jueves, 13 de febrero de 2014

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Los expertos en gestión piden más autonomía y flexibilidad para adaptarse a las nuevas necesidades del SNS

Madrid (13/02/2014) - Silvia C. Carpallo

Diversos profesionales se reúnen en la jornada de Antares Consulting sobre "Reforzar los modelos de gestión: más allá de lo público o lo privado" para analizar las nuevas necesidades del sistema en cuanto a una gestión más flexible en la  que los gestores sean más autónomos, y sobre todo, profesionales

"Nadie puede decir que desde la gestión directa estemos más preparados". Con estas palabras Eduard Portella, presidente de Antares Consulting, abría el debate en la sexta edición de la jornada sobre gestión sanitaria en tiempos de crisis, titulada "Reforzar los modelos de gestión: más allá de lo público o lo privado".
El primero en intervenir era Joaquín Estévez, presidente de SEDISA, que aclaraba que desde las transferencias "ha habido muchos nuevos modelos de gestión, pero la mayoría de los servicios de salud heredados de las últimas transferencias no se han modernizado, no tienen autonomía de gestión, ni personalidad jurídica propia". Si bien recalcaba que estos dos eran los principales problemas de la mayoría de los centros del SNS, señalaba otros como la dificultad en las relaciones laborales, que además, están llevadas por las consejerías y  no por los hospitales; organigramas en muchos casos obsoletos que no responden a las necesidades actuales; falta de planes estratégicos y  dificultad en la diferenciación de las funciones de financiación y provisión. De esta manera dejaba claro que "hay que buscar la eficiencia pero con una nueva autonomía y con una nueva gobernanza", lo cual pasa, entre otras cosas, por modificar la estructura organizativa y sus órganos de gobierno, y por supuesto por que haya "una profesionalización de la función directiva y que se modernicen las herramientas de gestión.
Estévez insistía igualmente en que el problema es que "hay miedo a descentralizar la gestión de los centros, lo que va en contra de la profesionalización de los directivos", explicando por otra parte, que en materia de financiación, la apuesta de SEDISA era claramente avanzar hacia modelos de financiación por cápita.
Una visión autonómica
En esta misma línea de ideas, Roser Fernández, secretaria general de Salud del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, defendía que son necesarios "más instrumentos de gestión flexibles, sean de la naturaleza que sean", saliéndose del debate entre lo público y lo privado. Explicaba a su vez que "más que hablar de la gobernanza de modelos organizativos, hay que hablar de la gobernanza en el sistema de salud", para lo cual "todos los actores del sistema debemos aceptar juntos los nuevos paradigmas", que no son sólo económicos, sino también sociales y culturales, lo que engloba un nuevo tipo de paciente, y por tanto, nuevas demandas.
Pese a ello, hacia especial hincapié en lo relacionado con la gestión de recursos por parte de las autonomías, poniendo de manifiesto que si bien "en cuanto a nivel de financiación y cobertura las CC.AA. no podemos tomar decisiones", los esfuerzos para reducir gasto en busca de una mayor sostenibilidad se han tenido que centrar en "el coste unitario de la prestación", es decir, tocar salarios y precios. El camino ahora, según Fernández, debe de ser el de "reformular el sistema para encontrar eficiencias dentro del mismo y reinvertirlas en disminuir listas de espera y dar respuesta a esta nueva demanda asistencial".
Reticencias al cambio
Otra visión muy diferente era la que planteaba Enrique Castellón, presidente de CRB Inverbío. El mismo intentaba aclarar que en pro de esa eficiencia de la que se lleva hablando años, se ha creado una cultura gerencial que a veces choca con la clínica, y se ha huido del derecho administrativo para poder aplicar mecanismos más propios del derecho privado. Si bien este era un paso necesario, el problema ha venido en que se han cometido muchos errores en el planteamiento, en el diseño y en las formas de poner en práctica estos nuevos modelos, ya que "se han intentado promover cambios en honor a la eficiencia, pero que no tenían justificación sólida, ni se apoyaban en datos rigurosos". Así, "se han puesto en evidencia intereses privados no interesados en mejorar los servicios", que a día de hoy han creado un excesivo nivel de anticuerpos ante posibles nuevos modelos, que siguen siendo necesarios, "como si cualquier intento de reforma supusiera una ruptura del pacto social", lo cual no lleva más que anclarse al pasado, e impide nuevas fórmulas para dar respuesta a nuevos problemas.

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