TRIBUNA. Manuel Martín García
Carta abierta a Ana Mato
Entre otras medidas, para garantizar que la sanidad siga siendo pública, universal y sostenible, hay que impedir que las autonomías recorten sus presupuestos sanitarios, mantener el actual modelo de aseguramiento, no instaurar el copago y renunciar a la fórmula de colaboración publico-privada.
Manuel Martín García. Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública | 11/01/2012 00:00
Señora ministra de Sanidad: es responsable de un excelente sistema sanitario con cobertura universal, gratuito en el momento del uso, accesible y de calidad elevada, pese a tener un gasto muy bajo, lo que garantiza su sostenibilidad y hace que sea muy apreciado por la ciudadanía. Evidentemente, el sistema tiene aspectos que pueden y deben mejorarse; ahí es muy importante el liderazgo del Ministerio.
La política de medicamentos sigue siendo competencia del Ministerio y el gasto farmacéutico, a pesar de alguna mejora, continúa siendo elevado (25 por ciento del gasto sanitario total, frente a la media europea del 15 por ciento). Por su parte, el gasto hospitalario sigue creciendo sobre el 55 por ciento, pasando de 3.700 millones de euros en 2006 a casi 5.800 al año en 2010.
Este dispendio tecnológico y medicamentoso tiene mucho que ver con una orientación de nuestro sistema a la medicina hospitalario-curativa-consumista, que utiliza de manera irracional e intensiva los recursos especializados, olvidando la promoción y la prevención con resultados negativos para la salud (sólo el 30 por ciento de las pruebas y tratamientos están basados en la evidencia científicamente demostrada). Parece necesario y urgente desarrollar la Estrategia Atención Primaria 21, elaborada por consenso entre los responsables de las comunidades autónomas y las organizaciones del nivel primario. En el contexto de una crisis económica, la atención primaria y la promoción de la salud son las alternativas más racionales y eficientes.
Otra fuente de gasto innecesario tiene que ver con la forma irracional con que el sistema adquiere sus recursos sin utilizar las ventajas de la economía de escala. Hay que poner en funcionamiento una central única de compras para todo el sistema en coordinación con las autonomías, lo que permitirá ahorrar millones de euros.
Mejoras profesionales
En este orden de cosas, además de apostar por la primaria y la promoción de la salud, debería promoverse un cambio en el sistema apoyando la medicina integrada que garantiza el uso apropiado y racional de los recursos mediante guías clínicas, vías clínicas y protocolos para los principales problemas de salud que orienten y faciliten las decisiones de los profesionales; la formación continuada del personal sanitario haciendo que esta importante función sea independiente de la industria farmacéutica que la patrocina de manera interesada; exigir la dedicación exclusiva a los profesionales; incentivar al personal promoviendo el desarrollo de la carrera profesional común a las autonomías; acabar con los contratos basura y la política de amortizar plazas que resta recursos necesarios y genera un malestar profesional incompatible con la calidad y la eficiencia asistencial. Cuidar, incentivar y tratar con justicia a sus profesionales es la mejor inversión porque éstos les responderán con la misma moneda.
Otra carencia heredada es la ausencia del Plan Integrado de Salud, contemplado por la Ley General de Sanidad y que podría ser acordado por el Consejo Interterritorial, orientando la estrategia hacia la equidad y la racionalidad. Su carencia, asociada a un modelo de financiación no finalista, explica el crecimiento de las desigualdades territoriales y los enfrentamientos interautonomicos, que ponen en peligro la atención sanitaria de los españoles cuando se desplazan a otras comunidades distintas a la suya, tensionando el sistema. En aras de la equidad parece necesario cambiar el modelo de financiación por otro más redistributivo y solidario.
Mantener el modelo de aseguramiento
Por último, hay que tener en cuenta algunas cuestiones claves. Es necesario impedir que las comunidades autónomas recorten sus presupuestos sanitarios, cerrando plantas o incluso hospitales enteros, abandonando los planes de mejora de la primaria amortizando las plazas vacantes, negando la asistencia a quienes pierden el derecho al paro; profundizan las desigualdades, reducen la calidad de la atención, generan gran malestar ciudadano, son injustas y crueles con quien más apoyo necesitan. Se debe mantener el actual modelo de aseguramiento público y único, ya que el modelo de seguros privados es mucho más caro, insostenible a medio plazo, perjudicará la capacidad de competencia y obligará a destinar muchos más recursos al sector sanitario (entre 2 y 10 puntos más de PIB) para satisfacer la voracidad de las aseguradoras privadas.
Además, no se debe instaurar el copago, ya que además de injusto, perjudica a los grupos de población más débiles y necesitados de asistencia (como los pensionistas y los crónicos), carece de capacidad para modular la demanda innecesaria y no genera más recursos por los elevados costes administrativos que exige su mantenimiento. Habría que renunciar a la fórmula de colaboración publico-privada para financiar y gestionar los nuevos centros sanitarios, porque además de multiplicar los costes (hasta siete veces) y favorecer la corrupción, supone una hipoteca brutal del sistema que a la larga lo hará insostenible.
Finalmente, apostar por el desmantelamiento y privatización del sistema sanitario puede suponer un error estratégico porque empeoraría el nivel de salud de la población, favorecería la conflictividad social e incrementaría el malestar profesional, algo que no ayuda a salir de la crisis.
- Manuel Martín García: "Hay que incentivar al personal promoviendo el desarrollo de la carrera profesional común a las comunidades autónomas y exigir la dedicación exclusiva"
Este dispendio tecnológico y medicamentoso tiene mucho que ver con una orientación de nuestro sistema a la medicina hospitalario-curativa-consumista, que utiliza de manera irracional e intensiva los recursos especializados, olvidando la promoción y la prevención con resultados negativos para la salud (sólo el 30 por ciento de las pruebas y tratamientos están basados en la evidencia científicamente demostrada). Parece necesario y urgente desarrollar la Estrategia Atención Primaria 21, elaborada por consenso entre los responsables de las comunidades autónomas y las organizaciones del nivel primario. En el contexto de una crisis económica, la atención primaria y la promoción de la salud son las alternativas más racionales y eficientes.
Otra fuente de gasto innecesario tiene que ver con la forma irracional con que el sistema adquiere sus recursos sin utilizar las ventajas de la economía de escala. Hay que poner en funcionamiento una central única de compras para todo el sistema en coordinación con las autonomías, lo que permitirá ahorrar millones de euros.
Mejoras profesionales
En este orden de cosas, además de apostar por la primaria y la promoción de la salud, debería promoverse un cambio en el sistema apoyando la medicina integrada que garantiza el uso apropiado y racional de los recursos mediante guías clínicas, vías clínicas y protocolos para los principales problemas de salud que orienten y faciliten las decisiones de los profesionales; la formación continuada del personal sanitario haciendo que esta importante función sea independiente de la industria farmacéutica que la patrocina de manera interesada; exigir la dedicación exclusiva a los profesionales; incentivar al personal promoviendo el desarrollo de la carrera profesional común a las autonomías; acabar con los contratos basura y la política de amortizar plazas que resta recursos necesarios y genera un malestar profesional incompatible con la calidad y la eficiencia asistencial. Cuidar, incentivar y tratar con justicia a sus profesionales es la mejor inversión porque éstos les responderán con la misma moneda.
- "No se debe instaurar el copago, ya que además de injusto, perjudica a los grupos de población mas débiles y necesitados de asistencia, como los pensionistas y los crónicos"
Otra carencia heredada es la ausencia del Plan Integrado de Salud, contemplado por la Ley General de Sanidad y que podría ser acordado por el Consejo Interterritorial, orientando la estrategia hacia la equidad y la racionalidad. Su carencia, asociada a un modelo de financiación no finalista, explica el crecimiento de las desigualdades territoriales y los enfrentamientos interautonomicos, que ponen en peligro la atención sanitaria de los españoles cuando se desplazan a otras comunidades distintas a la suya, tensionando el sistema. En aras de la equidad parece necesario cambiar el modelo de financiación por otro más redistributivo y solidario.
Mantener el modelo de aseguramiento
Por último, hay que tener en cuenta algunas cuestiones claves. Es necesario impedir que las comunidades autónomas recorten sus presupuestos sanitarios, cerrando plantas o incluso hospitales enteros, abandonando los planes de mejora de la primaria amortizando las plazas vacantes, negando la asistencia a quienes pierden el derecho al paro; profundizan las desigualdades, reducen la calidad de la atención, generan gran malestar ciudadano, son injustas y crueles con quien más apoyo necesitan. Se debe mantener el actual modelo de aseguramiento público y único, ya que el modelo de seguros privados es mucho más caro, insostenible a medio plazo, perjudicará la capacidad de competencia y obligará a destinar muchos más recursos al sector sanitario (entre 2 y 10 puntos más de PIB) para satisfacer la voracidad de las aseguradoras privadas.
Además, no se debe instaurar el copago, ya que además de injusto, perjudica a los grupos de población más débiles y necesitados de asistencia (como los pensionistas y los crónicos), carece de capacidad para modular la demanda innecesaria y no genera más recursos por los elevados costes administrativos que exige su mantenimiento. Habría que renunciar a la fórmula de colaboración publico-privada para financiar y gestionar los nuevos centros sanitarios, porque además de multiplicar los costes (hasta siete veces) y favorecer la corrupción, supone una hipoteca brutal del sistema que a la larga lo hará insostenible.
Finalmente, apostar por el desmantelamiento y privatización del sistema sanitario puede suponer un error estratégico porque empeoraría el nivel de salud de la población, favorecería la conflictividad social e incrementaría el malestar profesional, algo que no ayuda a salir de la crisis.
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