prótesis y reparación de las mamas, procedimiento que, según Andrea, registró un aumento en los costos de más de 150% en los últimos seis años.
"Ellas están pidiendo las mismas cosas: una cirugía reparadora, que deje a la paciente en las mejores condiciones posibles, extraer el implante y hacer el reimplante, porque de lo contrario la persona quedará afectada física y psicológicamente, porque va a quedar deformada", explicó el letrado.
Adicionalmente, solicitarán que se cubran todos los gastos hospitalarios y los honorarios de los médicos que las intervengan.
Andrea explicó que los cirujanos plásticos que colocaron las prótesis PIP no serán demandados porque presuntamente también fueron timados al confiar en un producto que contaba con la garantía de la agencia de salud francesa.
Explicó que, en cambio, los fabricantes y comercializadores forman parte de "un circuito económico" que ha generado ingresos y ganancias, por lo que consideró que deben honrar la figura de responsabilidad social empresarial bajo la cual no pueden vender un producto sin velar por la seguridad de quienes invirtieron en él.
"No puede nadie obtener una ganancia lícita de algo que es contrario al interés colectivo, sobre todo cuando ha generado un problema de seguridad sanitaria y de salud pública", advirtió.
Andrea agregó que las demandantes sienten "mucho miedo" por las consecuencias que pueda acarrear en la salud el llevar estas prótesis y no cuentan con los recursos para extraerlas y reparar las mamas.
El abogado reclamó que en el país no existe un verdadero control en la venta de cualquier tipo de prótesis mamaria, al indicar que se observa su venta libre en portales comerciales en internet.
"No hay control y tiene que haberlo, y no sólo con respecto a temas médicos. Los medicamentos también deben ser controlados porque por la más mínima equivocación pueden morir miles de personas", advirtió.
Australia, detrás de las prótesis
Por su parte, las autoridades sanitarias australianas van a iniciar una investigación para conocer el riesgo al que se enfrentan las 4.500 mujeres del país a las que se le implantaron las prótesis de silicona de la empresa francesa Poly Implant Prothese (PIP), acusada de usar material de mala calidad.La Administración de Bienes Terapéuticos (TGA, por sus siglas en inglés), órgano encargado de aprobar y hacer seguimiento de todos los productos relacionados con la salud en Australia, ha informado este miércoles de que se reuniría con un grupo de expertos para analizar los riesgos que pueden acarrear en estas mujeres, según informa Reuters.
"La TGA está trabajando activamente a raíz de las preocupaciones que se están generando con los implantes PIP y está revisando la información disponible sobre las tasas de rotura de todas las prótesis mamarias", señaló una portavoz de la entidad.
La investigación parte del escándalo sanitario global que se ha producido tras la muerte por cáncer el año pasado de una mujer francesa que había recibido estos implantes.
Se estima que en todo el mundo hay cerca de 300.000 mujeres con estas prótesis, cuyo fabricante entró en bancarrota en 2010 después de que una investigación oficial revelara que estaban usando silicona de tipo industrial en algunos de sus productos.
De hecho, en julio de 2010, y después de dicho hallazgo, se realizaron varios estudios en Australia para conocer el estado de estos implantes y no se detectaron problemas, por lo que no queda claro si las prótesis de peor calidad llegaron a este país.
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