El Gobierno reformará la ley del aborto y sugiere un regreso al modelo de 1985
El anuncio de Gallardón pone en cuestión la ley de plazos
El Constitucional debe aún pronunciarse
El País Madrid 25 ENE 2012 - 11:27 CET17
Simpatizantes de Derecho a Vivir, a las puertas del Palacio de la Moncloa en diciembre pasado para reclamar la derogación de la ley del aborto al nuevo Gobierno. / J. J. GUILLÉN (EFE)
La reforma de la ley del aborto se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina del Tribunal Constitucional de 1985, y exigirá el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, así lo ha anunciado hoy sin dar más detalles de su plan. Sus palabras sugieren una revisión a fondo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010, que establece un sistema de plazos en el cual no se obliga a la embarazada a dar una justificación para el aborto hasta la semana 14 de gestación, y que el PP llevó al Tribunal Constitucional. Este, fuertemente dividido, aún no se ha pronunciado sobre la legislación vigente.
El anuncio lo ha hecho Ruiz-Gallardón en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la que ha recordado que la norma actual fue aprobada "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos". Se refería así a la fuerte división que impidió al Consejo General del Poder Judicial emitir su informe y al informe contrario a la ley del Consejo Fiscal, que consideró inconstitucional fijar el aborto como un derecho. El tercer informe solicitado fue favorable por unanimidad, el del Consejo de Estado.
Gallardón evitó ayer entrar en detalles, como tampoco lo hizo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cuando se refirió a esta ley en su primer Consejo de Ministros. Gallardón se había pronunciado al respecto en noviembre de 2010, todavía como alcalde de Madrid, en una entrevista con EL PAÍS: "La doctrina del Constitucional, establecida como consecuencia del primer recurso que se interpuso contra la primera ley, lo que dice es que el concebido y no nacido es un titular de derechos pero que no son absolutos, porque, al entrar en conflicto con otros derechos, fundamentalmente derechos de la madre, el Estado no puede establecer un reproche hacia aquellas que opten por uno u otro de esos derechos que entran en conflicto. El problema de la nueva ley es que en lugar de resolver conflictos entre derechos, suprime los derechos del concebido hasta que alcance 14 semanas desde su gestación. Y yo soy de los que creen que esa doctrina es contraria a la del Constitucional. Me parece muy razonable el que la hayamos recurrido".
En 1985, cuando se pronunció sobre la ley de despenalización del aborto del primer Gobierno del PSOE, precisamente por un recurso de José María Ruiz Gallardón, padre del actual ministro y fundador de Alianza Popular, el Constitucional estableció la doctrina de que el nasciturus es un bien jurídicamente protegido, pero cuya defensa puede chocar con intereses de la madre. La ley y la sentencia (entonces el TC se pronunciaba antes de que entrara en vigor) establecieron el sistema de supuestos (malformación, violación, riesgo para la mujer) para el aborto, con el cual el riesgo psicológico se convirtió en causa de más del 95% de las aproximadamente 100.000 interrupciones del embarazo que se realizan cada año en España. Tras entrar la nueva ley del aborto en vigor, en julio de 2010, el número de interrupciones se ha mantenido estable, con una variación al alza del 1% ese año.
En cuanto a las menores, la norma actual no exige el consentimiento paterno, pero sí que los progenitores sean informados de que sus hijas de entre 16 y 17 años van a interrumpir su embarazo, siempre que estas no aleguen peligro de violencia en el seno de la familia, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo. El PP hizo bandera de su oposición a este apartado, uno de los más debatidos durante la tramitación de la ley. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva fue aprobada en el Congreso en 2009 con los votos favorables de PSOE, PNV, ERC, BNG, IU, ICV y Nabai; mientras que se pronunciaron en contra PP, UPN, UPyD y parte de CiU. En total, 184 votos contra 158 y 2 abstenciones.
Las palabras de Gallardón están en sintonía con lo que dice el programa electoral del PP: “La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”.
Gallardón evitó ayer entrar en detalles, como tampoco lo hizo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cuando se refirió a esta ley en su primer Consejo de Ministros. Gallardón se había pronunciado al respecto en noviembre de 2010, todavía como alcalde de Madrid, en una entrevista con EL PAÍS: "La doctrina del Constitucional, establecida como consecuencia del primer recurso que se interpuso contra la primera ley, lo que dice es que el concebido y no nacido es un titular de derechos pero que no son absolutos, porque, al entrar en conflicto con otros derechos, fundamentalmente derechos de la madre, el Estado no puede establecer un reproche hacia aquellas que opten por uno u otro de esos derechos que entran en conflicto. El problema de la nueva ley es que en lugar de resolver conflictos entre derechos, suprime los derechos del concebido hasta que alcance 14 semanas desde su gestación. Y yo soy de los que creen que esa doctrina es contraria a la del Constitucional. Me parece muy razonable el que la hayamos recurrido".
En 1985, cuando se pronunció sobre la ley de despenalización del aborto del primer Gobierno del PSOE, precisamente por un recurso de José María Ruiz Gallardón, padre del actual ministro y fundador de Alianza Popular, el Constitucional estableció la doctrina de que el nasciturus es un bien jurídicamente protegido, pero cuya defensa puede chocar con intereses de la madre. La ley y la sentencia (entonces el TC se pronunciaba antes de que entrara en vigor) establecieron el sistema de supuestos (malformación, violación, riesgo para la mujer) para el aborto, con el cual el riesgo psicológico se convirtió en causa de más del 95% de las aproximadamente 100.000 interrupciones del embarazo que se realizan cada año en España. Tras entrar la nueva ley del aborto en vigor, en julio de 2010, el número de interrupciones se ha mantenido estable, con una variación al alza del 1% ese año.
En cuanto a las menores, la norma actual no exige el consentimiento paterno, pero sí que los progenitores sean informados de que sus hijas de entre 16 y 17 años van a interrumpir su embarazo, siempre que estas no aleguen peligro de violencia en el seno de la familia, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo. El PP hizo bandera de su oposición a este apartado, uno de los más debatidos durante la tramitación de la ley. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva fue aprobada en el Congreso en 2009 con los votos favorables de PSOE, PNV, ERC, BNG, IU, ICV y Nabai; mientras que se pronunciaron en contra PP, UPN, UPyD y parte de CiU. En total, 184 votos contra 158 y 2 abstenciones.
Las palabras de Gallardón están en sintonía con lo que dice el programa electoral del PP: “La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”.
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