El Gobierno promete a Bruselas 500 millones de ahorro anual en RRHH sanitarios

El Gobierno ha remitido a la Comisión Europea el Programa Nacional de Reformas en el que, entre otras muchas medidas, promete 500 millones de ahorro anual en recursos humanos sanitarios por la puesta en marcha de la gestión clínica y la mejora de la coordinación, así como 1.000 millones hasta 2016 por el nuevo techo de gasto en farmacia.

Laura G. Ibañes | 04/05/2015 12:50

El Gobierno ha remitido ya a Bruselas el Programa Nacional de Reformas 2015 y el Plan de Estabilidad 2015-2018, que aprobó el pasado jueves en el Consejo de Ministros. Se trata de dos extensos documentos en los que el Ejecutivo central se compromete con la Comisión Europea a reformas estructurales y recortes de gasto público para sanear las cuentas españolas . Y entre la ingente cantidad de medidas que promete adoptar hay una larga batería que afectará a la sanidad. Concretamente, el Programa Nacional de Reformas se compromete a 500 millones de ahorro anual en recursos humanos sanitarios. Para ello avanza la inminente aprobación del decreto que regulará los diplomas de acreditación avanzada, la orden de ficheros de datos que hará posible el registro de profesionales sanitarios y el decreto de gestión clínica. El documento no detalla cómo conseguirá exactamente esos citados 500 millones de ahorro anual, si bien, de las normas previstas a aprobar tan sólo puede desprenderse que los fía a la gestión clínica.

El Programa Nacional de Reformas es un compendio de medidas en el que nos siempre resulta fácil desentrañar qué es nuevo ahorro previsto y qué es ahorro ya conseguido con medidas previas. Las cifras acostumbran a bailar en este documento año a año con partidas de ahorros que tan pronto son de 100 millones como el año siguiente lo son de 500 millones para el mismo asunto o que incluso desaparecen y que, además, pocas veces se asemejan a los ahorros conseguidos posteriormente en la práctica real. Comoquiera que sea, atendiendo a las nuevas promesas enviadas a Bruselas, figuran muchas sanitarias. Entre ellas 500 millones de euros en 2015 y otros 500 millones más en 2016 por la fijación del nuevo techo de gasto en farmacia, que forzará a las autonomías a no gastar en medicamentos más que lo que crezca el PIB. Pero también hay otras muchas sanitarias: 700 millones de euros anuales por la "ordenación de la cartera básica" de servicios sanitarios y 42,5 millones de euros por la revisión de la cartera de productos dietéticos, así como 134 millones de euros por la central de compras, 263 millones por el ahorro de la receta electrónica y 77 millones extra por la unificación de las tarjetas sanitarias. En este sentido se afirma además que la base de datos de tarjeta sanitaria ha permitido detectar una bolsa de fraude de 28 millones de euros por la baja de 200.000 tarjetas de hipotéticos pensionistas que eran activos. El documento vuelve a cifrar en 1.000 millones anuales la "adecuada trasposición de la directiva europea", en referencia a la reforma para luchar contra el turismo sanitario y añade otros 1,5 millones de euros de ahorro por la simple no renovación de tarjetas sanitarias de ciertos colectivos.

Además promete 511 millones de euros extra por las nuevas facultades que se ha dado a las mutuas en la gestión de la incapacidad temporal, 40 millones más por el saneamiento de las cuentas de la Seguridad Social que permitirá la venta de las sociedades de prevención de las mutuas (que debería haberse completado el 31 de marzo) y hasta 305 millones extra por el uso de recursos sanitarios de las mutuas para la atención a pacientes del SNS de baja laboral.

En materia de farmacia, además de los nuevos 1.000 millones entre 2015 y 2016 por el nuevo techo de gasto, se recuerda que entre julio de 2012 y diciembre de 2014 se han ahorrado 4.314 millones en fármacos, más 400 millones anuales por la fijación de precios de referencia (45 por la revisión de precios de referencia y 340 por el nuevo sistema de agrupaciones homogéneas).

El documento vuelve a hablar, como en los tres años anteriores, de crear un modelo sociosanitario y promete la presentación de la estrategia a los grupos sociales involucrados y la aprobación de un documento refundido que resuma la estrategia a seguir en este campo, pero huye en esta ocasión de poner cifras al ahorro que éste conseguirá (que en documentos anteriores se había cifrado en 150 millones anuales). También han desaparecido del texto, por ejemplo, los cuantiosos ahorros que figuraban en el documento anterior atribuidos a la subida del IVA de productos sanitarios.

En conjunto, el documentos prevé reducir el peso de la sanidad sobre la economía nacional desde representar el 6 por ciento del PIB en 2013 hasta ser el 5,3 por ciento en 2018, lo que supone un descenso del 0,8 por ciento, pero en términos nominales per cápita un incremento del 0,6 por ciento frente al 0,9 por ciento de alza que experimentaría el conjunto del gasto público en el mismo periodo. Es decir, la sanidad perderá peso comoquiera que sea.

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