El inicio del inicio ¿de qué?
Si nos dijeran que todo el recorte en dependencia va a consistir en que los dependientes moderados vean retrasado un año el ejercicio de sus derechos, algunos hasta 2014, con ser muy grave el asunto, la verdad es que firmaríamos ahora mismo. Firmaríamos siempre y cuando el año 2012 se utilice para desbloquear la actual parálisis y para prestar la debida atención a las más de 300.000 personas en situación de dependencia grave o severa que llevan meses o incluso años en las listas de espera de las administraciones autonómicas.
Si la moratoria persigue dar un respiro para que algunas comunidades que incumplen con indolencia esta ley se pongan al día; si lo que se pretende es reorientar un sistema que debería prestar servicios personales y no tanto ayudas económicas poco productivas; si lo que se busca es un tiempo para comprender y medir cómo la inversión en servicios sociales supone activar un importante yacimiento de empleo y una fuente de retornos económicos; entonces, estamos de acuerdo.
Algunas jugosas líneas estratégicas del ministerio se asomaban el pasado viernes en una nota de prensa aclaratoria del propósito de la reforma de la ley: cambio del modelo de financiación para hacer sostenible el sistema; fomento de la promoción de la autonomía personal y la prevención; garantía de equidad en el ejercicio de los derechos en todo el Estado… Compartimos los buenos deseos. Esperamos ser testigos de las realizaciones.
La Ley de Dependencia —cuyo texto mejoró y aprobó el PP en las Cortes— ha dado tumbos con cinco ministros en otros tantos años (Caldera, Cabrera, Jiménez, Pajín y, ahora, Mato). La gestión de la misma se ha caracterizado todo este tiempo por algo muy preocupante: la falta de visión de Estado y de rigor técnico, convirtiéndose en ocasiones en un estúpido escenario de confrontación política. Suponemos que ahora es tiempo de pensar en las personas y en sus familias y en los servicios que requieren.
Esperamos que las medidas adoptadas sean el inicio del inicio, sí. El inicio de una buena gestión pública de la atención a la dependencia. Confiemos en que no se trate del principio del fin de la protección a las personas dependientes.
Si la moratoria persigue dar un respiro para que algunas comunidades que incumplen con indolencia esta ley se pongan al día; si lo que se pretende es reorientar un sistema que debería prestar servicios personales y no tanto ayudas económicas poco productivas; si lo que se busca es un tiempo para comprender y medir cómo la inversión en servicios sociales supone activar un importante yacimiento de empleo y una fuente de retornos económicos; entonces, estamos de acuerdo.
Algunas jugosas líneas estratégicas del ministerio se asomaban el pasado viernes en una nota de prensa aclaratoria del propósito de la reforma de la ley: cambio del modelo de financiación para hacer sostenible el sistema; fomento de la promoción de la autonomía personal y la prevención; garantía de equidad en el ejercicio de los derechos en todo el Estado… Compartimos los buenos deseos. Esperamos ser testigos de las realizaciones.
La Ley de Dependencia —cuyo texto mejoró y aprobó el PP en las Cortes— ha dado tumbos con cinco ministros en otros tantos años (Caldera, Cabrera, Jiménez, Pajín y, ahora, Mato). La gestión de la misma se ha caracterizado todo este tiempo por algo muy preocupante: la falta de visión de Estado y de rigor técnico, convirtiéndose en ocasiones en un estúpido escenario de confrontación política. Suponemos que ahora es tiempo de pensar en las personas y en sus familias y en los servicios que requieren.
Esperamos que las medidas adoptadas sean el inicio del inicio, sí. El inicio de una buena gestión pública de la atención a la dependencia. Confiemos en que no se trate del principio del fin de la protección a las personas dependientes.
Luis Barriga es miembro de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
.png)
No hay comentarios:
Publicar un comentario