La Fiscalía de Valencia investiga si hay delito en el caso de las prótesis PIP
Las autoridades intentan averiguar si se pueden exigir responsabilidades legales a la empresa, las autoridades y los médicos que colocaron los implantes
Un cirujano muestra una prótesis PIP extraída a una paciente en la clínica Mozart, en Niza (Francia). / BRUNO BEBERT (EFE)
La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias previas para investigar si lo ocurrido con las prótesis PIP, elaboradas con silicona de uso industrial y no médico y con un riesgo de rotura tres veces mayor al considerado habitual, es constitutivo de delito. La investigación, que se realiza a petición de una denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente, indagará en si se pueden reclamar responsabilidades legales a la empresa fabricante, la francesa Poly Implant Prothèse, a las autoridades que no detectaron el supuesto fraude y a los médicos que implantaron las prótesis. Y es que la denuncia se dirige a todos aquellos que puedan ser responsables de lo ocurrido. Si la Fiscalía determina que los hechos son constitutivos de delito, enviará el caso al juzgado para continuar con el proceso.
El plazo legal para realizar estas investigaciones es de seis meses, prorrogable por otros seis, según ha confirmado una portavoz de la Fiscalía de Valencia. Se prevé una investigación larga. La denuncia de El Defensor del Paciente habla de casos en Valencia, Castellón y Alicante. Valencia es una de las regiones donde más prótesis PIP se implantaron -en toda España hay entre 8.000 y 12.000 mujeres con estas prótesis-, ya que el distribuidor de la compañía Poly Implant Prothèse, fundada en 1991 y que llegó a ser tercera del mundo en el sector, tenía una sede en esa comunidad. Además, en los hospitales públicos de Valencia (como en otros lugares del país) se colocaron PIP a unas 650 mujeres para reconstrucciones mamarias por razones médicas.
El escándalo de las prótesis PIP, retiradas del mercado tras una alerta sanitaria de las autoridades francesas en 2010, ha creado toda una crisis sanitaria. En Francia, donde tenía su sede la compañía, que está en quiebra desde 2009, las autoridades han recomendado a las mujeres que se las extraigan. Una decisión sin precedentes --tomada 18 meses después de lanzar la alerta contra la empresa por la detección cada vez más habitual de roturas-- que también han tomado otros países como Holanda, Alemania, Venezuela o Brasil.
Otros, como España, solo aconsejan su retirada si hay rotura. En Francia es la sanidad pública quien se hace cargo de la extracción de los implantes (de todo salvo de su sustitución si se implantaron por razones estéticas). En España, Sanidad solo se hará cargo en los casos de implantadas por razones médicas; el resto deberán cubrirlo las clínicas.
El escándalo de las prótesis PIP, retiradas del mercado tras una alerta sanitaria de las autoridades francesas en 2010, ha creado toda una crisis sanitaria. En Francia, donde tenía su sede la compañía, que está en quiebra desde 2009, las autoridades han recomendado a las mujeres que se las extraigan. Una decisión sin precedentes --tomada 18 meses después de lanzar la alerta contra la empresa por la detección cada vez más habitual de roturas-- que también han tomado otros países como Holanda, Alemania, Venezuela o Brasil.
Otros, como España, solo aconsejan su retirada si hay rotura. En Francia es la sanidad pública quien se hace cargo de la extracción de los implantes (de todo salvo de su sustitución si se implantaron por razones estéticas). En España, Sanidad solo se hará cargo en los casos de implantadas por razones médicas; el resto deberán cubrirlo las clínicas.
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