Médicos y entidades sociales detectan obstáculos en la atención a ‘sin papeles’

El 43% de las peticiones de tarjeta de personas sin recursos están sin resolver

PILAR ALMENAR / JAIME PRATS Valencia 14 FEB 2014 - 21:06 CET

El Observatorio del Derecho a la Salud de la Comunidad Valenciana (Odusalud), denunció ayer que el Programa Valenciano de Protección a la salud, “sigue dejando sin asistencia sanitaria a miles de personas” porque el 43% de las 2.866 solicitudes presentadas no se han resuelto. La Consejería de Sanidad creó el programa en agosto para garantizar la asistencia a quienes no tienen tarjeta sanitaria ni recursos y asegura que el 57,3% de las peticiones han sido aceptadas. El 14,2% de las solicitudes (408) han sido denegadas por no cumplir los requisitos.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 que dejó sin cobertura sanitaria a inmigrantes en situación irregular, algunas comunidades autónomas han tratado de gestionar el problema creciente de atender a quienes no están asegurados.

Odusalud encuentra 113 casos donde ha habido trabas en el acceso a la sanidad

La solución propuesta por el Gobierno central consiste en la suscripción de un convenio con el que por una cantidad entre 60 y 157 euros mensuales se tiene acceso a la cartera básica, de la que se excluye la subvención de la medicación, el transporte sanitario no urgente o las prótesis. Pero no todas las personas excluidas del sistema pueden pagarlo.

La Generalitat implantó el Programa Valenciano de Protección a la Salud en agosto de 2013 para prestar asistencia sanitaria a personas sin recursos. Los trabajadores sociales de los centros de salud son los encargados de iniciar los expedientes que posteriormente serán valorados por Sanidad.

Odusalud, integrada por más de 50 colectivos entre los cuales están Médicos del Mundo o la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, asegura que en el último cuatrimestre, han encontrado 113 casos de personas con dificultad o imposibilidad de acceder a la asistencia. Los principales problemas que han encontrado han sido “trabas de tipo administrativo para conseguir la tarjeta sanitaria o la exigencia de firma de un compromiso de pago previo a la asistencia”.

La Generalitat exige ser ciudadano extranjero, sin recursos económicos y estar empadronado en un municipio valenciano durante al menos un año para poder solicitar la participación en el programa de protección a la salud y recibir asistencia gratuita.

Quienes no tienen cobertura deben firmar compromisos de pago del gasto

Aunque la Consejería de Sanidad asegura que no se obliga a los pacientes sin cobertura a pagar la asistencia en el momento de recibirla, cuando estos acuden a la consulta, firman un compromiso de pago que se les exigirá satisfacer a posteriori. Rafael Sotoca, presidente de Médicos del Mundo en la Comunidad Valenciana, explicó ayer que para adherirse a este programa la Generalitat exige tener en vigor el documento identificativo o pasaporte pero la acumulación de impagos hace peligrar la situación de quienes tratan de renovar el permiso de residencia.

Cuando una persona inmigrante inicia el procedimiento de regularización por arraigo social, se le exige haber residido en España por un mínimo de tres años de manera irregular y tener un contrato de trabajo. Si se cumplen estos requisitos, se les concede un permiso de residencia de un año, que será renovable dos veces más por periodos de dos años. Una vez se ha disfrutado de estos cinco años de residencia legal, se puede solicitar un permiso de residencia de larga duración que será válido para cinco años más.

Una de las condiciones indispensables para que puedan renovarse los permisos es no constar como deudor ante la Administración, como apunta el abogado especializado en inmigración Francisco Solans. Pero quedar excluido del sistema sanitario hace que miles de personas inmigrantes estén firmando compromisos de pago a los que no pueden hacer frente y que pueden condenarlos a no poder regularizarse o renovar sus permisos.

Rafael Sotoca destaca la situación de los ciudadanos rumanos a quienes “precisamente su condición de ciudadanos comunitarios le impiden ser incluidos en el Programa Valenciano de Protección de la Salud”. Las entidades integrantes en Odusalud mostraron su preocupación ante esta situación de la que son testigos y se mostraron ayer convencidos del Programa Valenciano de Protección de la Salud no es la solución, sino restituir el derecho universal a la salud para todas las personas que se encuentren en España.